La Semana de Román Revueltas Retes

Una segunda opinión sobre los jueces mexicanos

TODAS LAS GENERALIZACIONES implican un grado de arbitrariedad y uno mismo ignora deliberadamente los casos excepcionales cuando emite cualquier opinión. Pero, el parecer de mis amigos juristas no establecía que el buen quehacer de los jueces fuera una rareza, sino que muchos son los que ejercen sus funciones debidamente

Por un muy casual encadenamiento de circunstancias, dos amigos abogados me invitaron a cenar luego de que se publicara en este diario la destemplada diatriba que escribí contra los jueces mexicanos. El encuentro me resultó revelador y provechoso, más allá del placer de departir gratamente en la velada. Porque, señoras y señores, ninguno de los dos comparte mi punto de vista de que los magistrados de este país se desempeñan pobremente y con escasa probidad. Al contrario, me hicieron ver que la gran mayoría cumple cabalmente con sus encomiendas. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los ciudadanos de a pie, así de poco enterados que estemos de las cosas, tenemos la impresión de que "liberan tranquilamente a redomados delincuentes, conceden amparos con pasmosa facilidad, dictan sentencias exorbitantes a los pobres diablos que cometen un delito menor (y, al mismo tiempo, son asombrosamente clementes con los más temibles criminales), exhiben una descarnada indiferencia ante las pruebas de inocencia que pudieran absolver a un inculpado, retrasan la concesión de resarcimientos —o la aplicación de castigos— atiborrando los procesos de trámites fastidiosos y se desempeñan con una espeluznante indolencia, por no hablar de la frialdad con la que responden al sufrimiento de las verdaderas víctimas", tal y como consigné en la mentada columna? Estas apreciaciones sobre el trabajo de los magistrados, ¿son demasiado apresuradasy resultan de que no conocemos las leyes al dedillo? ¿Nuestra percepción es injusta, por más colectiva que pueda ser?

Naturalmente, todas las generalizaciones implican un grado de arbitrariedad y uno mismo ignora deliberadamente los casos excepcionales cuando emite cualquier opinión. Pero, el parecer de mis amigos juristas —uno de ellos dedicado al derecho penal y el otro a temas fiscales— no establecía que el buen quehacer de los jueces fuera una rareza sino que muchos son los que ejercen sus funciones debidamente. Luego entonces, se ha abierto una brecha enorme entre el desempeño real de los magistrados y la manera en que su trabajo es percibido por una población que, por si fuera poco, desconfía profundamente del aparato de justicia de este país.

Pero, veamos: el hecho de que no sea demasiado justo calificar pobremente a un gremio entero no amenora en lo absoluto la realidad de que las condiciones de la justicia mexicana son punto menos que terroríficas. Los jueces son parte activa de una siniestra cadena que comienza con policías ineptos y venales, sigue con agentes del ministerio público tan corrompidos como indolentes —o, en el mejor de los casos, bien intencionados pero agobiados por una descomunal carga de trabajo— y termina en el espeluznante infierno de nuestras prisiones, ese universo de abusos, extorsiones, maltratos, atropellos, violaciones, ultrajes, arbitrariedades y violencias cuya inadmisible existencia nunca debemos dejar de denunciar porque nos coloca, como país, en la infamante categoría de las naciones bárbaras y atrasadas. Jamás podremos pretender a una mínima condición de modernidad mientras se sigan perpetrando tan descomunales sevicias en las cárceles mexicanas.

Sin embargo, el problema de las penitenciarías no es más que la expresión más visible del cáncer que corroe al aparato entero de la justicia, un mal endémico que se interpone tenazmente en el camino de México hacia la igualdad social, el bienestar y la verdadera prosperidad. La falta de certezas jurídicas —para los bienes y las personas— es el mayor reto que afronta el Estado mexicano, aunque no parezca figurar ahora en la lista de las prioridades gubernamentales.

Todo esto nos lleva directamente a las preguntas formuladas en el primer párrafode este artículo y, a manera de respuesta (derivada de las observaciones de los antedichos abogados), a una nueva premisa: en la gran mayoría de los casos en que un proceso termina en la indebida absolución de los culpables, la falla no estaría en los jueces sino en los defectos de forma debidosa la descompuesta actuación de los fiscales. Dicho en otras palabras, los individuos y los órganos que representan el interés del Estado, y que se encargan de promover la acción de la justicia ante los tribunales, no desempeñan adecuadamente sus tareas. Así las cosas, cuando el juez debe calificar los delitos en un juicio criminal y determinar las culpabilidades, no cuenta con los suficientes elementos para proceder porque, las más de las veces, las averiguaciones y el sumario se han llevado de manera deficiente. Y aquí debo reproducir la estupenda declaración de uno de mis amigos jurisconsultos: "Un juez no es un justiciero, es meramente un individuo que aplica escrupulosamente la ley". Este principio de legalidad, como lo vemos todos los días, tiene muy negativas consecuencias cuando los fiscales del Estado no hacen bien su trabajo: la dejadez imperante en el ámbito de los ministerios públicos y las procuradurías se traduce en escalofriantes índices de impunidad y de delitos no castigados.

De una u otra manera, los ciudadanos somos quienes padecemos en primer lugar las descomunales insuficiencias de nuestro aparato de justicia. Y, aunque la asignación de responsabilidades y el señalamiento de culpables pueda todavía estar a discusión, me he sentido obligado a trasmitir esta apreciación diferente sobre el trabajo de los jueces mexicanos.


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