La Semana de Román Revueltas Retes

¿Este país es una bomba de tiempo?

HOY, AUNQUE LA lucha armada no parece ya una opción demasiado viable, los populistas de izquierda no dejan de lanzar la advertencia de que si el “sistema” no cambia y deja de atender en exclusiva los intereses de “los ricos y los poderosos”, el pueblo bueno puede despertar de su sumiso aletargamiento y protagonizar una guerra civil

El espantajo del "estallido social" es tan recurrentemente esgrimido por los agoreros de la izquierda que uno se preguntaría si no están hablando, más bien, de un oscuro deseo. Naturalmente, las izquierdas han sido fundamentalmente revolucionarias: las revueltas de Rusia y Cuba fueron, en su momento, el máximo símbolo de emancipación de las clases populares aunque —llegado el momento de explicar por qué era necesario también aniquilar a la oposición política, encarcelar a los disidentes o matarlos, acabar con la libertad de expresión e instaurar regímenes sustentados en el terror— los promotores de la violencia popular no dieran explicaciones demasiado convincentes. Hoy, a pesar de que la lucha armada no parece ya una opción demasiado viable —sobre todo porque lleva a una espeluznante destrucción de bienes y patrimonios, tanto públicos como privados, que impacta catastróficamente a toda la nación—, los populistas de izquierda no dejan de lanzar la advertencia de que si el "sistema" no cambia y deja de atender en exclusiva los intereses de "los ricos y los poderosos", el pueblo bueno puede despertar de su sumiso aletargamiento y protagonizar una guerra civil. Pero, entonces, ¿cuál sería la respuesta que se pudiera dar a tan inquietante amenaza? ¿Qué acciones hay que emprender, en el apartado de las políticas públicas, para desactivar para siempre la opción de un levantamiento popular? Pues, se trataría de llevar el Estado social a su más desmedida y descomunal expresión, es decir, de repartir bienes y asistencias entre las clases desfavorecidas, de estatizar empresas para que sus ganancias se distribuyan al pueblo y de crear una estructura que castigue a los individuos que medran explotando inmisericordemente a sus semejantes. Ya lo han hecho los chavistas en Venezuela y la experiencia terminó siendo una de las más asombrosas dilapidaciones de recursos de la historia económica: en los últimos 15 años, el país ha recibido más de 450 mil millones de dólares por la venta de petróleo y en estos momentos no hay ni harina para hacer pan en las ciudades de la nación suramericana. ¿Qué pasó con tan colosales sumas de dinero? Muy simple, la riqueza se malgastó en regalos a otros países, subsidios, dádivas, armamento, burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco Cuba es un ejemplo de bienestar económico por más que la propaganda oficial cacaree logros en salud y educación: se vive mejor en Costa Rica, en Uruguay y, desde luego, en Canadá, por no hablar de que miles y miles cubanos se escapan de la isla para tratar de afincarse en... los Estados Unidos de América.

Estando las cosas así de claras, resulta todavía más sorprendente que sea creíble el discurso que los demagogos de izquierda lanzan a las masas, prometiendo beneficios inmediatos como si las ayudas se pudieran ofrecer con la más grande facilidad, por el simple hecho de decidirlo. Se trata, sin embargo, de una estrategia calculada que saca provecho del resentimiento social y que busca promover el asistencialismo en detrimento del esfuerzo y espíritu emprendedor de los individuos. Es una cultura de dependencias y merecimientos, antes que de responsabilidades personales. En el polo opuesto, los populistas de derecha propugnan el desmantelamiento puro y simple de las políticas sociales como si no existiera en nuestras sociedades una desigualdad básica que el Estado, en su papel regulador, estaría obligado a subsanar. Entre un extremo y otro, un país como México afronta igualmente un dilema primigenio, por así decirlo: debe cerrar la brecha entre dos realidades opuestas, la de una nación moderna y desarrollada que, en los hechos, ofrece una imagen de total normalidad y la de esa otra gran entidad donde millones de ciudadanos malviven una existencia de desesperanzadora precariedad, de inseguridad y de injusticia. Y, en este sentido, el futuro sí que resulta inquietante, más allá de los interesados augurios que nos puedan llegar a los oídos: la descomposición social es una verdadera amenaza para la viabilidad misma de nuestra nación y la simple existencia de millones de jóvenes que no trabajan ni estudian se perfila como un peligro en el horizonte. Y no estamos hablando aquí de una "revolución" sino de un país devastado por el desorden, la violencia, la criminalidad y la falta de civismo.

Pero, entonces y en estas circunstancias, ¿se puede validar el discurso del gradualismo, de los cambios escalonados, de la mesura económica y la estabilidad, en oposición a los mensajes radicales que prometen soluciones inmediatas? Ese es uno de los retos, por lo pronto. El otro sería más simple, desde un punto de vista meramente conceptual, pero de muy complicada implementación en términos prácticos: disminuir drásticamente la corrupción. Vistas las cosas, el panorama sigue pareciendo muy negro...


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