Fuente Ovejuna

#RABIAyTENSION

El 27 de diciembre de 2016 el gobierno federal mexicano informó los nuevos precios de los combustibles, con un incremento de entre el 14.2% y el 20.1%, mismos que tendrán 2 modificaciones semanales a partir del próximo 3 de febrero y posteriormente fluctuaran diariamente “hasta ajustarse a los precios internacionales” en razón que, según las autoridades, el aumento se debe a la liberación del precio de los combustibles que se realizará paulatinamente este año. Hay que recordar que uno de los puntos clave de la famosa “reforma energética” aprobada durante los años 2013 y 2014 dictaba que los precios de los diversos energéticos industriales y domésticos serían determinados por el mercado, pero se había establecido que ello iniciaría a partir de enero de 2018 más la crisis de Pemex aceleró el proceso planeado.

El incremento al precio de las gasolinas, el diésel así como de la energía eléctrica y el gas acarreará severos aumentos en bienes y servicios casi a nivel general y el pueblo está consciente y harto de los errores, imprevisiones y derroches gubernamentales acumulados, más la corrupción e impunidad, además que siendo cual fuere la causa o conjunto de ellas, la de por sí vapuleada economía popular está resultando tremendamente afectada de ahí que sea natural que se haya detonado un conjunto de reacciones severas de reclamo, enojo y repudio de la mayoría de los mexicanos y se han emprendido protestas y bloqueos en varias localidades del país para repudiar los nuevos precios, así como los abusos que además se han venido suscitando y que ocurren tras la tolerancia gubernamental o más bien la complicidad oficial. La indignación popular se ha ido intensificando.

Tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cómo la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) que encabeza el joven industrial jalisciense Manuel Herrera Vega, han propuesto al gobierno una serie de medidas económicas para combatir la inflación, promover la inversión y defender el empleo, como establecer metas para reducir la deuda del Gobierno, detonar una política de estímulos fiscales a nuevas inversiones, mantener la flexibilidad del tipo de cambio y reducir el gasto en consumo corriente de la administración y se active el sistema nacional anticorrupción.

Ademas del artero incremento existe el agravante de los abusos ya que siendo un precio fijo por zonas hay muestras fehacientes de gasolineras vendiendo las gasolinas a mayor precio del ya inflado costo y no hay acciones gubernamental para evitarlo. El panorama luce demasiado complejo y además de las manifestaciones en calles y plazas cunde la expresión social a través de las redes de intercomunicación digital comunitaria y se hacen llamados a realizar actos de boicot dejando de pagar contribuciones además de convocatorias a firmar intentos de acciones legales, siendo, pues claro que, justificable o no, por más argumentos que se pretendan expresar a favor de las medidas que provocaron el incremento del precio de los energéticos automotrices, industriales y domésticos, el pueblo está sumamente irritado y las consecuencias aún no terminan de advertirse con claridad.

Para ponerle más combustible a la hoguera Pemex está obligando a los gasolineros a firmar contratos de exclusividad de compra y distribución por cinco años y, sin ese contrato forzoso, no les están surtiendo combustibles, habiendo incluso señalamientos de que al momento de surtir el combustible a los expendedores les entregan menor cantidad de litros que el monto adquirido y obviamente esa merma la repercuten los gasolineros a las comunidades al momento de la venta de la mercancía al menudeo.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejerció ininterrumpidamente el poder en México entre 1929 y el año 2000, cuando se produjo una alternancia que encumbró en el poder al Partido Acción Nacional (PAN) que gobernó durante 2 administraciones presidenciales siendo durante el segundo periodo sexenal panista al frente del país, justo en el mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se desató con fiereza una crisis económica coyuntural, la que el PRI utilizó como uno de varios elementos para golpear la credibilidad del gobierno emanado del PAN y obtener ganancial electoral suficiente para ganar la elección y regresar a la Presidencia de la República eligiéndose a Enrique Peña Nieto, quien superó con muy escaso margen a Andrés  Manuel López Obrador y a la abanderada panista Josefina Vázquez Mota, que fue refundida al tercer lugar.

Durante el sexenio 1982-1988 a cargo del Presidente Carlos Salinas de Gortari hubo devaluación en más del 100% del peso mexicano, generando privatizaciones de industrias paraestatales de la más importante infraestructura y de instituciones clave del sistema financiero y, ahora, es el mismo PRI liderado por Peña Nieto el que auspicia la privatización del sector energético con la penetracion de capital foráneo extranjero en las actividades de distribución y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica y ante la disminución de recursos provenientes de Pemex se capta más dinero de los contribuyentes  incrementando carga tributaria, pero beneficiando con disminución u omisión de pago de impuestos a las grandes empresas.

Es muy preocupante y molesto que el Gobierno tenga que sacar más dinero del bolsillo de los ciudadanos para financiar una expansión del gasto que no fue estratégico ni orientado a garantizar el derecho a la salud, a la educación ni a la construcción de infraestructura y lo cierto es que la administración de Peña Nieto ha derrochado el presupuesto en cosas no prioritarias, no ha atacado la corrupción, siendo claro que el pueblo está muy enojado y con exigencia de cambio y sanción a quienes han causado errores y corrupción que afectan tremendamente a los mexicanos.

 @salvadocosio1

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