Articulista Invitada

¿Por qué miente?

Los intereses políticos o económicos no deben estar sobre los derechos humanos. Cuando esto sucede, la justicia es obstruida; sin embargo, hay autoridades que prefieren creer engaños para justificar su inacción contra la trata

Falsear la cantidad de sentencias logradas en México por el delito de trata de personas no es solo minimizar el trabajo de centenas de funcionarios en los aparatos de justicia de nuestro país, es también insultar a la sociedad intentando engañarla y es una falta de respeto a las víctimas atendidas, porque sus historias no pueden ser borradas tan simplemente como dar un número en vez de otro.

Decir, como se dijo el día 15 de diciembre de 2016 a las 8:14 AM en MVS, que solo se han dictado siete sentencias, cuando en realidad, a diciembre de 2015, según datos oficiales, hay más de 600, es una mentira no inofensiva. Una mentira así desinforma, atemoriza y desestabiliza; intenta engañar a diputados para aprobar la ley Dávila que beneficia a tratantes. Agradezco a Luis Cárdenas, quien me permitió al día siguiente aclarar esta situación.

Ante la mentira, defendamos la verdad.

Una mentira siempre lleva a otra y de allí que el 9 de febrero la estrategia de la presidenta de la Comisión de Trata del Senado haya sido desestimar las cifras oficiales que cada entidad proporcionó y hacer de este tema, en momentos electorales, un circo.

Además ha hecho graves y falsas acusaciones hacia la lucha contra la trata en la Ciudad de México. La capital ha recibido reconocimiento de la comunidad internacional, pues por sí sola ha emitido más sentencias condenatorias en este delito que la mayoría de los países del continente. De acuerdo con los informes más recientes del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, se han emitido 254 sentencias. Esto no significa que se ha solucionado el flagelo de la trata, pero sí que hay avances que deben ser señalados.

La misma senadora que altera el número de sentencias sostiene que las autoridades no castigan a los verdaderos criminales y que se ha condenado a trabajadores “inocentes” (cómplices sin duda), mientras los dueños de los establecimientos siguen libres. Sin embargo, en la Ciudad de México, podemos mencionar diversos casos en donde todos los explotadores involucrados, desde autores intelectuales hasta ejecutores, han sido procesados.

El caso con mayor trascendencia internacional ha sido el de Alejandra Gil, quien fue detenida en febrero de 2014 y sentenciada a 15 años de cárcel en marzo de 2015, gracias a la denuncia de tres víctimas, entre ellas la superviviente y activista Madaí Morales. Durante más de 30 años Gil controló la explotación sexual en Sullivan. Protegida durante décadas por políticos, fundó incluso una asociación civil que decía proteger los derechos de mujeres en situación de prostitución, pero en realidad era una explotadora que cobraba cuotas por “seguridad”, participaba en la vigilancia y sometimiento psicológico de las víctimas y saboteaba los operativos contra la trata. Finalmente, fue sentenciada al igual que su hijo Omar Sayún.

Otro caso que recibió gran atención de los medios de comunicación y que la procuraduría capitalina resolvió es el de Zunduri, la joven que fue sometida a esclavitud en una tintorería de Tlalpan, quien escapó en abril de 2015 y mostró a México y al mundo una historia y un cuerpo que evidenciaban la crueldad de la explotación humana. Sus victimarios, dueños de la tintorería, José de Jesús Sánchez Vera, Leticia y Fani Molina Ochoa, Ivette y Jannet Hernández Molina, fueron sentenciados a 30 años de prisión en diciembre de 2016.

Asimismo, operativos en giros negros han llevado a la detención de sus propietarios, los principales beneficiarios económicos de este crimen. A finales de agosto del año pasado la Policía Federal y la fiscalía antitrata rescataron a 15 presuntas víctimas en el bar Hexagrill, en la colonia Roma; el dueño de este establecimiento actualmente enfrenta cargos. En octubre, el bar La Tirada, localizada en el centro, fue cerrado y su dueño procesado. De igual manera, a inicios de este año, se desmanteló una red de trata en la colonia Hipódromo. “La casita” operó durante 35 años explotando sexualmente a jóvenes extranjeras que eran enganchadas con ofertas de trabajo bien pagado en México y que una vez recibidas por los tratantes, eran despojadas de sus pasaportes. Este modo de operar es contemplado por el artículo 19 de la ley vigente en materia de trata (artículo que la ley Dávila pretendía derogar) y permitirá castigar a los detenidos (una señora de 83 años, su hijo y su nieto, quienes son los presuntos dueños del establecimiento, así como a una cajera que tenía conocimiento de la situación) que ya se encuentran vinculados a proceso.

Otros giros negros clausurados son el bar Static, cuyo propietario ya fue sentenciado; el bar Marné, donde también fue detenido el dueño, y el bar Bronco, cuya dueña fue condenada a 22 años de prisión.

Ante esto, es insostenible la mentira de que solo se han dictado siete sentencias y que los dueños de los giros negros no han enfrentado juicio. Sin embargo, hay gobernadores y otras autoridades que prefieren creer estas mentiras para justificar su inacción contra la trata.

Los intereses políticos o económicos no deben estar sobre los derechos humanos. Cuando esto sucede, la justicia es obstruida. Hay que decirlo, esto es lo que ha sucedido con el caso del Solid Gold, ya que ex procuradores han empleado sus influencias para evitar que los dueños pisen la cárcel.

Es preocupante que en la Comisión de Trata del Senado se originaran estas mentiras que protegen el mafioso negocio de la esclavitud moderna. A los políticos que sí respetan la dignidad y a aquellos que buscan contender por gubernaturas les recordamos que solo hay dos opciones a elegir respecto a la explotación humana:

El negocio o la cero tolerancia.

Como el resto del mundo, México tiene que escoger entre un modelo de sociedad donde existen ciudadanos de primera y de segunda, o un modelo fundamentado en la libertad y en la igualdad.

En la primera deleznable opción la explotación es un negocio que debe ser regulado; para que pueda ser aceptado por la sociedad, se promueve una cultura de la cosificación y mercantilización de los seres humanos: si las personas somos cosas y las cosas tienen precio, las personas se pueden comprar y vender. Es un modelo de sociedad que se alimenta de las desigualdades sociales, al mismo tiempo que las fortalece y las perpetúa.

En la segunda opción, la CERO TOLERANCIA, se denuncian los mecanismos sociales (la desigualdad, la marginación, la discriminación, etcétera) que hacen posible la explotación humana y se busca erradicarlos. La sociedad se funda en el respeto a la dignidad humana y, por ende, defiende que el ser humano no está a la venta, así que no se toleran los giros negros ni las zonas de esclavitud. Al mismo tiempo se ejerce un sentido responsable de la libertad y se construye una auténtica igualdad de oportunidades.

Hacemos esta pregunta a todos los políticos que ocupan o desean ocupar un cargo público: ¿Cuál es el proyecto de nación que quieren emprender? ¿Se unirán a la lucha contra la explotación humana que los países más avanzados en derechos humanos, como Suecia, Francia, Canadá, Islandia e Irlanda han comenzado? ¿Trabajarán para que los explotadores finales, quienes crean la demanda de este seudo negocio, sean castigados?

¿Qué opción elegirán? La primera trae consigo enormes riquezas materiales para unos cuantos, pero solo la segunda puede hacer grande a una nación, pues protege a los más vulnerables y persigue la felicidad de cada uno de los seres valiosos y únicos que en ella han nacido.

Todos podemos denunciar trata al 018005533000 o en unidoshacemosladiferencia.com.

@rosiorozco

*Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata AC. Twitter: