¿Nuevo Reglamento de Adquisiciones?

Las compras y contratos del municipio se basan en una serie de normas jurídicas debidamente jerarquizadas. Para empezar, el artículo 134 de la Constitución, que contiene una serie de principios que deben observar todos los entes de gobierno en el país. Luego la Constitución Política del Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica Municipal. Finalmente, el Reglamento de Adquisiciones del municipio.

En León, había un reglamento de adquisiciones expedido en 1997 durante la administración presidida por Luis Quirós. A 18 años de su expedición, el presidente municipal Octavio Villasana promovió la elaboración de un nuevo reglamento de adquisiciones, mismo que entró en vigor en el mes de octubre de 2015, esto es, al inicio del presente Ayuntamiento.

Ese nuevo reglamento introdujo por lo menos tres cambios importantes: la obligación de licitar todo tipo de contratos de prestación de servicios, la introducción del procedimiento de subasta pública inversa y la presencia de representantes ciudadanos en el Comité de Adquisiciones.

A menos de siete meses, ahora se pretende abrogar el reglamento vigente y expedir uno nuevo. De entrada no parece una buena idea que a un cuerpo normativo no se le dé el tiempo necesario para probar su eficacia y utilidad. Medio año se antoja muy poco para decidir sacar del orden jurídico una norma.

La única razón válida para hacerlo sería el demostrar que la mencionada norma está perfectamente mal, que no tiene pies ni cabeza y que dada la importancia del tema, urge componer lo que de plano no sirve.

Esta hipótesis vale la pena considerarla en el presente caso. En efecto en reiteradas ocasiones el síndico Carlos Medina Plascencia ha manifestado que es necesario un nuevo reglamento de adquisiciones. Algunos funcionarios de menor nivel también se han dado el lujo de manifestar su desacuerdo con el reglamento vigente.

Pues bien, resulta que la propuesta de nuevo reglamento ya está en poder de los miembros del Comité de Adquisiciones para su revisión. En lo personal me di a la tarea de realizar un análisis comparativo a dos columnas del reglamento vigente y la propuesta.

Al empatar los contenidos de ambos textos resulta que en un altísimo porcentaje son las mismas normas o muy semejantes con leves o levísimos cambios de forma. Sin haber hecho aún un conteo riguroso de palabras o caracteres, me atrevo a estimar que en más del 95 por ciento ambos textos presentan los mismos contenidos.

Es decir, ante esa evidencia, la hipótesis de que el reglamento vigente está todo mal, debe ser descartada, porque ¿cómo justificar que ese reglamento que está mal, prácticamente se está repitiendo, aunque en orden distinto, en la nueva propuesta?

Lo procedente entonces, sería hacer una iniciativa no de un nuevo reglamento, sino reformas y adiciones en temas específicos.

Una de las escasas novedades de la propuesta es la de la contratación de los famosos testigos sociales. Como se recordará, en el caso de la licitación de parques y jardines la propuesta fue unánimemente rechazada por los miembros del Comité de Adquisiciones, con la ausencia en esa sesión de Carlos Medina.

No se ve cómo ahora los regidores de la oposición y del PAN puedan respaldar lo que ya antes rechazaron, sin caer en incongruencia manifiesta. Lo costoso de esos testigos sociales, aunado a que ya hay representantes ciudadanos en el Comité, hace del todo inviable la propuesta.

Por todo lo anterior, parece lo más prudente retirar la propuesta de nuevo reglamento y, en el último de los casos, proponer cambios específicos a través de una iniciativa más modesta. A partir de esta semana, la propuesta del síndico Medina, presidente del Comité de Adquisiciones, será analizada por quienes participamos en el Comité.