Articulista Invitado

La revolución neoliberal y Cananea

El méxico de principios del siglo XXI, el de la revolución neoliberal, es distinto al del siglo XX y, sin embargo, comparten los mismos problemas.

La aprobación en paquete de las 11 leyes estructurales, 58 modificaciones constitucionales, 81 cambios a  leyes secundarias, la creación de 21 ordenamientos jurídicos, la abrogación de quince leyes, la constitución de tres nuevas instituciones y el fortalecimiento de trece instituciones ya vigentes, aprobadas por el Congreso de la Unión, en sólo 20 meses, rúbrica, sin duda alguna, el triunfo de la revolución neoliberal que se iniciara con las 66 reformas de Miguel de la Madrid, 55 de Salinas, 77 de Zedillo, 31 de Fox y 110 de Calderón. Casi 400 reformas que obligan a promover una nueva Constitución de la República como lo subscribiera  en su momento mi maestro Daniel Cosío Villegas.  

El éxito de la negociación de las 11 leyes estructurales, coordinada magistralmente por dos de los más destacados legisladores representantes del viejo sistema político, subscribe el fin de los regímenes de la Revolución Mexicana, de la Constitución de 1917, de los gobiernos del nacionalismo revolucionario, el fin de la soberanía y la independencia económica, simbolizada con la expropiación petrolera, de 1938,  y del Estado protector y benefactor de obreros y campesinos. 

Determina, también, el fin del sistema de partidos dominados por uno, hegemónico, promovido desde el gobierno. Marca el fin del PRI como patrocinador  de la intervención del Estado y la justicia social. Y marca  el inicio de otro, con las mismas siglas, promotor  de la revolución neoliberal y del bien común. Un nuevo PRI dirigido por tecnócratas apoyados por políticos de nuevo cuño que se dieron el lujo de encausar, tanto la modernización de la Revolución, como sentar las bases y dirigir los cambios hacia el régimen neoliberal. Un partido creador de instituciones para obreros y campesinos, transformado en tutor de instituciones protectoras de las élites empresarial y financiera: Del Seguro Social al Fobaproa. Un PRI que desdibujó las fronteras del nacionalismo al hacer  suyos los cambios globalizadores cobijados por R. Reagan y M. Thatcher, mismos que llegaron a México encubiertos en el llamado Consenso de Washington.

Después del Pacto por México, sin duda una idea extraordinaria del presente gobierno, el PAN también ha pagado su cuota de sacrificio. Por no decir su pérdida de rumbo, su  extinción o su subordinación al PRI. Está muy lejos de los principios de sus fundadores Gómez Morín y de González Luna. Su historia refleja el paso de un partido decente, ubicado en humanismo político, afín a la doctrina social de la iglesia,  integrado por una diversidad de grupos contradictorios que incluyen a  tradicionalistas, antigobiernistas, bárbaros del norte, neo panistas, yunkistas y grupos como Muro, DHIAC, Ancifem, FUA, AU y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Perdió su oportunidad histórica con dos presidentes que demostraron  su ignorancia, su  inmadurez política y la falta de una idea de gobierno. Dominado por  el pragmatismo, terminó en manos de una cleptocracia integrada por  administradores improvisados que se incorporaron a la función pública para medrar. Divididos perdieron el poder. Pasaron a ser la tercera fuerza política hasta ser rescatados en el Pacto Por México. Ahora lo dirige una caricatura del pariente lejano que iniciara la Revolución Mexicana. Sin liderazgo, inclinados por los moches, sin rumbo y sin destino viven del chantaje y la amenaza de su asociación, coalición   o separación del PRI.

El PRD sucumbió ante los cantos de las sirenas del poder. Sacrificó   principios, se redujo a una oposición leal defensora del nacionalismo revolucionario. Había nacido de la Corriente Democrática del PRI guiado por líderes indiscutibles como  Cárdenas y Muñoz Ledo, quienes, cuestionaron y se opusieron a la imposición del candidato  neoliberal del presidente. Su marginación y posterior expulsión del PRI les permitió aglutinar a las fuerzas progresistas de izquierda y de centro izquierda. Aunque no triunfaron en las elecciones generales resultaron victoriosos en  las del  Distrito Federal que aún gobiernan. Sin embargo, las innumerables tribus representantes de  todos los colores políticos se han convertido en una burocracia política muy pesada con  intereses inmediatos. Juntos hacen difícil su gobernabilidad interna. Sus principales líderes los han abandonado. López Obrador, que les diera presencia nacional, encabeza Morena. El Pacto por México les dio vida temporal. Jugaron a las reformas estructurales con éxito.  Arrepentidos se mueven sin rumbo aparente, añoran los tiempos del nacionalismo revolucionario celosos de otras corrientes y de Morena.              

El México de principios del siglo XXI, el de la revolución neoliberal, es distinto al del siglo XX y, sin embargo, comparten los mismos problemas.  El nuevo régimen destaca el tránsito exitoso hacia  una democracia electoral después  de treinta años de gobierno neoliberal,  la apertura de México al mundo con el TLC y  la creación de empresas productivas. Sin embargo, estas reformas, enmarcadas  en un capitalismo salvaje,  un Crony Capitalism, condujeron  a graves desigualdades sociales. La privatización transformó en privados los monopolios del Estado y encumbró a una docena de empresarios a la lista de los hombres más ricos del mundo.

