Fuente Ovejuna

#VENTAJASyTRANSAS

Hay una máxima o sentencia popular que refiere tomar cualquier ventaja que beneficie a la sociedad aún cuando se deba aceptar existan situaciones no adecuadas, que quizá en su momento puedan repararse o al menos generarse la identificación de problemas, causas, responsabilidades y sanciones y es el caso del traslado de la señal de televisión basada en la obsoleta y limitada tecnología analógica a la modernidad y bondades de la señal digital, lo que a partir de una reforma constitucional debe suceder que las autoridades federales deban realizar todo lo necesario para que dicha nueva ventaja científica esté al alcance de todos los mexicanos.

El límite para que en todo el país deba haber apagón analógico es el último día del presente año, lo que debe ser benéfico, ya que el sistema conocido como Transición Digital Terrestre (TDT), basado en un sistema conocido en Europa como Digital Video Broadcasting (DVB), fomenta calidad, pluralidad y uso más eficiente del espectro en diversos mercados, promete mejor recepción en señales televisivas, y permite mayor oferta de canales de recepción gratuita a toda la población.

Siendo Holanda en diciembre de 2006 el primer país en concretar transición de recepción de señales de televisión, seguido por Finlandia y Suecia, ya son 40 los países que han logrado implantar la señal digital, pero en México hay historia de incumplimientos pues en julio de 2004 se publicó la política pública para TDT, sin plan estratégico para concretar el fin de la señal analógica que debió suceder en todo el país el 18 de julio de 2013 y se ha aplazado ya en tres ocasiones, y a la fecha el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha efectuado ocho apagones en zonas específicas y continuarán para diferentes estaciones, unas el 11 y otras el 16 del ya próximo mes de diciembre.

El reclamo es que se está operando el programa de manera opaca, ineficiente y electorera, ya que desde el año pasado la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha entregado televisores a los ciudadanos de su padrón de beneficiados, proyecto que continuó durante 2015, cuando hubo elección para gobernadores en nueve estados del país, 903 presidentes municipales y 639 diputados locales, así como la renovación de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.

Para lograr el apagón en nuestro país, siendo Tijuana la primera ciudad donde se efectuó, fue necesaria la compra e instalación de 162,000 decodificadores que permitieran recibir la señal digital a quienes carecen de capacidad económica y en 2013 la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) contrató de forma directa a Teletec de México, SA de CV, la compra e instalación de antenas y decodificadores de señal de televisión digital por un monto de 12 millones 931,034 pesos, utilizadas en el apagón analógico de Tijuana, Baja California, y localidades aledañas, la empresa entregó a la Cofetel 162,000 cédulas con los datos de los hogares beneficiados.

Pero desde 2014 en lugar de decodificadores se entregaron  televisores, con la polémica de posible uso electoral del programa, y el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha gastado cerca de 5,300 millones de pesos en adquirir televisores digitales, siendo 2.5 millones de aparatos del Programa TDT y 120,000 para el proyecto de Cobertura Social para TDT a cargo del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, compra masiva de Sedesol otorgada mayormente a Elektra, Grupo HTJC & Asociados, Grupo Foxconn, Comarket y Diamond Electronics, sin que la actual Administración federal haya publicado mecanismos para transparentar lista de los beneficiados, incumpliendo el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de mayo de 2014, que ordena la integración de un padrón que identifique los hogares beneficiarios del programa de cobertura social en coordinación con la (Sedesol) y la SCT, y está incompleta la información del portal, sin que hasta ahora exista reclamo o exigencia al respecto; ni algún particular, empresa, Asociación o gremio social, académico o el propio Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la  Información que debería hacerlo de oficio e incluso sancionar.

Hay propuestas legislativas formuladas por Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) buscando aplazar el asunto más allá del término constitucional del último día del 2015, y La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) coincide con quienes afirman que eso atenta contra el derecho humano de acceso a las tecnologías de la información, perjudica la autonomía técnica del (IFT) y el proceso de digitalización y modernización tecnológica del país.

Pero más allá del fundado reclamo sobre el mal uso del programa en cuanto a lucro económico o político, lo cierto es que debe concluirse el proceso, sin que ello detenga una necesaria investigación y un proceso de evolución y posible sanción relativos a posibles ilícitos, debe procurarse por el gobierno federal que la mayoría de la población pueda acceder a la nueva tecnología y a los beneficios de la misma, ojalá sea cierto lo que afirma el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, que aseguró tajante que el 90 por ciento de la población tendrá acceso a televisores digitales antes de que se culmine nacionalmente el proceso de apagón analógico el próximo 31 de diciembre y que quienes por alguna razón queden sin acceso se establecerán mecanismos alternativos que faciliten la adquisición, incluyendo financiamientos casi tasa cero y a largo plazo, participando instituciones de soporte social para los trabajadores.

Que se cumpla la exigencia constitucional poniendo al alcance de los mexicanos las ventajas tecnológicas y de mayor alcance social en materia de señal televisiva incluyendo nuevas opciones de canales libres que rompan monopolios, sin que se deje de sancionar el lucro oportunista e inmoral de los mercaderes y de los que abusan de la necesidad de la gente para condicionar los apoyos sociales a un compromiso electoral.


@salvadorcosio1

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