La Semana de Román Revueltas Retes

Un juez paraliza al Ifetel

Los señores legisladores, además de esbozar jubilosamente los perfiles de la idílica Arcadia nacional, se ocupan de asuntos no menos perentorios como el ajuste del entramado legal para adecuarlo a la modernización del país impulsada por el Ejecutivo.

Reclamo terminantemente mi condición de ciudadano de a pie, estimados lectores. O sea, que no le entiendo un carajo al tema de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Las leyes, en mi limitada visión de las cosas, son para aplicarse —o sea, para respetarse— y sanseacabó. Pero, en este país las cosas no son tan lineales. Para empezar, doña Constitución es meramente un muy encomiable catálogo de buenas intenciones, o sea, una extensísima lista de derechos tan magnánimamente otorgados como imposibles de satisfacer vistas las limitaciones de un aparato público ineficiente y corrompido. Aun así, sabiendo que en México millones de ciudadanos no tienen siquiera asegurados los mínimos para vivir dignamente, los prohombres de nuestro Congreso bicameral promulgan leyes cada vez más generosas: muy pronto, tendremos garantizadas las prerrogativas constitucionales al desayuno caliente, a la Internet de alta velocidad, al clima temperado y al aire puro en las ciudades, entre otras posibles asistencias que estará obligado a dispensarnos papá Estado.

Sin embargo, los señores legisladores, además de esbozar jubilosamente los perfiles de la idílica Arcadia nacional, se ocupan también de asuntos no menos perentorios como el ajuste del entramado legal para adecuarlo a la modernización del país impulsada por el Ejecutivo. No es tarea menor porque las antiguas disposiciones están profundamente enraizadas en la cultura conservadora de nuestro sistema político, por más nocivas que puedan ser para el simple desempeño de la economía y por más que estorben el crecimiento del país. Para muestra, este botón: en un reportaje de la revista Expansión sobre los operadores independientes que en un futuro se podrán beneficiar de la reforma energética, Alonso Ancira, presidente de la siderúrgica Altos Hornos de México soltó: “Cada vez que barrenamos y cruzamos los mantos de carbón encontramos gas shale [gas de esquisto]. No puedo tocar el gas y quemo 200 millones de dólares de gas al año. ¡Hágame el favor!”. ¿Por qué no puede una corporación extractora de hierro y carbón recuperar ese gas —y explotarlo y venderlo— en lugar de tener que desperdiciarlo estúpidamente? Porque se lo prohíben las leyes mexicanas, señoras y señores. Unas reglamentaciones que, al pretender salvaguardar la soberanía energética de la nación y preservar el predominio del Estado en el sector, obligan a una empresa a quemar hidrocarburos en la atmósfera y a deteriorar el medio ambiente. El gas, si no es de Pemex, no es de nadie. Si eres otra empresa y te lo encuentras cuando estás extrayendo carbón, lo tienes que tirar. Punto.

Así de imbéciles y de nefastas como puedan parecer las reglamentaciones, así de urgente era, por lo tanto, reformar las leyes. Y, ya se ha hecho, para gran malestar y enojo de esos sectores de nuestra sociedad, los defensores del estatismo a ultranza, que no terminan de entender que el modelo no ha funcionado aunque los resultados mediocres estén a la vista y las llamaradas de gas desaprovechado iluminen la noche mexicana.

Ahora bien, todas y cada una de las reformas decretadas por el Congreso implican la posterior elaboración de leyes secundarias y ahí es donde el asunto se atora calamitosamente. Volviendo al tema de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, el embrollo jurídico es tal —y el ente supervisor del Estado, el famoso Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), tan asombrosamente inoperante— que, hoy día, la empresa Dish, que vende señales de televisión por satélite, ha sido demandada por Televisa y TV Azteca, las dos grandes corporaciones del sector, porque trasmite los programas de televisión abierta que producen dichas compañías.

Dish se ampara en las disposiciones legales, derivadas de la reforma a la ley, que obligan a los sistemas de televisión de paga a incluir la señal de la televisión abierta en su programación (la famosa “mustcarry”) y, a los concesionarios de la tele abierta, a poner sus canales a disposición de sus competidores de manera gratuita (la mentada “must-offer”). Todo parecería estar ahí muy claro. Pero no. TV Azteca, que consiente alegremente que su señal sea trasmitida través de SKY y Cablevisión, no quiere que Dish ofrezca televisión abierta. Aduce que es “operador preponderante” por haber celebrado oscuros maridajes con Telmex. La posible “preponderancia” de TV Azteca, en este sentido, no parece estar a discusión. El miércoles pasado, el Ifetel hubiera debido zanjar la cuestión. No lo hizo, porque un juez local de Ciudad de México había cuestionado… ¡sus facultades como ente regulador!

¿Quién aplica entonces las leyes, en este país?

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