Articulista Invitada

La mitad de los lectores, víctima potencial de la trata

De acuerdo con Walk Free, 47% de los mexicanos puede caer en redes de trata. Por ello, lo que hoy está en juego en la Cámara de Diputados es la vida de millones.

A finales de octubre, el Senado aprobó un proyecto para reformar la Ley General Contra la Trata. Desde que esta propuesta se originó en 2014 hemos advertido que es benevolente con los criminales y lesiona los derechos de las víctimas.

Sabemos que, en completa contradicción con los valores que su partido busca defender, algunos senadores del PAN han condicionado (chantajeando) las votaciones de otras iniciativas hasta que se apruebe la minuta sobre trata según sus términos, es decir, con graves retrocesos.

¿Por qué estos senadores panistas han recurrido a tales artimañas en lugar de mantenerse en el debate técnico? ¿Por qué algunos legisladores priistas están dispuestos a prestarse a este abuso? Esta negociación nos indigna porque la moneda de cambio no puede ser la vida de la gente más vulnerable de este país.

Como muchos expertos y penalistas, José Fernández de Cevallos ha señalado que una de las modificaciones más peligrosas de esta minuta es la del artículo 10. Allí, el Senado propone incluir medios comisivos en la definición del delito y aunque esto lo plantean como una armonización con leyes y tratados internacionales, la realidad es muy distinta.

Esta semana, dos senadores estadunidenses denunciaron que presiones políticas han interferido en la elaboración del informe anual sobre trata de personas que realiza su gobierno. Este reporte, presuntamente manipulado, ha sido varías veces citado por las creadoras del proyecto de ley.

Ante esto, debemos conocer las experiencias de otros países para tomar de cada una de ellas lo que mejor se adapte a nuestra realidad.

Conversamos con Yves Charpenel, abogado francés que impulsó la nueva legislación de su país en materia de trata, e investigamos sobre las leyes que se han promulgado en los últimos años en América Latina.

Según la propuesta del Senado, los medios comisivos son parte integrante y constitutiva del tipo penal. Es decir, para acreditar el delito de trata debe demostrarse que los victimarios emplearon la amenaza, uso de la fuerza, engaño, seducción, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, etcétera.

En consecuencia, si la víctima o el Ministerio Público no consiguen demostrar tales medios, el tratante saldrá libre y la víctima quedará desprotegida. Pero ¿cómo comprobar el uso de recursos que no suelen dejar pruebas materiales? ¿Cómo se le exigirá a las víctimas tener la entereza emocional, física y psicológica para demostrar cómo fueron sometidas?

Agregar los medios comisivos al tipo penal es cometer una tremenda injusticia. Como prueba de ello ya tuvimos la legislación de 2007, que hacía casi imposible comprobar el delito. Fuimos testigos del sufrimiento de los y las sobrevivientes a quienes se les revictimizó.

Para terminar con esta situación, la ley general eliminó los medios comisivos y los consideró agravantes. Entonces, comprobamos que esto ayudaba a las víctimas, quienes completamente destruidas, se encontraban incapacitadas para demostrar cómo habían sido violentadas.

Por eso, introducir de nuevo los medios comisivos es dar un enorme paso atrás.

Yves Charpenel, fiscal de la Suprema Corte de Francia que estuvo presente en la redacción del Protocolo de Palermo en 2000, nos explicó por qué la ley de su país no cuenta con medios comisivos en el tipo penal. Hacerlo significaría dificultar la identificación de las víctimas, complicar la detección del delito, favorecer la impunidad de los delincuentes y abrir una gran puerta a la industria de la explotación de seres humanos.

Además, exigir que se comprueben los medios comisivos de delitos como la trata con fines de mendicidad forzada o extracción de órganos demuestra una incomprensión de la naturaleza de este fenómeno: el uso de medios comisivos es implícito ya que nadie puede consentir ser explotado. Es por esto mismo que el Protocolo de Palermo exhorta a no considerar el consentimiento de las víctimas como un elemento legítimo en la defensa de los ofensores.

Ahora bien, ¿qué ha sucedido en América Latina en los últimos cinco años?

Desde 2011, siete países han eliminado los medios comisivos del tipo penal de trata de personas. Panamá, Argentina, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Paraguay y México son las naciones que evitan que la carga de la prueba recaiga en la víctima.

En un artículo disponible en el sitio web de la Universidad de Palermo, Marcelo Colombo, fiscal antitrata de Argentina, concluye que no puede condicionarse la acreditación del delito de trata al cumplimiento de medios comisivos pues engaña al juez haciéndole creer que el consentimiento de una víctima exculpa a sus victimarios o suaviza la pena.

Por otra parte, la UNODC escribe en la página 32 de su manual de la ley modelo: “En algunas legislaciones nacionales, la trata de personas se define sin referencia al uso de medios, considerando que algunas formas de explotación son coercitivas por su propia naturaleza. En esos casos, la definición incluye una referencia a los actos y a la finalidad de explotación. Ello facilita el enjuiciamiento de delitos de trata de personas y ha resultado eficaz en ese contexto”.

Sin embargo, la inclusión de medios comisivos en el tipo penal no es lo único que nos preocupa. La propuesta del Senado para el artículo 10 también impide la persecución de los líderes de las redes criminales, quienes no están involucrados en la ejecución del delito, pero sí son los principales beneficiarios.

La Cámara de Diputados ahora tiene la gran responsabilidad de frenar este proyecto pues no solo no contempla a la trata como una modalidad de crimen organizado, sino que también limita el objeto de la ley al respeto del libre desarrollo de la personalidad y no a todos los derechos inherentes a la dignidad humana. Además, deroga el artículo 19, similar al que tienen Israel y Australia en sus leyes contra trata, que ataca en específico a las mafias detrás de los giros negros.

Llamamos a todos los legisladores a no dejarse amedrentar: está en juego la libertad de los mexicanos, defiéndanla. Es crucial que el debate sobre la ley sea técnico y sin presiones políticas. En una discusión de este tipo, ningún penalista  honesto podría defender la reforma. Expertos y académicos concluyen al estudiarla que el tipo penal que proponen beneficia a los tratantes y perjudica a las víctimas.

Diputados y diputadas, en sus manos está detener una minuta que permitiría que cientos de tratantes salgan libres a las calles. Abogados han advertido que podemos esperar una cascada de amparos si esta ley es aprobada. Sobrevivientes han expresado su miedo de que sus victimarios sentenciados regresen a buscarles por venganza. Sabemos que ustedes no quieren eso.

Estamos convencidos de que escuchar las voces de personas de otros países es importante para enriquecernos con sus visiones. Así como algunos legisladores han escuchado la opinión de gente de Estados Unidos, escuchemos a los ponentes del Foro “Explotación sexual: violación de derechos humanos”, de países como Suecia, Francia y Argentina. Que sea un concierto de voces y no la imposición de una sola. Pero sobre todo, que la decisión sea nuestra para crear una ley en cuyo centro estén las víctimas.

Todos podemos denunciar trata al 01800 5533000 o en unidoshacemosladiferencia.com