Uso abusivo del Ministerio Público

Miguel Márquez Márquez ha corrompido la verdadera naturaleza del Ministerio Público en Guanajuato.

El miércoles pasado, una treintena de elementos de la Policía Ministerial irrumpieron en una bodega del Partido Verde Ecologista de México en nuestra ciudad. Con lujo de prepotencia, se llevaron libretas y lápices con propaganda del Partido Verde, como si se tratara de “cristal”, cocaína o alguna otra peligrosa droga.

Después, la Procuraduría de Justicia difundiría imágenes con otros materiales “sembrados”. Según el testimonio de los reporteros presentes en el “operativo”, materiales que luego aparecieron en las fotos, simplemente no estaban en la bodega cuando entraron los ministeriales. Imposible que no viniera a la mente el montaje que en diciembre de 2005 la PGR hizo en complicidad con Carlos Loret de Mola para inculpar a la ciudadana francesa Florence Cassez, como secuestradora, cuando los panistas gobernaban en el país y violaban los derechos humanos impunemente.

Se dice que en las campañas sólo pueden obsequiarse artículos promocionales utilitarios  elaborados con material textil. Es correcto. Así lo establece el párrafo 4 del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 200 párrafo cuarto de la Ley Electoral Local así lo reproduce.

Pero si se entregasen utilitarios elaborados con otro material, como es el caso de las libretas y los lápices, de ninguna manera se trata de un delito. El último párrafo del mismo artículo 200 refiere que cualquier violación a lo dispuesto en ese artículo será sancionado conforme a esa ley, esto es, sería una falta administrativa, no un ilícito penal, los cuales no están contemplados en esa ley, sino en otra denominada Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Entonces no se justifica que haya un operativo de los ministeriales ni que haya una orden judicial. Está fuera de toda proporción. Y aun suponiendo que hubiera un delito o una tentativa de delito, resulta que la competencia no es de la Procuraduría de Justicia Estatal, sino de la PGR, pues la propia Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su artículo 21 que las autoridades federales son competentes cuando se cometen los delitos durante un proceso electoral federal, como es el caso. Y el artículo 22 concede competencia a los estados sólo cuando no es competente la Federación. Es decir, se trata de competencias excluyentes, no concurrentes, por lo que se puede afirmar que se cometió una gran arbitrariedad.

Ya dijimos que no hubo delito. Pero ni siquiera falta administrativa, porque las libretas y los lápices estaban guardados. No se entregaron. Y si bien en la campaña no se pueden entregar, porque se presume que se intenta coaccionar el voto, lo cierto es que no había obstáculo para que el PVEM los hubiera regalado después de la elección, justo al inicio del ciclo escolar, pues ya no habría lugar a pensar en coacción del voto.

Y si así no fuera, ese material se pudo haber reciclado o variado en sus características externas, para poder ser repartido o donado. En todo caso, la irrupción de la policía, fue un abuso.

Y cómo no recordar que hace tres años, la Procuraduría de Justicia en manos de Héctor López Santillana (¡oh, my god!) también lo hizo. Fingieron que en el edificio de la CTM se estaban comprando y vendiendo votos, y montaron otro operativo de ministeriales, para intimidar a la militancia priista que estaba reunida preparándose para el día de la elección. Ya sabían que iban a perder la elección y fue una acción desesperada.

Con toda razón, el Poder Reformador de la Constitución ya reformó la Carta Magna, a efecto de que el Ministerio Público Federal ya no esté más en manos de un subordinado del presidente de la República. Ahora el artículo 102 Apartado A de la Constitución ha creado la Fiscalía General de la República como un órgano constitucional autónomo, cuyo titular será designado mediante un procedimiento un poco rebuscado en el que participan el Senado y el Poder Ejecutivo.

El artículo décimo sexto transitorio de la reforma de 10 de febrero de 2014, estableció una curiosa e imprecisa vacatio legis por virtud de la cual la transformación de la PGR en Fiscalía General se dará no en una fecha determinada, sino cuando se expida la ley secundaria y el Congreso haga la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía.

En Guanajuato, en cambio, el procurador sigue siendo un subordinado del gobernador, que de manera natural, y para conservar la chamba, siempre tratará de agradar a su jefe, antes que a la sociedad.

Y en vista del uso abusivo que los gobernadores en turno le están dando a la PGJE en Guanajuato, ya es tiempo de pensar también en la autonomía del Ministerio Público local. Si se hace, Guanajuato no se quedará a la zaga de los avances que en los últimos años hemos logrado en la Constitución Federal.

He ahí una tarea interesante para los que en breve serán electos como diputados locales.