Articulista Invitada

Cabildean en la embajada de EU para 'suavizar' ley contra la trata

Este intervencionismo aboga para que la explotación funcione como un negocio legítimo que enriquece de forma desordenada a quienes la llevan a cabo

La frontera entre México y Estados Unidos es una de las más peligrosas del mundo. A los miles de migrantes muertos habría que sumar las víctimas de la explotación: giros negros, menores no acompañados que nadie puede dar cuenta de su paradero y campos agrícolas ilegales forman un corredor de la esclavitud entre ambos países. 

Se sabe también que existe una red de trata que se origina en Tlaxcala pasa por Atlanta y llega a Nueva York. A finales de 2016 fueron detenidos cuatro tratantes en Tenancingo, Tlaxcala, y otros dos en territorio estadunidense, durante un operativo simultáneo realizado por la Procuraduría General de la República, en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Con lo anterior debe quedar en claro que la relación entre ambos países es compleja en el tema de trata de personas y que se requiere cooperación para solucionarlo. Esa cooperación debe ser precisa y, sobre todo, de respeto.

No obstante, algo extraño está sucediendo entre los dos países.

Hay personas no nacionales intentando presionar e imponer sus intereses a los legisladores mexicanos para que desistan de luchar contra la explotación de los seres humanos. El peligro es enorme, ahora no solo corren riesgo nuestros recursos naturales, sino la vida de los mexicanos y mexicanas más vulnerables, nuestros hijos entre ellos por supuesto.

Algunos estadunidenses han pedido a legisladores reunirse con “completa discreción” en la embajada de nuestro vecino del norte para conversar sobre la ley en materia de trata de personas. Los extranjeros cabildean a favor de la iniciativa del Senado, cuya principal propuesta es la reincorporación de los medios comisivos en la definición de los tipos penales.

Como se sabe, esta iniciativa fue detenida en diciembre de 2016 por más de 270 diputados que externaron explícitamente su preocupación por los tipos penales definidos por esta reforma, ya que se temía que “de ser aprobados, pudieran mediante amparo permitir a algunas personas que están purgando condena por trata alcanzar su libertad”. Es decir, en ese momento, la iniciativa fue frenada, pues se temió que pudiera permitir la liberación de tratantes poniendo en peligro a las víctimas que los denunciaron.

Asimismo, los legisladores que apoyan una ley donde los medios comisivos no se incluyan en el tipo penal atienden al documento de la ley modelo de Naciones Unidas, en el que se indica que pueden existir legislaciones que hacen uso de una redacción donde los medios comisivos estén implícitos en la misma naturaleza de la trata de personas y como agravantes al delito.

Ahora bien, la decisión de más de la mitad de la Cámara de Diputados, basada en análisis de abogados penalistas con reconocidas trayectorias, académicos, activistas y sobrevivientes del delito, es amenazada por extranjeros, en un acto que demuestra una falta de respeto contundente por la soberanía nacional.

El argumento de estos estadunidenses exige que México debe adaptar sus leyes a las de su país. Según ellos no solo México, sino los otros siete países latinoamericanos cuyas leyes en materia de trata no incluyen medios comisivos en la definición del tipo penal, aseguran también que de no hacerse este cambio se detendrá el financiamiento para el combate a las redes delictivas.

¿Debe México ceder a esta clase de presiones? Sabemos que de estar al tanto de esta situación, el gobierno estadunidense y sus ciudadanos estarían indignados. Porque no es la embajada como institución la que está actuando de esta forma, sino individuos, personas que tienen la misma ideología que aquellos que intentaron detener a Rachel Moran, impulsora de la ley moderna que castiga al cliente explotador en Irlanda.

Estamos seguros de que el gobierno de Estados Unidos y la mayoría de sus ciudadanos no apoyarían este intervencionismo que aboga por que la trata de personas funcione como un negocio legítimo que enriquece de manera desordenada a los explotadores.

En estos momentos se lleva a cabo un debate mundial preponderante entre dos posturas, la cero tolerancia y la visión mercantilista de la explotación. México ha avanzado hacia la primera valientemente, ha costado muchísimo; no podemos dar marcha atrás manipulados por los intereses económicos de los dueños de los giros negros que hacen uso de todo tipo de estrategias para conservar sus seudonegocios. Explotación es explotación, no hay una mala que deba ser castigada y otra buena que deba usarse para lucrar.

Estamos convencidos que la manera más efectiva de dar solución a la violencia que vivimos en México, sobre todo el erradicar los feminicidios y las desapariciones de niñas, es la “cero tolerancia” a la venta de seres humanos. La cero tolerancia implica hacer visible que hay un explotador final, un cliente que es el origen del delito, pues su demanda crea la oferta. Esto no se puede visibilizar en Estados Unidos donde, en la gran mayoría de los estados, las víctimas de explotación sexual y las personas en situación de prostitución son criminalizadas.

Ellas son detenidas, extorsionadas, estigmatizadas, denigradas por las autoridades mientras que los explotadores finales son simplemente llamados Johns. ¿Cuándo tendrán nombre y apellido esos Johns? ¿Cuándo serán ellos los señalados, los sancionados, por ser compradores de seres humanos incluso a consciencia de que son menores de edad o víctimas de trata?

Tan solo en Tijuana, según estiman organizaciones civiles locales, 90 por ciento de los clientes de la explotación sexual son extranjeros y más de 80 por ciento de las víctimas fueron llevadas a la frontera como menores de edad. Estos explotadores finales han hecho de nuestro territorio fronterizo un verdadero mercado de personas. Esta situación, la complejidad de nuestra relación, no puede ser pasada por alto al exigir que México sujete sus leyes a las de Estados Unidos como si no fuera necesario mantener el diálogo y como si la subordinación no fuera un atentado contra nuestra soberanía.

Estamos seguros de que Ivanka Trump, quien impulsa la agenda contra la trata en la Casa Blanca, no sabe lo que está sucediendo en México, porque de ser así, no lo permitiría. Muchos estadunidenses han quedado horrorizados al saber la presión ejercida por algunas personas en la embajada que buscan de manera incesante que México retroceda.

Como mexicanos preguntamos, ¿Quiénes son los individuos que incitan a nuestros legisladores? ¿Quiénes son los legisladores que han aceptado la invitación de estas personas en la embajada y que se han dejado convencer de que la explotación puede ser un negocio legal? ¿Quiénes son los legisladores que a escondidas han aceptado venderle México a los mercaderes de seres humanos?

Exhortamos a los diputados y diputadas a mantenerse firmes en su valiente decisión de frenar la iniciativa del Senado para modificar la ley general en materia de trata de personas. Nadie más que los mexicanos pueden decidir sobre las leyes que han de traer justicia para nuestra nación. Las opiniones de otros países deben ser eso, opiniones respetuosas, nunca imposiciones o amenazas. Diputados y diputadas, no permitan que le pongan precio a la vida y a la dignidad de los mexicanos. Los hijos y las hijas de México no nacieron para ser esclavos.

Todos podemos denunciar trata de personas de manera anónima al *5533 o en unidoshacemosladiferencia.com.

*Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata AC.

Twitter: @rosiorozco