Seguridad, el tema

Es evidente que sí hay un problema importante de seguridad pública en nuestra ciudad. Octubre fue el mes más violento del año, con 32 homicidios y, sin duda, los ciudadanos esperan respuestas del actual gobierno ante la ola de criminalidad que ataca a nuestra ciudad.

Contrario a lo que muchos piensan y a lo que algunos actores políticos pretenden hacer creer, la seguridad no es un tema del ámbito exclusivo del gobierno municipal. Su complejidad obliga a los tres órdenes de gobierno a intervenir y coordinarse. Si en León hay inseguridad, el estado debe coordinarse con el municipio y con las autoridades federales. De la delincuencia son culpables los propios delincuentes, pero de lo que se deja de hacer son responsables el estado y el municipio en igual medida.

A 25 días del actual gobierno aún no se ve una estrategia clara para hacer frente a la criminalidad. Lo que hemos visto ha sido: despido de todos los mandos altos y medios en todas las áreas de seguridad y la inmigración de nuevos jefes que vienen unos de Irapuato y otros enviados por Álvar Cabeza de Vaca, el secretario de Seguridad Pública de Miguel Márquez.

De hecho este fin de semana se anunció el despido de 11 comandantes de la policía. El secretario de Seguridad no ha dicho las razones que motivaron el cese de más del 73 por ciento de los altos mandos de la corporación, ni ha explicado el costo financiero para el municipio de esos despidos. Ante el silencio y la falta de explicación, se fortalece la hipótesis de que no eran gente afín a Álvar y que éste es el que manda sobre Luis Enrique Ramírez, formalmente secretario de Seguridad en León.

También hemos visto anuncios en los medios, que más que denuncias serias, parecen justificaciones prematuras para curarse en salud. Que encontraron un desorden en la armería. Sólo el secretario lo sabe, porque hasta hoy a los integrantes de la comisión no nos ha dado explicación alguna.

Que se perdieron 43 millones de pesos por culpa de la administración anterior. La falsedad de esta afirmación ya fue oportunamente desmentida y se quedó en un mero ataque sin sentido. La administración que encabezó en la parte final Octavio Villasana cumplió a cabalidad con todos los requerimientos de SUBSEMUN y si el dinero no llegó fue simplemente porque la federación hizo recortes y le tocó a los municipios más grandes.

Que la anterior administración tenía escondidas 70 patrullas sin utilizar. Otra vez falso. O no saben contar los recién llegados o es pura mala fe. El anterior secretario de Seguridad informó al nuevo de la existencia de estas patrullas y de su reciente adquisición, que incluso salió en todos los medios de comunicación en los últimos días de septiembre. Simplemente, ante la inminencia del cambio de gobierno, de manera muy prudente el anterior secretario prefirió que el nuevo hiciera la asignación, pero tal parece que se les olvidó y tres semanas después hacen el descubrimiento. ¿De verdad cree el secretario que declaraciones de esta clase ayudan en algo a que se resuelvan los problemas de seguridad que padece la ciudad?

Al final del día la revisión del proceso de entrega-recepción que estamos obligados a dictaminar la primer quincena de diciembre sacará las cosas a la luz: o se entregaron las cosas en desorden como afirma el secretario o simplemente no habían revisado bien y se les hizo fácil abrir la boca.

En materia de seguridad de poco sirven las justificaciones y el echar culpas. Eso no resuelve nada. Lo que todos esperamos son hechos, no palabras. Es preferible un secretario más prudente a la hora de hablar, pero más eficaz a la hora de actuar.

Ayer Luis Ernesto Ayala, el presidente de la Comisión de Gobierno, convocó por primera vez, a través del secretario de Seguridad, a reunión de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito. Era una oportunidad importante para que el secretario nos trazara las líneas más importantes de su estrategia.

Lamentablemente no pudo asistir. Tuvo que atender asuntos más importantes que los asuntos de la Comisión. Habrá que esperar otro mes para que la comisión pueda sesionar nuevamente. Pero la pregunta es: ¿y los ciudadanos, también deben esperar?