Fuente Ovejuna

#CARPETAZOyDESCREDITO

Padres de normalistas victimados en Iguala viajarán a Ginebra, Suiza, los próximos días 2 y 3 de febrero para denunciar al gobierno federal mexicano ante el Comité contra la desaparición forzada de la Organización de Naciones Unidas. 

El pasado 20 de enero la Procuraduría General de la República (PGR) dijo tajante que existe evidencia sólida de que sí mataron a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Fuentes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de Septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y ayer el titular de la PGR Jesús Murillo Karam anunció nueva información, la confesión de otro presunto integrante del Cártel criminal “Guerreros Unidos” conocido como **El Terco o **El Cepillo, y que se suma a los datos que, dice, han aportado otros sujetos ya antes detenidos por estar supuestamente involucrados en los crímenes.

Parece que el tema habrá de centrarse exclusivamente contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, así como mandos y elementos de la policía municipal de ese municipio y del de Cocula, al igual que los supuestos cabecillas y el numeroso grupo de presuntos sicarios del Cártel criminal “Guerreros Unidos”, a quienes imputan el levantamiento y la alegada muerte de los alumnos de Ayotzinapa, a quienes a partir de ello dejarían de buscar en calidad de desaparecidos y quedar como asesinados, aun sin los elementos legales sólidos para ello, ya que la PGR se ha limitado a buscar confirmar la hipótesis de que fueron asesinados y cremados.

Los padres de los educandos desaparecidos, muchos líderes sociales y de organizaciones cívicas nacionales e internacionales exigen a la PGR investigue la posible responsabilidad del Ejército Mexicano en cuanto a los crímenes en Iguala, así como a que establezca respuesta clara en relación a los señalamientos de los científicos que tildan de mentira la inverosímil hipótesis oficial sobre la cremación, recordando que existen indicios y testimonios de sobrevivientes que señalan presencia de militares en la clínica a la que un grupo de estudiantes llevó a uno de sus compañeros herido, y los soldados les impidieron recibir atención médica, además de no tomar en cuenta los datos acopiados por La Universidad de California y La Revista Proceso que difundió la Cadena UNIVISION, que indician posible participación de militares y agentes de la Policía Federal en los ataques y denotan que autoridades estatales y federales diversas monitoreaban a los estudiantes al ser atacados y nada hicieren al respecto, por posible colusión con el crimen organizado, siendo cuestionable que la PGR se limite a culpar al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y a su esposa, además de los policías de ese municipio y a los jefes policiales y elementos del orden de Cocula y algunos funcionarios de ese gobierno municipal, pero dejando sin imputar al alcalde priista de ese lugar César Miguel Peñaloza y al Gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y a quien fuere el Procurador Estatal de Justicia Iñaki Blanco, todos estos personajes aún impunes.  

La PGR omitió considerar registros de llamadas telefónicas hechas entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, evidencias forenses recuperadas en el lugar de los hechos y se basa solo en supuestas confesiones de presuntos sicarios del grupo criminal “Guerreros Unidos” para sostener la hipótesis de que los estudiantes fueron asesinados y cremados mientras que desestima testimonios de estudiantes sobrevivientes y habitantes de Iguala, que refieren presencia de militares en los hechos ocurridos esa noche de septiembre así como testimoniales de habitantes y rechaza dogmáticamente los elementos científicos de los expertos de la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a los que pretende simplemente desacreditar sin refutar sus argumentos con base en respuestas científicamente documentadas.  

Padres y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa victimados en Iguala están molestos porque la PGR no les informó a ellos, antes que a los medios, sobre la imposibilidad de identificar los restos enviados a Innsbruck y consideran existe estrategia mediática para deslegitimarlos haciéndolos ver como intransigentes que dañan premeditadamente al Ejército Mexicano, cuando en realidad hay una incapacidad de dar respuesta jurídica a sus preocupaciones legítimas, y advierten que a más de 4 meses de los crímenes, Murillo Karam busca evitar investigación que pueda involucrar a funcionarios de la milicia, de la misma PGR o de la Secretaría de Gobernación, mostrando plena incapacidad del gobierno en dar una respuesta certera a los padres de las víctimas, a la sociedad mexicana y a la opinión pública internacional y la apuesta del gobierno federal es que el tema se diluya, a fin que Peña Nieto pueda ir a importantes eventos como el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza o la reunión de los Países de la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe (CELAC), a cuyas últimas convocatorias no ha acudido el Presidente mexicano al padecer demasiado descrédito mundial por la inestabilidad sociopolítica y los notables casos de corrupción en que se le ha involucrado ostensiblemente. 

 @salvadocosio1

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