Fuente Ovejuna

#TIROdeGRACIA

Como el asunto del injustamente procesado José Manuel Mireles Valverde, que aunque es inocente y está muy enfermo encarcelado desde hace más de un año en un penal ubicado en Sonora, la posesión de armas para autodefensa es la acusación que se esgrimió contra Semeí Verdía, pero las acciones para detener a éste líder michoacano con excesivo despliegue de fuerza militar, provocaron la muerte de un niño y una niña gravemente herida y aunque un juez ya ordenó la liberación del “delincuente”, debe seguir la exigencia social de justicia por lo acontecido.

Los casos de Verdía y de Mireles ilustran lo que sucede en muchos lugares de México, en que ante la incapacidad de las autoridades para proteger bienes y personas, la población debió convertirse en policía comunitaria y autodefenderse de las agresiones y extorsiones de grupos criminales como Los Caballeros Templarios, esos que fueron ineficazmente combatidos durante varios años por las fuerzas oficiales del orden, y son protegidos al haber infiltrado a las instituciones, especialmente fuerzas oficiales de seguridad y orden, esas que si tienen permiso para investigar, identificar, juzgar y sentenciar, ejecutar sumariamente la pena de muerte y lo hacen indiscriminadamente sin importar la gente, más allá del principio de la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, ejecutando a mansalva y sin limitación para excluir presuntos inocentes, y se hace quizá para que los verdaderos delincuentes no puedan ser capturados eficazmente para llevarlos ante la justicia y hablen todo lo que saben. 

Tras lo ocurrido en Ostula, Michoacán y  las imágenes del niño muerto con un balazo a la mitad de la frente entre sus ojitos, tras haber recibido el famoso tiro de gracia, se debe exigir termine ya el abuso de la fuerza pública por soldados y policías, que con base en el esquema de la debida obediencia atentan contra el propio pueblo al ejecutar las órdenes de atacar sin mediar investigación ni la búsqueda de la detención que propicie la remisión de posibles delincuentes a ser investigados, procesados y sentenciados debidamente si es que en realidad han cometido acciones delictivas, y prefieren aplicar la orden de “Mátenlos y después averiguamos”, actuando como todopoderosos que identifican a presuntos culpables, entre ellos a niñas, niños, jóvenes y personas ancianas y sobre todo pueblo con hambre y sin capacidad de defenderse menos de atacar, o incluso quizá también pueblo hambriento y desesperado que por la injusticia social y las fallas del gobierno no encuentra otra alternativa que aceptar las ofertas de quienes controlan la economía, la justicia, los presupuestos y hasta los reclusorios y delinquen o se auto defienden, para los que no hay detención ni debido proceso y solo hay “la mala suerte de encontrarse en el camino de fuerzas se seguridad que hacen su tarea con debida obediencia”.

 Urge un cambio radical que impida que siga perneando la injusticia y la dictadura de los criminales, incluyendo a quienes por así convenirles ordenan y hasta obligan a fuerzas policiales y castrenses ejecutar órdenes de asalto y ejecución de personas indiscriminadamente, siendo el pretexto para matar como cuando se esta en guerra y existe la justificación de los daños colaterales por la necesidad de aquietar a los pueblos peligrosos. 

No es exagerado reiterar que muchos elementos de las fuerzas del Estado mexicano encargadas de garantizar la seguridad del pueblo se corrompieron al grado de ser parte de los grupos de criminales que combatían y por más que se insista en negar sistemáticamente las acciones deleznables de miembros del Ejército, de la Policía Federal o de la Marina, ahí están los hechos y las consecuencias trágicas de ella, al ser autores de las más terribles violaciones de derechos humanos contra el pueblo y los ejemplos son ya demasiados: Atenco, Aguas Blancas, Tlatlaya, Ayotzinapa, Iguala, Cocula, Tanhuato, y ahora lo más reciente: Santa María Ostula.  

Para evitar tanta atrocidad y semejante corrupción con aberrante impunidad, la sociedad debe ya unirse y exigir acciones firmes para que no se haga costumbre la violencia y la injusticia como estrategia y tácticas rupestres usadas contra la delincuencia, sea por falta de inteligencia y capacidad de quienes dirigen cuerpos de seguridad o por su necesidad de empoderarse y además acallar voces sociales exigentes al tiempo que borran las huellas de sus actos delictivos al ser parte de la estructura criminal que supuestamente combaten.    

Cabe señalar que son miles los enrolados en nuestras fuerzas armadas tanto castrenses como policiales que sí cumplen a cabalidad y con entrega su encomienda, a los que resulta urgente y necesario apoyar con buena remuneración, equipamiento y capacitación adecuada y oportuna así como el reconocimiento a sus méritos y esfuerzo, otorgándoseles estímulos para que sigan desempeñando con pasión su ardua profesión, respaldándolos para acceder a créditos blandos y a largo plazo para adquisición de vivienda como patrimonio familiar, dotarles de becas educativas y oportunidades laborales para sus hijos, así como trabajo digno y remunerado a su cónyuge o el financiamiento accesible para fomentar sus actividades productivas, en suma, una adecuada política de honor y justicia, premiando y honrando a los muchos excelentes elementos que lo merecen, pero a la vez identificando y actuando con severidad y firmeza contra los criminales que infectan las instituciones, tanto soldados y policías como sus jefes que provocan o toleran comportamientos lesivos contra la sociedad, estos que sí merecen ser condenados a las más severas condenas. 

@salvadorcosio1

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