Fuente Ovejuna

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En los últimos 25 años las distintas administraciones del Poder Ejecutivo federal han invertido aproximadamente un billón 600 mil millones de pesos en programas para fomentar el desarrollo social y pese a ello persisten prácticamente los mismos índices de pobreza y de extrema pobreza, siendo luego entonces un fracaso la tarea de procurar disminuir la desigualdad y abatir las severas condiciones de pobreza que existen en México.

Con la justificación de eficientar la política social, el 25 de mayo de 1992 el en esa época Presidente de la Republica Carlos Salinas de Gortari prohijó el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y creó la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), a la que a través del tiempo se le han realizado profusas modificaciones pretendiendo hacer más eficiente su funcionamiento, pero sin resultados adecuados, ya que según cifras del Consejo Nacional Evaluación de la Política Social (Coneval) no se ha reducido sustancialmente el índice de pobreza y éste flagelo continúa acentuado en las mismas entidades que hace más de 5 lustros.

La Sedesol es la tercera secretaría de Estado con más presupuesto superada sólo por las de Educación y de Salud, y desde su creación los recursos etiquetados a ella se incrementaron sistemáticamente, siendo el mayor incremento histórico durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pues durante el gobierno federal a cargo de Vicente Fox Quezada su presupuesto llegó a cerca de 226 mil millones de pesos, en tanto que en la administración siguiente ejerció casi 545 mil millones de pesos.

En la actual administración federal a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, Sedesol ejercerá el mayor presupuesto de su historia, superando al gasto efectuado en el sexenio de su antecesor, pues tan solo del 2012 a 2017 se han erogado más de 588 mil millones de pesos y faltaría contabilizar lo correspondiente a un año más de ejercicio, por lo que el monto total de recursos federales asignados a esa instancia gubernamental podrá llegar a casi 700 mil millones de pesos, sin que se haya obtenido el buen resultado correspondiente a dicha alta suma de dinero público invertido en pos del desarrollo y la cohesión social.

Según datos oficiales, en 1992 el 53.1 por ciento de la población mexicana vivía en pobreza, pues no era capaz de adquirir alimentos y servicios indispensables para alcanzar un nivel de vida digno, y la medición más reciente de Coneval señaló que en 2014 se registró 53.2 por ciento de mexicanos en la pobreza, el 21.4 por ciento de los mexicanos vivían en extrema pobreza alimentaria, pues su escaso ingreso no les alcanzaba para adquirir alimentos básicos, siendo que un 20.6 por ciento de la población mexicana tenía ingresos inferiores a la línea mínima de bienestar básico.

Las administraciones federales mexicanas han fallado en cuanto a combatir desigualdad y pobreza, siendo urgente un ajuste radical y sobre todo un verdaderamente eficaz combate a la corrupción e impunidad ya que muchos de esos montos multimillonarios de recursos públicos se han mal utilizado y han sido ejercidos inadecuadamente, incluyéndose actividades delictivas al respecto.

Del 2000 al 2014 los estados más pobres del país son los mismos: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en tanto, en el mismo periodo las entidades con menor pobreza han sido Baja California, Ciudad de México y Nuevo León.

Según el Coneval, la pobreza rural en México se redujo en tanto que la marginalidad urbana aumentó, y entre 1992 y 2014 la pobreza en el sector rural disminuyó de 66 a 62 por ciento, en tanto que la pobreza extrema descendió de 34 a 32 por ciento en el área rural, pero en el sector urbano la pobreza aumentó de 44 a 50 por ciento, y la pobreza extrema pasó de 13 a 17 por ciento.

La causa del fracaso de la política social es su diseño, ya que los programas creados en las décadas de los años 80 y 90 tenían como objetivo reducir el costo social de las reformas económicas impulsadas por el gobierno federal y al mismo tiempo buscaban crear en los individuos las capacidades necesarias para incorporarse al mercado laboral que surgiría a partir del desarrollo económico que se esperaba de dichas reformas, pero el problema fue que el desarrollo económico y las fuentes de empleo no llegaron, y la Sedesol ha sido incapaz de compensar la realidad de una economía que no crece y que, cuando lo hace, concentra la riqueza en unos cuantos.

Las políticas económica y social están completamente disociadas a pesar que una es resultado de la otra y la incapacidad de las distintas administraciones para disminuir está ligada la pobreza, está ligada a la falta de crecimiento de la economía a pesar de tantas reformas y los enormes ingresos por la actividad petrolera sobre todo en el sexenio 2000-2006.

Actualmente existen más de 5 mil 600 programas sociales que no se complementan ni se coordinan entre sí y generan desigualdad, como ilustración está el que en la Ciudad de México el programa 70 y Más otorga a los adultos mayores apoyos por más de mil pesos, mientras que en Morelos el mismo programa proporciona sólo 500 pesos, siendo claro que no existe una política nacional articulada, ya que hay 33 políticas sociales y no existe política nacional consolidada para generar articulación eficaz de todo el esfuerzo.

La Sedesol ha privilegiado el uso político de los programas sociales y el combate a la pobreza se realiza a partir de programas sociales focalizados a atender problemas específicos y coyunturales así como a pequeños sectores, se pulverizan los recursos dificultándose el manejo y la transparencia, favoreciendo el uso clientelar de los programas.

El modelo fracasó y urge una reforma que privilegie a los pobres y a las personas más vulnerables, cancelando los mezquinos beneficios económicos y electoreros que a los partidos les genera sostener el caduco esquema actual; se debe avanzar hacia un modelo de política social encaminado a garantizar los tres derechos fundamentales para un nivel de vida digno: ingreso mínimo, educación y seguridad social, así se reduciría sustancialmente  el abultado número de programas sociales fallidos, limitando el uso electorero de éstos y promovería la coordinación entre la federación, los estados y municipios evitando la pulverización del presupuesto social, se focalizaría hacia la conformación de un piso mínimo de bienestar para el grueso de la población, además de provocar mejor control y abatir la gran corrupción que ahora existe.

Los titulares de la Sedesol han sido Luis Donaldo Colosio Murrieta, Carlos Rojas Gutiérrez, Esteban Moctezuma Barragán, Carlos Jarque Uribe, Josefina Vázquez Mota, Ana Teresa Aranda Orozco, Beatriz Zavala Peniche, Ernesto Cordero Arroyo, Heriberto Félix Guerra; Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña y el actual es Luis Miranda Nava.

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