Opacidad y desorden en Comité de Adquisiciones

La sesión del Comité de Adquisiciones del día de ayer fue de antología. Si creíamos haberlo visto todo en cuando a opacidad, desorden y violación de la ley, nos equivocamos. Lo de ayer simplemente fue la prueba mayor de que conforme pasa el tiempo, en esta administración van para atrás en lugar de corregir.

Ayer sesionó el Comité de Adquisiciones para emitir el fallo de la licitación del servicio de mantenimiento de parques y jardines del municipio. Es una licitación importante, que implica una erogación de más de 65 millones de pesos y en la que se concursa el servicio del mantenimiento de parques, jardines y camellones, lo cual, como se puede ver, no es cosa menor.

Lo procedente ayer era analizar detenidamente el cumplimiento de las condiciones exigidas por cada una de las empresas participantes, descalificar a las que no cumplían con los requerimientos mínimos y asignar los contratos entre las empresas que sí cumplieron.

Eso es lo lógico, lo justo y lo legal. Sin embargo, lejos de eso, los regidores del PAN llegaron ya platicados, con la propuesta bajo el brazo de cancelar toda la licitación. ¿Cuál fue la razón? Por un supuesto interés público que a lo largo de las tres horas que duró la sesión simplemente no pudieron o no supieron justificar.

Los regidores de oposición solicitamos la revisión puntual de cada uno de los expedientes, pero se negaron. Optaron por el mayoriteo y la cancelaron sin justificar técnica y jurídicamente el pretendido interés público. Evidentemente lo que está detrás de esta negativa a entrar a la revisión es el interés porque no se conozca qué hay en los expedientes.

Nuevamente los hechos desmienten la famosa transparencia que tanto gustan de pregonar los panistas pero que en la práctica es lo que más les asusta.

Pero salió a brillar nuevamente por su ausencia el respaldo jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento. Unos funcionarios de la Dirección de Función Edilicia que no traían preparado ningún dictamen, que nunca satisficieron los cuestionamientos de los integrantes del Comité y que parecían asustados ante la responsabilidad que el síndico Medina lanzó sobre ellos de redactar la justificación del interés público para la cancelación.

Vacilaron entre hacerlo ahí mismo, pedir un receso, irse a otra oficina a tratar de hilar ideas o simplemente ser tragados por la Tierra. Al final, y ante la ineptitud de quienes debieron haberlo auxiliado, el síndico Medina tomó la peor de las decisiones posibles, pero la única viable en ese momento: someter a votación la cancelación sin que hubiera justificación técnica ni jurídica.

Con una sesión tan atropellada, que puede ser vista en línea en la página del municipio para corroborar lo aquí asentado, el Ayuntamiento de León vuelva a quedar mal parado. No hay nadie que arrastre el lápiz con criterio jurídico. No hay nadie que asesore adecuadamente al área de adquisiciones, de manera que se van tomando decisiones al margen de la ley como si estuviéramos en un pueblo atrasado del siglo pasado y no en la cuarta ciudad más importante del país del siglo XXI.

Por lo pronto, las empresas participantes tienen todo para impugnar y echar abajo este acuerdo que les perjudica. Esa será decisión de ellos. Mientras tanto, la administración actual sigue exhibiéndose como un gobierno mal preparado, que en todo se hace bolas y que actúa sin respetar la ley. Lamentable, desde cualquier punto de vista.