Fuente Ovejuna

#PORQUERÍAyMAÑA

El pasado 12 de octubre, Javier Duarte de Ochoa solicitó formalmente al Congreso de Veracruz una licencia para separarse del cargo como gobernador y al otorgársela los diputados locales veracruzanos, en su mayoría integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), designaron en calidad de mandatario interino a Flavino Ríos, quien es estrechamente cercano a Duarte era el secretario general de Gobierno, señalado de complicidad en los asuntos turbios de los que se acusa a su jefe político.

Un juez federal giró el reciente 17 de octubre una orden de aprehensión contra Duarte de Ochoa al consignársele por presunción de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, siendo una instrucción imposible de ejecutar ya que el indiciado aún goza de la protección que le brinda el fuero constitucional evitando sea aprehendido pues la licencia que goza no le despoja del cargo de mandatario y para arrestarlo se requiere desahogar previamente el juicio de procedencia.

Aunque además hay asuntos cruentos a los que le vincula como la desaparición forzada y muerte de muchas personas, así como el propiciar gravoso e ilegítimo endeudamiento del estado hasta por casi 40 mil millones de pesos, la orden de captura contra Javier Duarte resulta de la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que señala el desvío de al menos 500 millones de pesos que fingieron entregarle mediante contratos de suministro de obras y servicios a varias empresas fantasma que solo existían en el papel, siendo utilizados, según la acusación de la SHCP, para la adquisición de diversas propiedades inmobiliarias en ciudades de México y los Estados Unidos de América, habiéndose dictado también ya, poco antes, otra orden judicial para iniciar otros siete juicios en contra de los representantes y/o administradores únicos de esas empresas comparsa, además que distinto juez federal determinó vincular a proceso penal al titular de Catastro del gobierno de Veracruz, de nombre Domingo Yorio Saqui, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber ocultado información relacionada con la indagatoria que se está desarrollando en torno al enriquecimiento ilegítimo de Duarte de Ochoa y sus socios.

Pero aunque sin duda “no descubrió el hilo negro”, pues dadas las circunstancias resulta lógico el que por su presunta carencia de escrúpulos Javier Duarte no desaprovecharía la oportunidad de escapar, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, alertó que Duarte de Ochoa huyó y acusó al gobernador interino Flavino Ríos de haber facilitado la huida de su patrón a bordo de un helicóptero oficial, y parece lógico que Duarte “haya puesto pies en polvorosa” y la ventajosa licencia le haya permitido huir con facilidad de ahí que no debieron permitirle la licencia y ordenar al Congreso local conformado por compinches haber nombrado como sucesor a otro compinche, además que la orden de aprehensión debió girarse hace muchos meses y haberle incoado juicio de procedencia y así haberle impedido huir.

Desde que antes del proceso electoral del 5 de junio pasado casi todos los partidos se sumaron al pueblo veracruzano que realizó plantones y marchas contra él debieron de haberlo acusado formalmente, pero el PRI, entonces encabezado por Manlio Fabio Beltrones, se manifestó inicialmente a favor del movimiento popular en su contra para casi de inmediato acatar la línea presidencial y salir en su defensa, de ahí que sea absurdo el reclamo del actual gerente en turno de la dirigencia nacional del PRI Enrique -El Honesto- Ochoa Reza, cuando espeta al dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya Cortés, el que ese partido protege al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, pues no tiene autoridad moral para ese reclamo, en tanto el PRI se limitó a la inútil suspensión de derechos partidarios de Javier Duarte de Ochoa sin exigir al gobierno federal incoar la acción penal y emitir la orden de captura y se permitió la negligencia o incidental dilación a efecto de dejarlo huir, además que tampoco se ha hecho nada contra los otros dos gobernadores y un ex gobernador señalados, acusados formalmente y con causa penal abierta en PGR y en las procuradurías de sus estados: César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, todos con causas penales abiertas pero libres y con la expectativa de permanecer en la impunidad al igual que otros muchísimos personajes que emanados de diversos partidos políticos están señalados y algunos ya indiciados por vinculación a asuntos turbios tildados de ilicitud, que por influencia siguen sin castigo, en un cúmulo de historias plenas de #PORQUERÍAyMAÑA.

 @salvadocosio1

opinion.salcosga@hotmail.com