Fuente Ovejuna

"#TESTARUDOyCINICO"

En clara alusión al Gobierno Federal, el Cardenal José Francisco Robles Quintero, Arzobispo de Guadalajara y Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano dijo así el 25 de enero: “La Sociedad mexicana vive una crisis de credibilidad hacia la autoridad, la palabra de nuestras autoridades va envuelta en la sospecha de la corrupción y son sujetas a juicio y consecuente descalificación”.

Un día antes The Economist publicó un reportaje titulado: “The mexican morass “ (“El caos mexicano”) que dice: “Peña Nieto es un Presidente que no entiende que no entiende” y hace referencia al mensaje que al inicio del año expresó Peña prometiendo esforzarse al máximo para liberar a México de crimen, corrupción e impunidad, y en ese texto tan publicitado, el prestigiado diario norteamericano lanzó fuerte crítica al Presidente mexicano por los malos resultados de su gestión gubernamental, especialmente en cuanto a esos espinosos temas, enfatizando sobre el creciente descrédito que tiene ante la opinión pública internacional y acentuó el que la mayoría de los mexicanos lo desaprueba considerándolo un cínico por incurrir repetidamente en actos de corrupción que denotan abuso de autoridad y enriquecimiento ilegítimo.

 Testarudo, Peña Nieto insiste en rechazar dogmáticamente haber incurrido en abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito o algún tipo de conflicto de intereses y aunque resulta demasiado obvia la patraña, ahora quiere que un nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SPF) nombrado a modo, dictamine que estamos equivocados millones de mexicanos y muchos líderes de opinión pública con influencia mediática en los sectores productivos y sociopolíticos a nivel internacional, que coincidimos al creer que es ilícito e inmoral el que el Presidente de la República, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis Videgaray Caso, realizaran negocios en condiciones muy ventajosas y recibieran extraordinarias prebendas de parte de empresarios que han sido y son aún beneficiarios de jugosos contratos de edificación de obra pública cuando Peña Nieto era Gobernador del Estado de México y ahora que es el Presidente de la República y Luis Videgaray era el Secretario de Finanzas del gobierno de esa entidad y ahora es el titular de la SHCP. 

Y es que Peña anunció “nuevas reglas eficaces de transparencia y combate a la corrupción”, que además que resultan insatisfactorias y tardías, surgen solo por la gran presión de la opinión pública nacional e internacional y con el ánimo de lograr algo que de entrada se antoja muy difícil como es “limpiar su imagen”.

 Al iniciar su gobierno Peña declaró que la SPF era una obsoleta y anunció que crearía la Agencia Nacional Anticorrupción, designando como Subsecretario en calidad de encargado de Despacho de SPF a José Julián Olivas Ugalde, en tanto se generaba la nueva dependencia y ahora, 26 meses después, decidió archivar el proyecto y ya designó al titular de la SPF, así que al menos en este sexenio no habrá una moderna y más eficiente institución para sancionar el desempeño del sector público.

Como nuevo titular de la SPF Peña nombró a Virgilio Andrade Martínez, quien no es un funcionario novato, pues ha sido titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; Consejero ante el Instituto Federal Electoral (IFE); Director adjunto de Promoción de la Financiera Rural, Director de Análisis de Legislación Financiera y Coordinador de asesores del Oficial Mayor de la SHCP y Asesor del Gobierno de Puebla, el Senado y la Cámara de Diputados, pero su paso por todas esas dependencias del sector público no lo significan como un profesional experto en los temas de fiscalización, vigilancia y sanción de la función pública.

Además de que su currículo no lo califica como la mejor opción para el delicado cargo a ejercer, Andrade Martínez carece de atributos personales que le provean de la solvencia moral ante la comunidad mexicana, que reclama contar con fiscalizadores y funcionarios anticorrupción con gran reconocimiento social y dotados de plena autonomía para con los intereses de los funcionarios a quienes debe vigilar y sancionar, y por ello es claro que Andrade no resulta ser un personaje por el cual la sociedad mexicana deba mostrar satisfacción al nombrársele y mucho menos ser quien deba ayudar para colmar el anhelo de la sociedad en cuanto a que las  instituciones públicas de México sean confiables por ser administradas honesta y eficientemente, ya que en este momento tanto el Presidente Peña Nieto, como el gobierno federal que encabeza y en general todo el sistema político nacional, no gozan de solvencia frente al pueblo.

Peña se equivoca de nuevo y “le pone chile a la herida”, ya que ahora además de perseverar en la intención absurda y cínica de convencer “a rajatabla” que no ha cometido nada impropio en su función como Primer Mandatario, pronto obtendrá un “certificado de pureza en su actuación como servidor público”, y esa “purificación por decreto” a partir de un dictamen hecho a su medida por un colaborador obediente, le servirá a Peña para seguir impune tras los ilícitos cometidos, pero acentuará el malestar ciudadano, que habrá de cobrarle en las urnas a su Partido el PRI.

Además de dictaminar los turbios asuntos en que se implica a Peña Nieto, familia y colaboradores, el nuevo titular de la SPF debería investigar urgentemente el ilícito obsequio del predio de 70 mil metros cuadrados que el ejército mexicano otorgó en enero de 2008 a un grupo de empresarios para que edificaran el Centro Comercial Plaza Galería Tamarindos en Iguala, Guerrero, mercaderes que entonces encabezaban el hoy Alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, presos y sujetos a juicio penal por los crímenes contra los estudiantes de la “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ocurridos el 26 de septiembre pasado. 

 @salvadocosio1

opinion.salcosga@hotmail.com