La Semana de Román Revueltas Retes

La descomunal inoperancia de nuestra justicia

Tenemos una cultura de desprecio a las leyes y los reglamentos, pero el mero hecho de que no exista una estructura sólida para contener los excesos y las infracciones de los individuos multiplica peligrosamente las conductas antisociales.

El escalofriante problema de la inseguridad no se podrá resolver mientras no se haya emprendido una integral y exhaustiva transformación de nuestro aparato judicial. En México, la justicia no es ni eficaz ni expedita ni confiable lo cual, si lo piensas, también resulta un asunto aterrador. Y no es nada casual, justamente, que la pavorosa inseguridad jurídica que enfrentamos resulte, a su vez, en la realidad de una violencia criminal que se ha acrecentado no sólo porque el anterior presidente de la República hubiera, como opinan algunas personas, agitado el avispero al intentar desmantelar la estructura de las grandes organizaciones del narcotráfico sino porque los niveles de impunidad —ya sea para sancionar a un funcionario corrupto o para castigar a un ladronzuelo— son absolutamente escandalosos. De hecho, es sorprendente —a pesar de que el robo se haya convertido ya en una suerte de pasatiempo nacional— que los mexicanos no perpetren más quebrantamientos a la ley si, después de todo, están enterados de que no habrán de pagar ningún precio por la comisión de un delito.

Tenemos una cultura de desprecio a las leyes y los reglamentos, es cierto, pero, más allá del estrepitoso fracaso de nuestro proyecto educativo, de la decreciente credibilidad de las instituciones y de la incapacidad que ha tenido la sociedad mexicana para trasmitir los valores morales, el mero hecho de que no exista una estructura sólida para contener los excesos y las infracciones de los individuos multiplica peligrosamente las conductas antisociales. Como todo mundo sabe, esto es asunto de educación y civismo pero, también, de la cantidad de jueces que puedan atender los procesos, de la calidad de los fiscales, de la formación de la policía científica, de la intervención oportuna de las autoridades para resolver los casos criminales y hasta del número de celdas de prisión con que contemos en este país. Y la realidad es que, en todos y cada uno de estos rubros la situación es poco menos que desastrosa: hay una cantidad insuficiente de magistrados, los agentes del Ministerio Público están desbordados de trabajo, casi todos los policías carecen de entrenamiento adecuado, las prisiones están sobrepobladas y, por si fuera poco, muchos funcionarios se abstienen pura y simplemente de intervenir para preservar algo tan absolutamente esencial para la convivencia civilizada como es el orden público.

En lo que se refiere a este último punto, acabamos de ver, esta semana, a turbas de estudiantes normalistas causando destrozos en la capital de Michoacán —a punto estuvieron de derribar el portón del Palacio de Gobierno— sin que la fuerza pública interviniera. Pareciera no preocuparles, a las autoridades, el perjuicio causado al resto de los ciudadanos. Por lo visto, la vociferante indignación de unos es más importante que el callado descontento de los otros.

Tenemos así, en el escenario, a un nuevo tipo de delincuente, a ese joven revoltoso que, pretextando que no debe someterse a un examen nacional de evaluación o exigiendo que le sea otorgada en automático una plaza laboral, comete actos vandálicos en las calles, o saquea un comercio, o se apodera del peaje de una autopista para embolsarse él las cuotas. Y es muy curioso, por decirlo de alguna manera, el cálculo que parecen hacer los responsables políticos: en su propósito confeso de preservar la “paz social”, de conceder el derecho a la “libre manifestación” de las ideas, de no ejercer la “represión” y de “estar abiertos al diálogo”, están fomentando justo lo contrario: el caos, el desorden, la falta de garantías, el pisoteo de los derechos de los otros ciudadanos y, al final, la instauración de una situación de incertidumbre jurídica que, en un futuro que está por llegar, tendrá consecuencias costosísimas para sus comunidades.

Nos encontramos, luego entonces, bajo varios fuegos cruzados: por un lado están esas mafias criminales que, dificultándoseles su negocio tradicional, se dedican ahora al secuestro y la extorsión; tenemos también a los delincuentes de siempre, a esos rateros y raptores que, sin pertenecer a una gran organización, roban y matan por su cuenta; han aparecido, además, los agitadores que, enarbolando la bandera de una “causa social”, destrozan y saquean; y, desde luego, no podrían faltar los criminales de “cuello blanco”, una categoría en la que entrarían los funcionarios corruptos y sus socios en el mundo empresarial. Dedicada, toda esta gente, a violar insolentemente la ley, por no hablar del daño terrible que infligen a miles de mexicanos, mientras que el aparato de justicia —por incapacidad, por omisión o por “voluntad política”— exhibe su descomunal inoperancia. ¿Quién arregla esto?

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