Fuente Ovejuna

#REGRESOsinGLORIA

No obstante debió aprovechar su viaje a China y Australia para reflexionar en cuanto a la forma negligente y errática en como sus colaboradores más importantes operaron en relación al conjunto de delitos que desde hace mucho tiempo toleraron en Guerrero y especialmente ante los sucesos criminales perpetrados el 26 de septiembre pasado en Iguala, en forma ruda el Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que quizá deberá extremar el uso de la fuerza pública para atajar incidentes violentos como los suscitados en diversas manifestaciones sociales de rechazo a los citados actos delictivos en que se causó la muerte de seis personas, entre ellos tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa  y la desaparición forzada de otros 43 alumnos de dicha institución educativa, con la participación de delincuentes integrantes de los cárteles “Guerreros Unidos”  y “Los Rojos”, así como un numeroso grupo de agentes de seguridad pública de los municipios de Iguala y Cocula, llamados “los policías bélicos” con la participación activa y la complicidad, en su caso, de las autoridades de dichos Ayuntamientos guerrerenses y del Poder Ejecutivo Estatal, destacándose el propio gobernador del Estado Ángel Heladio Aguirre Rivero, hoy con licencia, y quien fuere subprocurador general de Justicia Iñaki Blanco.

Y es que aunque se han presentado acciones vandálicas por personas que han estado presentes en diferentes expresiones de reclamo o exigencia de justicia y solución en cuanto a las muertes y “los levantados”, así como en rechazo a la tremenda situación de violencia e impunidad que se vive en muchas entidades del país, lo cierto es que han sido los familiares de las víctimas y representantes de los miles de simpatizantes de la causa justa que reclaman, quienes han señalado la presencia de infiltrados encapuchados, que han propiciado los desmanes, algunos de ellos ya denunciados, por lo que corresponde a la autoridad otorgar las garantías necesarias a efectos que las manifestaciones traducidas en marchas, mítines y plantones en calles, plazas y centros de encuentro comunitario sean llevados a cabo con orden y seguridad para los participantes y también para la población en general, debiendo además el gobierno atender las denuncias y proceder contra los que están identificados como provocadores o “halcones”.

Es además obligación prioritaria del gobierno actuar con eficacia en la resolución de los justificados reclamos de la población, que está por demás dolida por los resultados magros de la tarea anticrimen que sin éxito ha pugnado el conjunto de autoridades, ya que es notable que, además de las víctimas de los salvajes acontecimientos en Guerrero, es real el incremento de desaparecidos forzados, que suman ya muchos miles, así como el crecimiento de índice criminal en el país, destacándose tanto los que llevan a cabo los hampones conformantes de grupos de “delincuencia organizada” que además del narcotráfico han abundado en la comisión de delitos graves como secuestro, extorsión, asesinatos, trata de personas y asaltos, para lo que es notorio cuentan con la tolerancia, complicidad y la activa participación de funcionarios públicos y de policías criminales, además de la acción que también de forma impropia han realizado integrantes y mandos de las fuerzas armadas.

Lo cierto es que Peña está urgido de dar un golpe fuerte que le amaine la incredulidad y la desconfianza de la sociedad mexicana, además debe actuar con rapidez y eficacia para restablecer orden y gobernabilidad, además de proveer a la población de la seguridad y el goce de los derechos fundamentales, y para ello, más que acudir prioritariamente al amago que algún iluminado de sus principales asesores pudo haberle sugerido erróneamente, debe emprender acciones que abatan la corrupción y la impunidad, que son los máximos flagelos que sufrimos los mexicanos e impiden que nuestra patria crezca  como merece.

Peña requiere serenarse, pensar mejor sus palabras y emprender más adecuadas acciones, meditar sobre la recomposición de su equipo de colaboradores , empezando por quienes llevan la batuta en las grandes decisiones que muchas han sido  equivocadas, que lo son el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, el Jefe de la Oficina de la Presidencia Aurelio Nuño Mayer, así como el Comisionado de Seguridad nacional Monte Alejandro Rubido García y el Director del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (CISEN) Eugenio Imaz Gispert , por citar solo a los más preponderantes, a quienes debe exigir explicación por sus errores u omisiones, inclusive traiciones, además de realizar todo lo necesario para capturar, consignar y propiciar sanción ejemplar a quienes sean también responsables de tanto crimen, con especial acento a quienes desde las cúpulas partidistas han propiciado que salvajes criminales sean postulados y logren llegar a las posiciones importantes de gobierno desde las que en vez de servir se han servido dañando al pueblo.

@salvadorcosio1

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