El limitado crecimiento económico  no sólo se explica por la baja productividad, como lo aseguran los voceros del gobierno. Tiene muchas facetas. Mientras la productividad esté indexada a los  salarios como dogma difícilmente aumentará el poder adquisitivo de los trabajadores y la creación de un necesario mercado interno. Y difícilmente terminará la grave desigualdad de la sociedad mexicana. En casi 70 años de vigencia del viejo sistema, con todos sus errores y aciertos, registró entre 1933 y 1980 un crecimiento promedio de 5% anual. Mientras que en los últimos treinta años, de 1982 a 2014,  el  nuevo sistema neoliberal, con sus mejores expertos, aún no se supera, en 30 años, el 2% de crecimiento anual.

El Presidente no es ajeno a esas circunstancias. De hecho los destaca en su artículo “Reforma en Acción”: Disminución de la productividad, aumento de los niveles de pobreza y desigualdad, insuficiente calidad de la  educación, opacidad en la aplicación de la justicia, y una democracia sin resultados substantivos. A esto se podrían agregar otros retos serios: La falta de credibilidad de la clase política, el aumento de la corrupción y la impunidad a niveles insospechados, y la desconfianza generalizada de los ciudadanos. 

La privatización de  más de mil  empresas y el TLC concentraron la riqueza en pocos favoritos de la administración en turno. Aumentaron la pobreza. Lejos de bajar, elevaron los precios de los servicios de los energéticos, la luz y el gas. El salario mínimo de 67 pesos diarios, o de tres o cuatro salarios, como presumen pagar los empresarios, está lejos de garantizar los mínimos de bienestar. Los bajos salarios y la disminución del poder adquisitivo explican los 60 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza alimentaria y cerca de 20 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema.  El número de desempleados supera a 5% y 8 millones de jóvenes, identificados como ninis, carecen de educación y trabajo. Casi 14 millones de personas viven en la informalidad.  El desempleo juvenil ha crecido a casi 45%, según datos de la OIT.  El salario mínimo disminuyó en un 80% en los últimos 20 años.  El analfabetismo supera al 10% de la población, 40 millones no terminaron la enseñanza básica, cerca de 2 millones de niños, entre 6 y 14 años, no asisten a la escuela; casi 6 millones de jóvenes, entre 13 y 17 años, se consideraban fuera del sistema educativo, 300 mil no logran ingresar a las universidades públicas y sólo 17 de 100 ingresan al nivel superior.

Esto explica el incremento de la delincuencia, el empleo informal y la emigración de medio millón de mexicanos de todas las edades a Estados Unidos cada año. La delincuencia aumentó en 200%, de acuerdo con E. Buscaglia, de la Universidad de Virginia. Estudios de la UNAM por su parte, afirman que, entre 1997 y 2010, los delitos federales pasaron de 200 a 350 diarios. La habilitación de cerca de 100 mil soldados para combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad pública no ha tenido los resultados esperados.  Fracasaron la Cruzada Nacional para combatir el crimen de Zedillo, la cruzada religiosa contra el narcotráfico y crimen, abanderado por  Fox, como también fracasaría la declaración de guerra contra el narcotráfico de Calderón, quien carga sobre su conciencia los 80 mil muertos de su gobierno.

La semana pasada, a partir del inicio del actual gobierno, la deuda del sector público creció a un ritmo de mil 622 millones de pesos diarios. Esto equivale a seis billones 229 mil 177 millones de pesos, 36% de la economía nacional: 55 mil pesos por cada mexicano. El desempleo ascendió a casi 5.5%, cinco mil niños entre 6 y 17 años abandonan las aulas cada año, uno cada 30 segundos, de acuerdo con el INEE. De acuerdo con la SHCP la deuda interna llegó a 4.4 billones de pesos. Es evidente que la política salarial no ha sido la causa de los problemas que vive México, como señalan los voceros del gobierno. Como tampoco consiste en atar el salario mínimo, de 67 pesos por día, a la productividad como explicación de los problemas de México.  

Sin embargo, todo indica que el régimen de la revolución neoliberal  llegó para quedarse. Esto no es el fin de la historia. Es la realidad. Hay señales de inconformidad en la sociedad que aseguran su desacuerdo con el contenido de algunas de las 11 leyes, especialmente la energética y la  de telecomunicaciones. El debate no ha terminado. La aprobación de las leyes en el Congreso, representante de la mayoría de los ciudadanos, no es creíble. Los partidos despliegan estrategias en consultas populares con claros objetivos políticos y tácticas divergentes.

La sociedad está obligada a respetar la Constitución y a superar  los retos  señalados en las leyes estructurales, sus normas y sus reglamentos. Tiene la fuerza para exigir su cumplimiento. El Estado y su gobierno, por su parte, están obligados a disciplinar los poderes fácticos, proclives a violar las disposiciones constitucionales. Se asegura que nadie está por encima de la ley. Los abusos históricos del Grupo México, dirigidos por uno de los beneficiaros de la privatización, y los daños causados al pueblo de Sonora por descuido, y negligencia de la empresa y el desempleo de los mineros de la región, podrían ser un ejemplo del nuevo estilo de ejercer la necesaria rectoría del Estado. De no ser así, Cananea revivirá las consecuencias de la insensibilidad social que se iniciara en los albores de la Revolución Mexicana.

*Historiador y analista político.

romeoricardo@gmail.com