Fuente Ovejuna

#REPUDIOaMORDAZAS

Los gobernantes olvidan que al ciudadano se le faculta constitucionalmente a expresar lo que considere debe ser dicho y escuchado por su comunidad y especialmente captado para ser atendido por los que al lograr ser servidores públicos están obligados a escuchar y atender opiniones, soportar las críticas y responder los cuestionamientos sociales sin que por ello deban molestar o provocar represalias, solo escuchar un actuar en consecuencia, pues quien tiene la piel demasiado delgada como para no soportar señalamientos del pueblo no debe ser funcionario y conviene busque otra actividad en la que no esté sujeto al escrutinio comunitario.

Pero contrario a esa premisa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se esmera en sumar antipatía de la sociedad al mostrar su naturaleza dictatorial por la prepotencia de actos y decisiones de muchos dirigentes, legisladores y gobernantes altaneros, siendo recurrente el intento atrabiliario de parte de legisladores priistas que de motu proprio o acatando servilmente indicaciones de sus patrones los dirigentes partidistas o titulares de la función ejecutiva de gobiernos, actúan pretendiendo acallar voces de la sociedad con medidas que obstaculicen al pueblo el uso del derecho a la información y la libertad de expresión, sin importar violar arteramente las garantías fundamentales del ser humano tuteladas por la Constitución General de la República.

Así fue en el estado de Veracruz, donde en septiembre del año 2011 el gobernador Javier Duarte de Ochoa promovió la aprobación de la llamada Ley antituiteros, producto de la reforma al artículo 373 del Código Penal que tipificó el delito de “perturbación del orden público” con posible sanción de entre 1 a 4 años de prisión, a fin de tratar de atenuar voces críticas de la sociedad hacia la autoridad a través de las redes sociales digitales de comunicación como Twitter y Facebook, y en base a esa norma incriminó a los ciudadanos Maruchi Bravo Pagola y Gilberto Martínez que dieron retransmisión o retuiteo a información que circulaba en redes sobre inseguridad en planteles escolares, siendo capturados y acusados del supuesto delito de difundir información presuntamente falsa en relación a la existencias de armas de fuego, explosivos y sustancias peligrosas en escuelas, alarmando peligrosamente a la población, cuando además de existir indicios de esos informes, se aplicó en exceso la ley penal reformada y les tipificaron “delitos lesivos a la gobernabilidad y estabilidad de la entidad” por lo que estuvieron encarcelados más de un mes en el penal de Pacho Viejo, casi incomunicados y tratados como peligrosísimos terroristas, pero gracias a intensa presión de la sociedad veracruzana y del país e incluso de organismos internacionales de reivindicación y defensa de derechos humanos y en pro de la libertad de expresión y el derecho a información, Duarte reculó anulando la absurda norma y liberando a los ciudadanos injustamente incriminados.

Y el nuevo ataque del PRI para callar la voz del pueblo se dio a través del polémico senador por Hidalgo Omar Fayad Meneses, al presentar el pasado 27 de octubre una iniciativa para crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos, conocida como “Ley Fayad”, que busca tipificar como delito acciones de ciudadanos en redes sociales digitales de comunicación, que de aprobarse situará a México como el país en el que se limitan más libertades y derechos fundamentales como la de expresión, criminalizando una actividad que en vez de atacarse debería ser impulsada buscando tener el pulso ciudadano y a partir de la ilimitada opinión pública que puede criticar y desnudar conductas irregulares e incluso delictivas de servidores públicos, aprovechar la exigencia social para combatir corrupción e impunidad, además de modificar mejorando legislación y políticas públicas que no estén funcionando adecuadamente.

Ante el alud de críticas y el merecido vituperio en su contra, como la alerta que emitió la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)  el petulante político hidalguense empezó a recular y se dijo: “dispuesto a corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar una nueva versión de su iniciativa” ofreciendo “revisar, modificar o eliminar lo que crean que atente a las libertades”, pero el nutrido rechazo social ya puso fin a este intento de obstaculizar la libertad de expresión y el senador ya anunció que deshecha su absurda iniciativa.

Fayad fue objeto de escarnio, burla, reclamo y repudio, por su torpe y perversa iniciativa, resultándole contraproducente para su inviable proyecto de ser candidato del PRI al Gobierno de Hidalgo a lo que era impulsado por los ex gobernadores Jesus Murillo Karam, fracasado ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y el polémico secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quienes deben tener claro que al oscuro senador, que solo se le conoce por estar casado con la ex actriz de Televisa Victoria Ruffo, poco bueno puede presumir tras su paso por la Administración General de Aduanas, la titularidad de la Policía Federal Preventiva (PFP) de la que fue el primer comisionado al crearse esta institución, la diputación federal en dos ocasiones, la titularidad de la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo, entidad de la que también fue titular de las Secretarías de Agricultura, de Desarrollo Social y de Educación, así como presidente municipal de Pachuca y quien de ser postulado asegura para el PRI una derrota que abonará a la debacle que puede sufrir en la elección presidencial de 2018 de continuar con actitud dictatorial y cada vez más lejos de las causas del pueblo.

 

@salvadorcosio1

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