Fuente Ovejuna

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Aunque el Poder Ejecutivo del gobierno federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto afirma que funciona el  Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resulta evidente su ineficacia ya que además de la falta de garantías para quienes alzan la voz en relación a asuntos polémicos y turbios es grande la percepción que en la mayoría de los casos de agresión contra voces críticas de la sociedad por circunstancias inmorales, ilícitas, crimínales y antisociales hay complicidad y tolerancia de autoridades o políticos poderosos, con participación lesiva de jefes y elementos de corporaciones de seguridad pública y autoridades de procuración de Justicia.

La Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong insiste que no es un mal momento para los comunicadores, pero es evidente el creciente hostigamiento, obstáculos y crimen que lesiona a ese gremio además de a muchos activistas de causas sociales trascendentes cuya acción molesta a personajes poderosos incluyendo políticos y funcionarios importantes.

Los periodistas, comunicadores, reporteros y activistas sociales mexicanos han iniciado acciones procurando autogenerarse protección y la iniciativa se denomina Agenda defensiva de periodistas y activistas sociales, y la conforman más de 90 medios de comunicación y organizaciones sociales de activismo comunitario y alrededor de 350 participantes individuales vinculados a ellas. La reciente ejecución artera y a plena luz del día del señero periodista sinaloense Javier Valdez, acentuó la preocupación y el reclamo de acciones eficaces.

Según la Organización británica Artículo 19, internacionalmente destacada en cuanto a la defensa de la libertad de expresión, desde el año 2000 se han registrado más de 106 asesinatos de periodistas en México y desde 2015 al menos 1853 agresiones físicas, considerando aquí los asesinatos y desapariciones forzadas, señalando a nuestro país como la nación latinoamericana más letal para periodistas y activistas sociales y señala la ineficacia de la fiscalía especializada y el citado mecanismo de protección de informadores y defensores de derechos dependiente de la Secretaria de Gobernación, acusando falta de autonomía, burocratismo y carencia de presupuesto, además de colusión de autoridades.

Es patético que 6 de cada 10 agresiones registradas por Artículo 19 fueron presuntamente cometidas por un funcionario público, 9 de cada 10 agresiones quedan sin castigo, la fiscalía especializada ha recibido en sus ya siete ineficaces años de vida casi 800 denuncias de las que solo tres han concluido en el encarcelamiento de los responsables, lo que representa el mísero 0.37% del total de los casos planteados.

Los asuntos que son denunciados o se les ha generado mayor difusión por periodistas o activistas sociales no son solo de los que se señala como frecuentes por realizarse a cargo de las tradicionales organizaciones del crimen organizado, o atropellos de funcionarios en contra del pueblo, pues se ha acentuado el número de señalamientos o acusaciones que tienen que ver con corrupción, generándose abusos de autoridades, daños al erario público pero sobre todo decisiones arbitrarias de autoridades que atentan contra los intereses populares. Las diversas formas de flagelación y violencia extrema contra comunicadores y activistas sociales como el asesinato, desapariciones forzadas, extorsiones y amenazas contra ellos y sus familias son la forma de censura más extrema, el ejercicio periodístico y el encabezar causas sociales justas sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento y ello vulneran de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de las personas afectadas, pero también la dimensión colectiva de este derecho, ya que esos bárbaros actos de barbarie violan el derecho de personas especificas a expresar e impartir ideas, opiniones e información pero además, atentan contra los derechos de los ciudadanos en general a buscar y recibir información.

Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes, gobernantes o funcionarios que se molestan; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matar a los periodistas por sus coberturas. El gobierno federal mexicano que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto ha señalado de manera reiterada que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión y en muchas ocasiones las autoridades se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor mucho antes de que siquiera arranque la investigación.

Y surge ahora a través del New York Times un nuevo escándalo en el que se involucra y señala directamente al Poder Ejecutivo Federal, al desnudarse espionaje en contra de personas que les incomodan y a quienes buscan lesionar o al menos bloquearlos para que su voz crítica deje de escucharse a través del perverso software llamado Pegasus, que se inserta en teléfonos celulares y llega a controlar el corazón de su sistema y quien lo coloca puede acceder a toda la información en el teléfono y vigilar cada movimiento a través de un mensaje de texto insertando un gancho por el cual acceden a toda la información del teléfono móvil.

La empresa israelí que fabrica el software Pegasus nació apenas en 2013, se llama NSO Group y afirma que lo vende de forma exclusiva a gobiernos con la condición que sea utilizada solamente para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas, pero hay señalamientos se dice que hay varias agencias que revenden la herramienta, como una denominada Hacking Team y que ha sido vendida en México a inicios de 2014 involucrándose a la Procuraduría General de la República (PGR), aunque se dice que el Ejército Mexicano compró esta tecnología desde 2012.

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