Fuente Ovejuna

"#Pactosyguerras"

El “Pacto Nacional contra Inseguridad y Violencia”, que anunció el Presidente Enrique Peña Nieto, debe garantizar resultados a corto plazo, además de acciones a fondo para que México logre abatir corrupción y evitar impunidad, con programas permanentes de prevención del delito, impulsando el desarrollo socioeconómico y la cohesión social para alejar a la población de la necesidad de delinquir para sobrevivir.

Entre otros asuntos que no se han resuelto y duelen, sigue lacerando a México el asesinato de varios estudiantes, el chofer de un autobús y un muy joven futbolista profesional, así como la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sucedidos el 26 de septiembre pasado en Iguala  y aunque hay avances al estar ya detenidos  lideres y sicarios del cartel “Guerreros Unidos” y muchos policías cómplices así como el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, considerados parte fundamental de esa célula delincuencial y principales autores intelectuales de los crímenes, aun debe capturarse a todos los responsables, evitar impunidad  y procurar ejemplar castigo a todos los culpables.

La designación del Congreso Local como Gobernador Interino de Guerrero en favor de Salvador Rogelio Ortega Martínez, fue concertada por el gobernador con licencia Ángel Heladio Aguirre Rivero apoyado por las cúpulas nacionales de su Partido de la Revolución Democrática (PRD) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), que ordenaron a sus legisladores apoyar a Ortega a quien Aguirre pensó controlaría para seguir gobernando y asegurar impunidad.

La Procuraduría General de la Republica (PGR) tiene información que Sidronio y Ángel Casarrubias Salgado, cabecillas de “Guerreros Unidos” ordenaron a sus sicarios Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez  y a “sus policías bélicos” de Cocula e Iguala atajar a los normalistas al saber que con ellos iban 17 hampones del “Cartel Los Rojos” encabezados por Santiago Mazari Hernández  alias “El Carrete”, cuya misión era ejecutar a su “Encargado de Plaza” en Iguala Víctor Hugo Benítez apodado **El Tilo, y que tras capturar a los matones antagónicos los incineraron aventando sus restos al Río Cocula, por lo que entonces los “levantados” habrían sido 60: los 17 “Rojos”  asesinados y los 43 normalistas identificados como victimas.

 Se debe sancionar la complicidad de Ángel Aguirre por propiciar los crímenes del matrimonio Abarca-Pineda y facilitar su huida, sin atender al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien le pidió detenerlos informándole su vinculación extrema con “Guerreros Unidos” y ser autores intelectuales de los crímenes, pero imperó el vínculo y relaciones de tipo íntimo entre Aguirre y la esposa de Abarca, de quien además se dice financió la campaña del hoy gobernador con licencia y también debe castigarse al Ex Procurador Iñaki Blanco por su complicidad con “Los Rojos” así como investigar los nexos del ex Dirigente Nacional del PRD Jesús Zambrano por impulsar políticamente a Abarca sin importarle su negro historial y haberlo protegido estando ya prófugo.

Pero el Gobierno Federal debe explicar por qué Osorio Chong omitió intervenir cuando hace tiempo supo de presuntos crímenes del fuero federal atribuibles al alcalde Abarca, ya que recibió acusaciones e indicios y debió tener información tanto del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (Cisen) que dirige Eugenio Imaz Gispert, como del experto en espionaje Monte Alejandro Rubido García, Comisario Nacional de Seguridad Federal, y datos de Inteligencia Militar de La Marina que encabeza el Almirante Vidal Soberón y del Ejército Mexicano a cargo del General Salvador Cienfuegos, especialmente de la propia PGR que dirige Jesús Murillo Karam, a quien Osorio debió entonces haber ordenado actuar de inmediato como lo obligan la constitución y las leyes vigentes.

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@salvadorcosio1