Fuente Ovejuna

#COCHINADASyAUTOJUSTICIA

En tanto México sigue inmerso en la crisis por la violencia y el crimen, más las consecuencias de una poco exitosa respuesta de las autoridades gubernamentales, que ocasiona repudio y reclamos cada día más severos, el Presidente Enrique Peña Nieto está en China participando en los eventos de la Organización de Cooperación Económica Internacional de Países de Asia y el Pacifico Occidental, denominada “Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico” o “APEC “ por las siglas de su nombre en inglés: “Asia Pacific Economic Council “ y en el marco de ese evento el gobierno chino expresó un reclamo a Peña por la decisión de anular la licitación del Tren de alta velocidad que unirá a la Ciudad de México con la de Querétaro, concurso que fue nulificado tras muchas criticas al proceso de licitación, acusando se impidió participar a otras compañías y otorgando el contrato a un consorcio conformado por la empresa gubernamental china de construcción de ferrocarriles y un grupo de empresas mexicanas, que componen el “GRUPO HIGA”, pertenecientes a la familia Higareda, a la que Peña favoreció con importantes contratos durante su gestión como Gobernador  del Estado de México.

En el contexto de este asunto está el informe sobre la casa de valor cercano a los 80 millones de pesos que posee a familia del Presidente Peña en una exclusiva zona  residencial de la capital mexicana, que por su valor, excede ampliamente la posibilidad de adquirirla con los salarios devengados por Peña como servidor público y aunque la oficina presidencial ha comunicado que dicha finca pertenece a la esposa del Presidente, Angélica Rivera, casada con Peña bajo separación de bienes, la crítica señala que quien edificó la casa fue el citado “GRUPO HIGA”, presumiéndose el pago de favores previamente recibidos y la adjudicación de nuevos contratos y existiendo duda de la suficiente capacidad financiera de la Señora Rivera para adquirir semejante casona, permeando ya las voces que exigen información clara sobre la situación financiera y fiscal del matrimonio Peña-Rivera.

El concurso por el “Tren Bala” volverá a lanzarse, pero además de la dilación respectiva, el gobierno mexicano deberá indemnizar al consorcio chino por una suma cercana a los 600 millones de pesos y en tanto Peña permanecerá en China para una visita de Estado hasta el jueves 13 y continuará su gira rumbo a Australia, siguen en México los actos de protesta con violencia en diversas localidades de Guerrero, al amparo del pretexto de exigir respuesta verídica en relación a los crímenes de Iguala cometidos en septiembre pasado  y la ola criminal continúa inundando muchos estados de la República Mexicana, entre ellos a Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México y el Distrito Federal,  así como Jalisco,  donde hay ejecuciones a plena luz del día en zonas muy transitadas y enclavadas tanto en lugares que habitan o visitan las clases medias como en donde acuden o transitan ciudadanos con un más alto nivel de ingresos, y sobre todo en Tamaulipas, donde hace pocos días ejecutaron al General Ricardo César Niño Villarreal, quien tenía a su cargo la seguridad en el Norte de Tamaulipas y ya había sufrido un atentado el pasado el 9 de octubre, del que resultó ileso al viajar en un auto blindado y con escolta, por lo que resulta extraño que en el ataque que costó la vida a él y a su cónyuge, el General Niño iba sin escolta, en un vetusto y poco seguro trasporte civil y hay un total hermetismo de la Procuraduría General de la Republica (PGR) como del Ejército ¿Habrá algún tipo de complicidad al “mandarlo al matadero”?

Como en muchísimos lugares de México, Tamaulipas sigue con violencia incesante; en octubre pasado sicarios asesinaron a una mujer acostumbrada a denunciar crímenes y en su cuenta de twitter se publicaron imágenes  del cadáver  con el mensaje: “Cierren su cuenta, no arriesguen a sus familias como lo hice yo”.

Hace poco fueron ejecutados los jóvenes hermanos estadunidenses de origen mexicano Érica, Alejandro y José Ángel  Alvarado Rivera, por cuyo asesinato se achaca a Policías de Matamoros, Tamaulipas, Ayuntamiento que gobierna Leticia Salazar, militante del Partido Acción Nacional (PAN), lo que refleja la infiltración del hampa en los cuerpos de seguridad, que igual sucede en municipios como Cocula, en Guerrero, gobernada por un Alcalde emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o en Iguala, que como se sabe tenía por Alcalde al hoy encarcelado José Luis Abarca, destacado militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Dicen que ya los diversos partidos evitarán postular como candidatos a cargos de elección a quienes tengan historial criminal e impedirán que criminales se conviertan en autoridades y tengan a su mando la fuerza pública que en vez de proteger y servir a la comunidad sean la más terrible amenaza para la paz, la libertad y la vida de los habitantes, pero los hechos hacen que haya gran desconfianza.

Ante la ineficacia de las autoridades responsables de controlar la acción de las fuerzas del orden que actúan contra la sociedad, así como de las responsables de procurar e impartir justicia, existe una gran cadena de complicidades que genera impunidad y  el pueblo “¡ya se cansó!”, no nos sorprenda que muy pronto cundan por todo el país muchos grupos comunitarios armados para auto protegerse y, lo más grave, para auto procurarse justicia. 

@salvadorcosio1

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