Fuente Ovejuna

#MIEDOSyMEDIOS

Aun pese a la opinión de muchos políticos e incluso académicos y columnistas, que al calor de la sed de orden y paz pueden tolerar e incluso aplaudir los hechos recientes provocados por fuerzas federales de seguridad que tuvo por resultado la muerte violenta y artera de al menos 42 personas en El Rancho Del Sol ubicado el municipio de Tanhuato, Michoacán, cerca de Ecuandureo casi frontera con Jalisco, no se puede permitir una matanza impune ni etiquetarla como algo necesario en aras de que el Estado Mexicano recupere la credibilidad de sus fuerzas armadas tanto policiales como militares.

Por más que se diga que los muertos fueron necesariamente ultimados por tratarse de presuntos delincuentes muy peligrosos, no es factible consentir que se justifique el hecho de haberse eliminado en forma aplastante a todos los supuestos criminales, usando aquella antigua conseja militar de “mátalos y después viriguas!”, presumiéndose como verdad indubitable que todos los asesinados eran criminales y que además no hubo más remedio que aniquilarlos “en legítima defensa”, similar a como ocurrió en Tlatlaya o Apatzingán, situaciones en que al tiempo quedó claro que no todos los ejecutados eran delincuentes, incurriéndose pues así en grave exceso en el uso de la fuerza pública a través de las armas vulnerando el estado de derecho y los derechos humanos fundamentales de los sujetos acribillados e incluso previamente torturados.

Queda claro que es muy posible que en Tanhuato como en Tlatlaya y Apatzingán no todos los ejecutados por la policía federal eran delincuentes y además aquellos en que hubiere duda o incluso efectivamente lo fueren, tenían el pleno derecho constitucional a un juicio justo con un debido proceso, además que como en los casos anteriores citados, tampoco está comprobado y además hay dudas razonables de que en efecto hubo “tiroteo de los civiles a los policías”, por lo que hay razones de peso para pensar que no fue un enfrentamiento y mucho menos existía necesidad de acribillar a los ahora difuntos y estos fueron intencional y premeditadamente asesinados, disparando de forma indiscriminada contra ellos, es inaceptable que con pretexto de una situación en la que presuntos criminales pertrechados debían ser sometidos se deba tolerar el resquebrajamiento del Estado de Derecho y la eliminación de las garantías individuales que tutela nuestra Constitución ya que además ahora sabemos que como en Tlatlaya y Apatzingán además de presuntos criminales había personas inocentes entre el grupo de ejecutados. 

No podemos pasar de la dictadura de los malandros a la dictadura de un estado policiaco o militarizado que mate a diestra y siniestra a presuntos criminales y también a  ciudadanos inocentes, y no se quiere a un Estado complaciente con los delincuentes, a los que hay que atrapar y propiciar se les juzgue y en su caso castigárseles ejemplarmente, al grado de pensar en abrir el debate sobre la pena de muerte, pero no se debe consentir las ejecuciones sumarias de presuntos delincuentes a manos de policías o militares cual si fueren “escuadrones de la muerte”, dando margen a que a partir de ello exista justificación para que la sociedad misma se organice y tenga justificación para matar en autodefensa o al tomar la justicia por mano propia.

Una característica de las sociedades civilizadas es el respeto al principio de legalidad y esto incluye el respeto al debido proceso y para generar mejor oportunidad de prevenir y amainar la delincuencia debe haber por parte del gobierno inteligencia y una política estratégica anticrimen, no simples estrategias ocurrenciales y tan solo reactivas a sucesos ocurridos, debe haber información, investigación y detenciónes que prohíjen averiguaciones ministeriales bien realizadas no como las muchas que se hacen mal por negligencia, torpeza o complicidad, generando juicios adecuados y penas severas, precedidos de fuerzas policiales y castrenses certificadamente limpias y eficaces, ya que hay bastantes policías y soldados extraordinarios, pero también existen muchos elementos ya corruptos y enrolados en el hampa, por lo que se debe dar honor y apoyos a los muchos buenos elementos y castigo ejemplar a los hampones uniformados.

Urge avanzar en un sistema de justicia penal para tener procesos más rápidos y muy eficientes, con condenas adecuadamente severas, pero lo más urgente es avanzar en la cultura de la legalidad que implica  más y mejor educación y el mayor y más eficaz fomento de los valores en la sociedad a partir de la familia y en las aulas.

Cualquier tipo de ejecución sumaria denigra al género humano, pues aun siendo denostado por muchos, también los criminales tienen derechos y debe investigarse si su conducta inadecuada puede ser causada al estar extorsionados, drogados, amenazados, engañados, mentalmente insanos y por todo ello es que no deben ser arteramente ejecutados y a cambio deben ser sujetos de detención y someterlos a un proceso judicial que impida que la policía o las fuerzas castrenses se conviertan en jueces y en verdugos, pues precisamente para ello hay tribunales de pleno derecho, pues no por ser presunto culpable o sospechoso debe haber permiso legal para que sin el derecho a juicio a todo sospechoso se le ejecute impune y arteramente, no es posible permitir y sentar precedentes para que sin garantizar el acceso a la verdad que a su vez genera credibilidad en las instituciones y fortalece el estado de derecho, si un policía o soldado considera a su simple criterio que algún ciudadano es un criminal, con esa facilidad lo pueda juzgar y ejecutar la pena de muerte.

La indignación, el coraje y la frustración por la violencia y muerte que generan los grupos del hampa no deben hacernos perder la perspectiva de la sociedad civilizada, y a nadie nos gustaría que a alguno de nosotros o nuestros familiares con pretexto de haberlos confundido les acribillaran solo porque así lo decidió discrecionalmente un policía o militar. No caigamos en el juego de los totalitarios aceptando como adecuada una barbarie, eso es lo que buscan los hampones en contubernio con quienes están enquistados en fuerzas policiales y que pretenden pasemos a que todos estemos de acuerdo en que la ley se cambie y estemos a la discrecionalidad de un elemento armado que se convierte en ministerio público, juez y verdugo sumario, no siempre el fin justifica los medios ni los medios justifican maás barbarie.

 @salvadocosio1

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