Fuente Ovejuna

"#ESTIGMAdeCORRUPCION"

Enrique Peña Nieto pasó de figurar en portadas de revistas internacionales como el gran gobernante que transformó a México, a aparecer en los medios como símbolo de ineficacia y corrupción.

Tras el escándalo de la finca valiosa por cerca de 80 millones de pesos que se acredita como dueña la señora Angélica Rivera Hurtado de Peña Nieto, ella se mostró sumamente ofendida por las insinuaciones de enriquecimiento ilegítimo en contra de su esposo y dijo que la llamada “Casa Blanca de Las Lomas” que aparece a nombre del “Grupo HIGA” el consorcio beneficiado con varios importantes contratos de obra pública durante la administración que como Gobernador del Estado de México encabezó su marido, fue adquirida por ella en virtud de convenios con la empresa TELEVISA, pero tanto el contenido como la forma exultante de presentar la pretendida explicación generó amplia mofa de un amplio sector de la sociedad mexicana, además que voces de personajes que conocen bien el entorno de negocios de la televisora, como el historiador Enrique Krause, han señalado de inverosímil que esa empresa pudiere haber erogado millonarias sumas de dinero a favor de la actriz y ya el pueblo ha sentenciado de corruptos a la pareja presidencial, por más que el enojado Peña Nieto haya expresado su reclamo a quienes exhibieron el polémico asunto, profusamente difundido por casi todos los medios de comunicación en México y en diversos países del orbe.

El estigma de la corrupción golpeó con fuerza a Peña Nieto, quien a casi dos años de gestión presidencial ha incumplido su compromiso de abatir corrupción e impunidad. Y siendo clara la falla del gobierno federal mexicano en materia de abatimiento de crimen, inseguridad, corrupción, impunidad y violencia, mal se vio el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong al exigir mayor eficacia al Poder Judicial de la Federación y al de los Estados, siendo el propio gobierno el que abunda en prácticas que van desde la negligencia hasta la acción premeditada en contubernio con el hampa, recordando la actitud displicente y sospechosa que desde la misma Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la Republica (PGR) se toleraron crímenes en Guerrero en los que participaron miembros de la delincuencia organizada coludidos con funcionarios públicos ahora indiciados como criminales, de ahí que si en realidad quisiera Peña Nieto encontrar culpables de ese supuesto complot que asegura existe en su contra  para desestabilizar su gestión gubernamental,  debería de iniciar castigando a los funcionarios más importantes que son responsables de las áreas de Seguridad, Gobernación, Procuración de Justicia e inteligencia para prevenir o abatir crimen e inseguridad , así como a mandos altos y medios de las fuerzas armadas, recordando al respecto la matanza de Tlatlaya y la negligencia del Batallón militar en Iguala, que permitió fueran asesinados varios estudiantes normalistas de Ayotzinapa y secuestraran a los 43 educandos que aún siguen en calidad de desaparecidos, pero que es lo más seguro hayan sido asesinados, además de la muerte de un menor y varios heridos por balas lanzadas por policías de Puebla al atacar a manifestantes contra arbitrariedades del gobierno, entre otros asuntos espinosos en los que se han visto involucrados elementos de fuerzas militares y de las corporaciones policiales estatales, federales y de los municipios.

Y ante el anuncio que recién hiciere Osorio Chong  que anticipa que por orden del Presidente Peña Nieto habrá de realizarse una modificación sustancial en relación a “todo lo que no funciona” y en breve habrá restructuración radical para garantizar el Estado de Derecho y la Procuración de Justicia, a fin de recuperar la confianza de los ciudadanos, se provoca el insistente señalamiento en cuanto a que el Presidente debería iniciar suplan renovador removiendo a funcionarios que ostensiblemente han fallado como Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam, Monte Alejandro Rubido García y Eugenio Imaz Gispert, entre otros, además de establecer ya la “Agencia Nacional Anticorrupción”, creada en el papel desde el inicio de la administración y que inexplicablemente no se ha materializado aun, y la “Fiscalía General de la Nación”, de reciente aprobación, debiendo prohijar que a esas instancias arriben personajes con los perfiles más adecuados, conjuntando para ello experiencia, formación adecuada y sobre todo, honestidad, generando además que la sociedad pueda participar en los procesos para la designación, apoyando a estas nuevas instituciones y sean pronto capturados, consignados, procesados y sentenciados con castigo ejemplar cientos de criminales que siguen impunes burlándose del pueblo. 

Y al haberse conmemorado recientemente el día antiviolencia contra la mujer, es menester señalar que según “El Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio” casi 4 mil mujeres han sido brutalmente asesinadas en México durante 2012 y 2013, por lo que el reconocimiento formal del feminicidio como un delito especial en los diversos códigos penales, con tratamiento más severo en cuanto a la sanción para los criminales, ha sido poco exitoso para atenuar esta aberrante práctica delictiva y exista justicia más eficaz, pero además del alto número de asesinatos de mujeres identificados con violencia especialmente enfocada contra el género femenino,  han crecido la trata de personas, las violaciones y diversos otros delitos sexuales, la violencia doméstica y pese a los esfuerzos que realizan instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales, no hay  éxito claro en cuanto al abatimiento de prácticas criminales contra las mujeres, que además siguen siendo objeto de explotación laboral y de discriminación, por lo que es craso el incumplimiento del gobierno mexicano en cuanto a la determinación que en 2009 emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo preservar la vida, la libertad y los derechos fundamentales de las mujeres en México.

 @salvadocosio1

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