Articulista Invitada

Ni un paso atrás en la lucha contra la trata

El pasado 26 de octubre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) confirmó que el juez 32 penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, emitió una sentencia mixta contra Abimael Muñoz Ocotitla, quien recibió una pena de 53 años y cuatro meses de cárcel, y Darío Lara Lara, condenado a 25 años de prisión, ambos por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada. Dentro de la causa penal 302/2011, el impartidor de justicia también estableció que los ahora sentenciados deberán pagar 189 mil 600 pesos de manera mancomunada por concepto de gastos psiquiátricos a favor de la agraviada.

La joven fue secuestrada en una parada de camión en el poblado de Panzacola, Tlaxcala, y obligada a prostituirse en Izúcar de Matamoros, Puebla; Poza Rica, Veracruz; Campeche, Campeche; Tijuana, Baja California, y Cuautla, Morelos, así como en el Distrito Federal. Durante el tiempo que estuvo cautiva fue golpeada, quemada con cigarros y obligada a ver cómo torturaban a otras jóvenes como una forma de amenaza para que no intentara escapar. También fue testigo de la violación y asesinato de una niña de 13 años en la ciudad de Campeche y la muerte de una compañera de 16 años en Tijuana: al momento en que pretendía huir, Dulce murió en sus brazos cuando tenía tres meses de embarazo.

Cuando finalmente logró escapar, en la Ciudad de México, gracias a un descuido de sus captores, fue rescatada por elementos de Seguridad Pública, quienes la trasladaron a la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo entonces de Juana Camila Bautista, hoy fiscal para la Atención del Delito de Trata de Personas, en donde le dieron el apoyo para integrar la denuncia que permitió la captura de los dos delincuentes.

Casos como este, que lastiman, vulneran y destruyen la dignidad de las víctimas y de sus familiares, me recuerdan a diario lo mucho que nos falta por hacer en la batalla contra la trata de personas y por qué no podemos ni debemos bajar la guardia.

Hace tan solo 16 meses, en junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que fue presentada en el Senado por Manlio Fabio Beltrones como resultado del trabajo realizado por 104 legisladores de todos los partidos políticos. A partir de ese momento el Estado cuenta con un instrumento legal que cumple los estándares internacionales de protección a las víctimas y permite la persecución y sanción de los delitos.

Las autoridades comprometidas con la materia comenzaron a aplicar la nueva ley y, al poco tiempo, los procuradores de nueve estados, entre ellos Chiapas, Puebla y Distrito Federal, constataron su eficacia y compartieron los enormes avances alcanzados en escasos meses. Por ejemplo, la fiscal de Atención al Delito de Trata de Personas en el DF comentó: “Con la nueva ley general hemos logrado en tres meses lo que con la anterior en cinco años”.

Esta ley ha permitido rescatar a las víctimas de trata, así como detener en flagrancia a los tratantes y explotadores, y ponerlos a disposición de jueces y ministerios públicos. Por ello es incomprensible que justo cuando la ley está surtiendo el efecto esperado, los especialistas de organismos internacionales se congratulan de su existencia y la aplauden; la sociedad da nuevas muestras de confianza y comienza a colaborar con sus denuncias (a través del 01800-5533-000 y de nuestro portal www.unidoshacemosladiferencia.com) y se está recuperando y reinsertando en la sociedad a un número de víctimas sin precedente, aparezca en escena una iniciativa para reformar más de 75% de dicha ley.

Para aquellos que no estén al tanto, el 8 de octubre del presente año Adriana Dávila Fernández, senadora por Tlaxcala en la 62 Legislatura, formuló ante el pleno del Senado una propuesta de graves retrocesos en reformas a la actual Ley General contra la Trata. Entre otras cosas, se pretende suprimir decenas de artículos; eliminar las agravantes al delito de trata previstas —como consecuencia se manejaría el tipo penal como general, dejándolo ambiguo y poco aplicable en la práctica—; excluir el fondo de recursos que hoy se contemplan para las víctimas; suprimir los adelantos conseguidos en materia de protección, prevención y atención en favor de las víctimas —lo cual, inclusive, contraviene la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011— y que la publicidad se sancione solo cuando sea dolosa.

Me queda claro que toda ley es perfectible, yo misma así lo he señalado en artículos anteriores, pero jamás podré estar a favor de disminuir los beneficios para estas víctimas que tienen características especiales. Debemos distinguir claramente entre las propuestas que implican avances —como las manifestadas por las senadoras Cristina Díaz y Gabriela Cuevas— y las que suponen un retroceso.

Como nos explicó Rocío Morales Hernández, jueza sexagésimo primera de lo penal, quien opera esta ley desde su publicación y tiene más sentencias en la materia: “Es importante que la ley concientice a jueces y ministerios públicos sobre las características particulares de las víctimas de trata y cómo debe tratárseles, les dé los lineamientos jurídicos para realizar el debido proceso y garantizar que el acceso a la justicia valga tanto para el inculpado como para la víctima. ¿Cómo se puede lograr en la práctica? Al integrar todo en una sola ley de fácil consulta, como es el caso de la ley general vigente, porque si se divide en cinco o seis leyes, aunque sean técnicamente perfectas, se puede dificultar el manejo y la capacitación de los operadores. Cuanto más técnica es una Ley, más difícil de interpretar y, por lo tanto, más sujeta a la interpretación subjetiva del juzgador.

“También debemos tener en cuenta —continúa Morales Hernández— que toda ley es perfectible, pero no podemos saber a priori cuáles son sus fallas, sino hasta llevarla a la práctica. Si no se le da la oportunidad a una ley de ser aplicada, no la puedes modificar en sus debilidades ni le permites continuar en sus fortalezas, porque no sabes qué es lo fácil de aplicar y qué es lo difícil. Ya no podemos trabajar como hace años, cuando separábamos lo legal de lo real, porque a partir de la promulgación de las leyes internacionales en materia de derechos humanos, antes que nada debemos tomar en cuenta la dignidad de las personas”.

En la Comisión Unidos contra la Trata AC reconocemos que hay puntos de la ley que se pueden mejorar, pero la iniciativa presentada por la senadora Dávila tiene una gran cantidad de normativos que pueden hacerla más difícil de aplicar, porque va a llevar más tiempo unificar criterios. Por esta razón, hacemos un llamado a los legisladores de todos los partidos políticos para que: 1) Se dé tiempo a la ley que acaba de nacer para que sea evaluada por expertos; 2) cualquier reforma que se pretenda realizar a la Ley de Trata vigente se haga de manera transparente, en foros públicos, de cara a los medios de comunicación y la ciudadanía, tal y como se hizo en la legislatura pasada; 3) no se les quiten ni un derecho a las víctimas; 4) se consulte con los operadores jurídicos de la ley (ministerios públicos y jueces); y 5) en el caso de avalar cualquier propuesta de reforma en materia de trata, procuren alcanzar consensos.

A los medios de comunicación les solicitamos que continúen con su apoyo a la difusión y defensa de los derechos de las víctimas, y a la sociedad en su conjunto le hacemos un llamado para que siga denunciando la trata de personas, se sume a la defensa de la ley vigente y no permita ningún retroceso en la materia. Queremos que haya más sentencias como las de Abimael Muñoz y Darío Lara, y que la delincuencia organizada esté consciente de que no puede seguir actuando impunemente.

*Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata AC.