Apuntes

Telecomunicaciones y contenidos

La iniciativa de decreto del Presidente Enrique Peña Nieto para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se tendría el marco jurídico secundario para aplicar los principios constitucionales establecidos en esa materia en el artículo 6° le abriría la puerta para que la Secretaría de Gobernación sea la principal administradora de tiempos y contenidos en telecomunicaciones y radiodifusión en México, trastocando lo establecido en la Constitución Política de México en detrimento del órgano regulador para ello, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).

La Constitución es clara en el inciso V del apartado B en el artículo 6°: “En materia de radiodifusión y telecomunicaciones […]: La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto […] asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.”

En tanto, la iniciativa de decreto del Ejecutivo federal, al señalar la competencia de autoridades sobre contenidos audiovisuales (artículos 218 y siguientes) establece en primer lugar a la Secretaría de Gobernación, luego a la de Educación (SEP), a la de Salud (SS), y al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE); pero ignora sin más al órgano constitucional IFETEL. Se entiende, por su competencia y especialidad la participación de la SEP, SS e INE, pero Gobernación, ni vela en el entierro, menguando lo que la Constitución le da al IFETEL.

En este punto sustancial no sólo está en juego una disposición constitucional, sino la viabilidad de un nuevo espacio de libertad en el derecho a la comunicación que se conculcaría si queda en manos de un órgano de gobierno, no de Estado. La tentación del control de contenidos, como en otrora tiempos está en juego.

Por cierto, ¿qué dicen al respecto los comunicadores profesionales en México? 

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