Fuente Ovejuna

#DAÑOSde2AÑOS

Enrique Peña Nieto tiene el más bajo nivel de aprobación y popularidad que algún otro primer mandatario mexicano haya obtenido en el primer tercio de su administración, pues según encuestas de Excélsior, El Universal y Reforma, registró un promedio de aprobación de entre 33 y 38 por ciento y la aprobación que entre líderes sociales y empresariales capta Peña se ubicó en 23 y salen reprobados los más cercanos colaboradores de Peña, destacando el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, con apenas un 4.2 por ciento de aprobación, así como el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, con un catastrófico 3.9.

La gente destaca las omisiones negligentes o la complicidad de funcionarios que enmarcan los crímenes ocurridos en septiembre pasado en Iguala y Cocula, Guerrero, de los que resultaron varios muertos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como los conflictos posteriores por el errático manejo, además del escaso éxito en la estrategia anticrimen y el que sigan creciendo la corrupción y la impunidad, de lo que es ejemplo la mansión que Peña y su esposa tienen en Las Lomas y la relación de esta finca con las empresas del Grupo HIGA, que se sabe han sido muy beneficiadas por Peña cuando fue gobernador del Estado de México y siguen gozando ahora que el mexiquense tiene el poder presidencial, como también incide en la impopularidad del gobierno la atonía económica y el que las reformas estructurales no han dado frutos y que al contrario han golpeado a la comunidad, especialmente la reforma fiscal, por lo que sale muy mal librado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Las nuevas propuestas presidenciales son insuficientes para generar confianza social y no hay programa de acción para resolver a corto plazo los severos conflictos existentes y en general la situación de inseguridad, incidencia criminalidad, alta corrupción e impunidad, además de la desconfianza del pueblo en las instituciones y especialmente de las fuerzas del orden, y no hay suficiente oferta creíble de acciones para incentivar la generación de empleos, la mayor inversión pública y privada en los sectores prioritarios a fin de provocar el aumento del salario, el fortalecimiento de la tarea de gobierno en pos de mejor calidad y cobertura en salud y educación, además del impulso de políticas sociales y otras medidas urgentes para atender la pobreza, el rezago y la marginación, generando integración y cohesión social.

No tiene Peña autoridad moral para pedir facultades plenipotenciarias que le permiten disolver gobiernos municipales si considera han sido vulnerados por el hampa o han cometido actos criminales por acción delictiva premeditada o por negligente omisión, cuando aún no explican él y sus funcionarios por qué desde la Secretaría de Gobernación, la PGR y el Ejército, entre otras dependencias, se actuó permitiendo o solapando crímenes en Guerrero y se equivoca en dar por hecho que es solo la policía municipal la que puede ser vulnerada por el crimen organizado, cuando está comprobada la participación de policías estatales y federales en actos criminales y con acciones prepotentes y abusivas contra ciudadanos.

Carece Peña de calidad moral cuando habla de actuar contra la corrupción y la impunidad y señala que hay muchos delincuentes disfrutando de libertad, ya que tanto él como su esposa están tachados por la oscuridad de sus declaraciones patrimoniales y tratos con empresas a las que les liga que Peña les haya beneficiado con importantes contratos de obra pública y es difícil creerle cuando promete una renovada lucha del gobierno federal para abatir criminalidad, corrupción e impunidad, ya que desde hace 2 años está aprobado desaparecer la Secretaría de la Función Pública Federal para crear en su lugar la Agencia Nacional Anticorrupción, y desde entonces hay un subsecretario encargado del despacho de esa institución “en proceso de desaparición”; además de no crear el nuevo órgano tampoco ha establecido la nueva Fiscalía General de la Nación, que como entidad autónoma aprobó el Congreso hace meses.

Los laureados cineastas Alejandro González Iñárritu, Emmanuel Lubezki, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón denunciaron: “La represión llevada a cabo por parte del gobierno de México durante las legítimas protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa así como el crecimiento de la corrupción y la impunidad, advirtiendo a los gobiernos y a la opinión pública mundial sobre la criminalización y represión de la protesta civil en México”; también un grupo de actores jóvenes difunden un video por medio del cual exponen los sucesos de Acteal, Tlatlaya, Guerrero y denuncian el clima de represión en tanto hay negligencia y complicidad para con el crimen organizado, acusando la desconfianza generalizada que dicen hay en relación a las fuerzas armadas y las corporaciones policiales, así como en general en cuanto al gobierno, resaltando la gran diferencia entre el trato deferente dado a criminales al detenerlos y la forma arbitraria y abusiva como se ha detenido y flagelado a manifestantes y a personas incluso ajenas a las marchas o mítines, señalando la detención de 11 personas acusadas por la PGR de ser incitadores y provocadores de actos violentos y que, capturados con extrema rudeza, fueron remitidos a penales de máxima seguridad, pero que gracias a las firmes presiones de la comunidad se aclaró fueron detenidos “al azar”, por lo que un juez les concedió libertad al no encontrar elementos para considerarlos delincuentes, a lo que la Policía Federal determinó sancionar a los elementos que realizaron la detención al comprobarse la violación de los derechos fundamentales y haberlos sometido a vejaciones mediante tortura física y psicológica, fallando las autoridades en detener y consignar a los verdaderos vándalos que estando identificados se les permite actuar con libertad manchando la manifestación en reclamo de justicia y permanecen impunes.

@salvadocosio1

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