Fuente Ovejuna

#TAPABOCAS

Hay un ingrediente adicional que “enchila” más el conflicto entre la empresa de comunicaciones MVS y la periodista Carmen Aristegui en cuanto a la abrupta ruptura de la relación comercial que existía entre ellos, al haberse develado por Aristegui que la empresa de los Señores Vargas le ordenó no difundir a través del espacio informativo que ella tenía a su cargo en MVS Radio el famoso reportaje sobre la llamada “Casa Blanca”, valiosa en más de ochenta millones de pesos que se le adjudica como propiedad a Angélica Rivera, la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto por el consorcio empresarial “Grupo HIGA”, y que por ser un favorecido por diversos y abultados contratos gubernamentales de obra pública, se ha inferido la existencia de presunto tráfico de influencia y conflicto de intereses que se reputan a cargo del propio Peña Nieto y que además del señalamiento y condena popular, han generado gran descrédito en la opinión pública internacional por la difusión que destacados e influyentes medios de comunicación le han brindado, y que según dice la señora Aristegui esa censura o prohibición a comentar sobre ese asunto en su espacio radiofónico y de imagen, le generó lesión a sus derechos como el de la libertad de expresión, por más que ella lo pudo difundir, como lo hizo ampliamente, en su propio portal electrónico de comunicación llamado “Aristegui Noticias” que cuenta con una muy grande audiencia a través de la consulta directa de la página web y por el número tan grande de seguidores que tiene en su cuenta de Twitter, donde aparecen casi cuatro millones de ellos y en otros sistemas de difusión digital en los que también esa empresa de comunicación de Aristegui cuenta con amplísimo acervo de visitantes, de donde se nutren además otros medios de comunicación, que dieron gran publicidad a ese reportaje.

  Aristegui asegura fue directamente La Presidencia de La República quien ordenó que el reportaje sobre la “mansión presidencial” en Lomas de Chapultepec no se difundiera el 9 de noviembre de 2014 en la primera emisión de Noticias MVS y elucubra que también la instrucción de rescindir su contrato y haber cesado de forma ilegal a dos de sus colaboradores provino directamente del gobierno federal y hace sentir la mano de la Secretaría de Gobernación, dependencia en la que desde mayo de 2014 labora Felipe Chao Ebergenyi como titular de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de Comunicación y que antes se desempeñó como Vicepresidente de MVS.

Aristegui pide que los Vargas expliquen quién y cómo les pidió censurar el reportaje y eso obliga tanto a MVS como a las autoridades a confirmar o desmentir la acusación que hace Aristegui, así como, de considerarse que ella miente, proceder obligadamente a acusarla penalmente por falsedad de declaraciones y cualquier otro ilícito en que pudiere estar incurriendo además de las acciones civiles por daños materiales y moral, pero no parece existir voluntad alguna para desmentirla sustentadamente ni mucho menos en cuanto a impetrar acciones penales o civiles en contra de quien ha generado un enorme movimiento social en su apoyo.

Es que además de lo declarado a Proceso, Aristegui divulgó al Diario El Universal la supuesta amenaza que en contra de la compañía MVS hiciera el gobierno federal si es que esta empresa no hubiere acatado la exigencia para evitar difundir el famoso reportaje sobre el escándalo relativo a La Casa Blanca, ya que según dice la periodista, el dueño de MVS, Joaquín Vargas, le solicitó no transmitir el citado reportaje de la Casa Blanca y le confió que habría muchas represalias del Gobierno Federal hacia el grupo MVS si se transmitiere ese reportaje, incluyéndose la cancelación de concesión, lo que implica la necesidad de investigar esa tan seria acusación que la afamada comunicadora hace en cuanto a que se generó ese delito de abuso de autoridad por las graves amenazas que funcionarios federales le habrían provocado alevosamente a Joaquín Vargas y a su emporio de comunicaciones, en una crasa violación a la libertad de expresión y en general a las garantías fundamentales que consagra la Constitución de la República, al amedrentar a ese medio de difusión con cancelar sus concesiones federales de radiodifusión en caso de permitir que Aristegui difundiera a través de MVS el famoso reportaje que ha causado tanto descrédito al Presidente Peña y a su gobierno, a los que ahora además “pinta” como dictatoriales, absolutistas y opresores.

Pero la empresa tendría que explicar la falsedad de declaración al haber difundido un comunicado en que insiste que es falso que se haya censurado a Aristegui en relación a ese reportaje. 

Hay que recordar el conflicto que se generó por la difusión que Aristegui hiciere de las expresiones del en aquel tiempo Diputado Federal Gerardo Fernández Noroña cuando en la tribuna parlamentaria destacó el supuesto alcoholismo del entonces Presidente Felipe Calderón, por lo que la comunicadora fue cesada, pero la presión social obligó a MVS a reinstalarla y ofrecerle disculpa pública, además de generar la creación de la figura del **ombudsman de los radioescuchas y se designó para tal encomienda al experto en telecomunicaciones, Gabriel Sosa Plata, quien en este nuevo diferendo ha sostenido que tiene razón Aristegui y coincide con muchos columnistas, editorialistas, académicos y líderes de opinión, en cuanto a que hay la tendencia gubernamental de condicionar concesiones radiofónicas a cambio de no tener periodistas que señalen corrupción, impunidad o autoritarismo de servidores públicos. Hay que dejar patente que aunque en el caso del diferendo laboral entre la empresa MVS y la Señora Aristegui hay esquemas legales que revisar en cuanto a si hubo actos impropios de la comunicadora y sus empleados, en cuanto a que hayan involucrado inadecuadamente a la compañía en actividades de la organización llamada México Leaks que es una asociación de personas que busca la máxima difusión y la total transparencia en la información proveniente del sector público, lo cierto es que MVS consintió que Aristegui bautizare a su grupo colaborador como “Unidad Investigativa Aristegui MVS” y jamás antes hizo algo para evitar que se presentaren los integrantes como miembros de ella, y es solo ahora que se identificaron así al incluirse en la organización pro-máxima transparencia cuando alegan la supuesta inmoralidad.

 Lo cierto es que hasta este momento, el conflicto le ha sido benéfico a Aristegui, ha lesionado a MVS y el gobierno federal es, ante la opinión social, el culpable de atropellar la libertad de expresión. 

 @salvadocosio1

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