Articulista Invitada

San Quintín: del abuso a la delincuencia

Si la explotación no fuera trata, que Dios tenga misericordia de los que están en condiciones similares y aunque las autoridades no le estén dando el tratamiento adecuado, no descansaremos hasta acabar con esta forma de esclavitud.

La diferencia entre un patrón abusivo y un delincuente está, legalmente, en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y de facto… en San Quintín, donde la calidad de víctimas de los jornaleros, en ausencia de una definición, oscila entre la trata de personas y el abuso laboral. En cualquier caso, están en condiciones muy injustas.

La buena noticia es que nuestro secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que ha comenzado a inspeccionar estos campos agrícolas, sí conoce la ley de trata, ya que fue presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.

Tanto la explotación laboral con carácter de infracción, como la explotación laboral convertida en delito, tienen elementos en común:

1. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias.

2. Manifiesta desproporción entre trabajo y retribución.

3. Salario por debajo de lo legalmente establecido.

¿Qué distingue entonces a una de otra? Que en el delito, cualquiera de estas tres perlas de ilegalidad, o las tres, tienen que derivar en explotación EN CONDICIONES ANÁLOGAS A LA ESCLAVITUD, porque de eso se trata la trata: formas de explotación extrema.

Esto significa que la explotación, como trata, es la imposición abusiva de actividades, condiciones y/o situaciones de vida y de trabajo a una persona cuando se encuentra en estado de vulnerabilidad, o para situarla en estado de vulnerabilidad, y que le impiden disponer libremente de su persona y sus bienes o el producto de su trabajo.

Todo ello, bajo coacción, es decir, amenazas, violencia física o emocional, acoso, abuso de poder, etc., porque sin este “acicate” ningún ser humano se aviene de buena gana a ser sometido a situaciones lesivas para sus derechos humanos.

Analicemos: los jornaleros agrícolas de San Quintín se encuentran en evidentes condiciones de vulnerabilidad, debido a su precaria situación económico-social, que los deja sin opciones; aprovechando eso, el patrón les impone largas y duras jornadas de trabajo, de manera que la única libertad personal que se pueden tomar es la de dormir.

Todo ello por 150 pesos diarios, que al mes quedan lejos de aquellos tan comentados 6 mil pesos con los cuales uno de nuestros ex secretarios de Hacienda, consideró que “podía vivir dignamente una familia mexicana”. Nadie le creyó, por supuesto, pero aun con ese parámetro, los jornaleros agrícolas de San Quintín están a miles de pesos mensuales de la dignidad, en lo que a la calidad de vida se refiere.

No pueden, por tanto, tener bienes de los cuales el patrón pueda disponer, o siquiera interesarse en ellos; pero qué tal el producto de su trabajo, que sí se apropia el explotador, y que en este caso está representado, económicamente, por la diferencia entre lo que les paga y lo que les debiera pagar, para que el salario fuera proporcional al trabajo que realizan, a lo que se suman prestaciones, seguro social, etcétera.

Aunemos a esto el peligro que corre su salud por los agroquímicos, el hecho de que sus hijos deben trabajar también en los campos agrícolas, tomando en cuenta que el trabajo infantil es ilegal, y punto; las amenazas y vejaciones por parte del patrón y, sobre todo, su falta de opciones.

Y si todo esto no fuera suficiente para considerar que el problema de San Quintín no es laboral, sino penal, visitemos sus asentamientos para ver las condiciones de marginación en que pasan su existencia, que son el resultado último de la explotación, y ahora… levante la mano el que crea que no viven ni trabajan en condiciones análogas a la esclavitud. Hasta podríamos atrevernos a quitar el “análogas”.

En San Quintín, el “tratante-patrón” se siente ofendido por las protestas de sus víctimas y se niega a dejar de cometer el delito. El gobierno del estado, en lugar de meterlo a la cárcel, le está ayudando para que, de delincuente, pase a simple infractor de la ley laboral, porque no me digan que 200 pesos diarios deja de ser explotación en el caso de estos trabajadores. Probablemente ni siquiera deje de ser delito.

Y si vamos a tomar como medida de la dignidad el salario mínimo (lo que ni siquiera el de los comentados 6 mil pesos se atrevió a hacer), o como mojón entre la infracción y el delito, estaremos basando la economía de México en la trata de personas, en cuyo caso sabremos, a ciencia cierta, que todas las promesas políticas son falsas, y que la dinámica consiste en la apropiación del producto del trabajo de unos por otros, en condiciones que harían enrojecer de vergüenza, hasta perder el sentido, al artículo 1° constitucional.

Así pues, no hay por qué extrañarse cuando, por casos como el de los jornaleros de San Quintín, vamos a dar con todos los huesos al “Coliseo” de la comunidad internacional, donde los leones de los instrumentos internacionales que hemos firmado, es decir, nuestros propios leones, nos harán pedazos.

No hemos acabado de tragar, mucho menos de digerir, las reformas de 2011 en materia de derechos humanos y trata de personas. Es válido, pero hay que confesarlo. No podemos seguir simulando que sí entendemos la dimensión del cambio requerido, e irlo “implementando” con la gran seguridad que da la ignorancia.

Esto último lo digo por aquellos que consideran que la explotación laboral, en condiciones análogas a la esclavitud, no es materia de la ley vigente sobre trata de personas. Si les hace ruido el término “explotación laboral”, puede modificarse. Lo que no puede hacerse es borrar de un plumazo, como delito, el enorme abuso de que son objeto los jornaleros agrícolas de San Quintín, y muchos otros mexicanos que se encuentran en condiciones similares, aislados de sus pares, y que por tanto carecen de la fuerza y la voz colectivas, necesarias para protestar.

Aquellos mismos, los desdeñosos de la explotación laboral extrema como trata, consideran que ningún tipo de explotación extrema es trata de personas, soslayando todos los preceptos legales y las sentencias de la Suprema Corte que así lo estipulan.

La trata de personas es un fenómeno compuesto por múltiples delitos, generalmente secuenciales, que van desde conseguir una víctima hasta explotarla. Pero es la explotación la que le da sentido penal a las conductas de captar, trasladar, alojar, entregar, etc., de manera que fraccionando el complejo delictivo, al separar la finalidad, de la ruta para alcanzarla, solo se beneficia al explotador, que queda al margen de todas las reglas establecidas para los delitos en materia de trata de personas y, lo que es aún más grave, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Si la explotación no fuera trata, saldrían de la cárcel quienes están presos por trata en su modalidad de explotación sexual (que son casi todos los sentenciados por delitos de trata), y adquirirían la modesta calidad de lenones.

Si la explotación no fuera trata, ni siquiera podríamos tener noticia de los delitos de tráfico, es decir, captar, trasladar, alojar, ocultar, entregar, etc., porque en prácticamente todos los casos —en la realidad, no en la teoría— se conocen cuando se atrapa al explotador.

Si la explotación no fuera trata, que Dios tenga misericordia de todos los mexicanos que están en condiciones similares a los jornaleros de San Quintín, porque aunque las autoridades no le estén dando el tratamiento adecuado al caso, hay quienes sí podemos ubicarlo donde le corresponde y no descansaremos hasta acabar con esta forma de esclavitud.


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