Ley Márquez Anti-Uber

Cuando en el Congreso del Estado es presentada una iniciativa de ley que incide en la actividad y facultades de los municipios, por ministerio de ley dicha iniciativa debe ser enviada a los Ayuntamiento de la entidad, a fin de que realicen observaciones que, teóricamente, son analizadas y tomadas en cuenta por los legisladores al discutir la iniciativa.

Es así que ayer, en la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de León se puso a nuestra consideración la iniciativa del gobernador Miguel Márquez Márquez por la que intenta crear una Ley de Movilidad, de tal manera que la actual Ley de Tránsito y Transporte se mutará en sólo Ley de Tránsito.

Pero parece ser que ésa es la mera careta. La verdadera intención del gobernador Márquez es acabar con Uber para proteger a las organizaciones tradicionales de taxis.

En efecto, en esta ley, Márquez propone que para poder trabajar los autos ejecutivos requerirán de un permiso otorgado por el propio gobierno del estado a través de un instituto que tendría facultades para decidir de manera discrecional si entrega permisos y cuántos.

Esto es más grave de lo que se ve a simple vista. Lo que ahora es libre, Miguel Márquez pretende de entrada prohibirlo y luego, como un padre dadivoso, darle permiso a quien él guste.

Estamos hablando de una regresión histórica. Márquez se quedó fijado en la década de los 70, en la que los gobiernos de muchos países del mundo intervenían en las actividades económicas de la sociedad. Seguramente fue necesario, y quizás todavía lo sea en determinadas actividades de la economía. Pero que en la prestación del servicio ejecutivo de transporte quiera Márquez intervenir, en pleno siglo XXI, en la cuarta ciudad más poblada de México es retrógrado y, como lo ha calificado el síndico Carlos Medina Plascencia, ridículo.

Pero yendo más allá, si vemos los requisitos que se le impondrían a quienes presten los servicios de transporte ejecutivos, vienen exigencias exorbitantes, como contar con vehículos que tengan sólo cristales eléctricos, sólo vehículos de transmisión automática y lo más ridículo de todo: que los conductores hablen inglés o francés o alemán o algún otro idioma extranjero.

Pero además, contempla adicionar al Código Penal un artículo 235 bis para imponer hasta 4 años de prisión a quienes presten el servicio sin contar con el permiso de papá-gobierno.

Es una verdadera falta de respeto a los ciudadanos querer hacerles creer que esta ley es para beneficio de los guanajuatenses. Al contrario: es para frenar una iniciativa ciudadana y para criminalizar a los ciudadanos. Todo para proteger al corporativismo que, a su vez, le ha prestado servicios en las elecciones. Basta recordar cómo en la última elección de 2015, se vio en la ciudad de León taxis realizando descaradamente la llamada "operación carrusel", llevando y trayendo votantes.

Los mismos taxis, que prestan un servicio deficiente y caro, en cuya operación los que se llevan las ganancias más jugosas son los dueños de las concesiones y cuyos conductores son explotados al exigírseles diariamente la llamada "liquidación", que enriquece a sus "patrones" a costa del trabajo diario de los choferes, esos mismos taxis son los que colaboran en el fraude electoral, y por eso Márquez ahora busca protegerlos de la competencia.

Márquez parece no darse cuenta que sus intenciones anacrónicas no casan con el desarrollo económico y cultural de nuestra ciudad y nuestro estado. La ley de la oferta y la demanda es la única que debe regir y no las leyes autoritarias de los gobernantes desequilibrados y fuera de época.

Es necesario alzar la voz, compartir la información para evitar que este gobernador autoritario consume sus pretensiones. Por cierto: este tipo sueña con ser presidente de la República. Una ridiculez más, ante su pobrísima y pueblerina visión, pues México es más, mucho más, que Purísima del Rincón.