La Semana de Román Revueltas Retes

Ya no creemos en las instituciones

El abominable suceso de Iguala viene a alimentar de la manera más desafortunada ese espíritu colectivo de desconfianza y desencanto. Y sí, en efecto, ¿cómo es posible que ocurra algo así en un país que promueve un discurso de modernidad?

Se me ocurrió soltar, en una charla, la declaración de que México había cambiado (y mucho). Pues, de inmediato me fue advertido que no, que las cosas siguen igual — o peor— que antes y hube de sobrellevar encima una retahíla de constataciones sobre lo mal que vamos, lo mal que seguimos y lo mal que siempre hemos estado.

No había sido por autocomplacencia que me aventuré a emitir parecido juicio sino que me habían venido meramente a la cabeza recuerdos de aquellos tiempos en que no había alternancia, que las elecciones no las organizaba y supervisaba un ente autónomo sino la mismísima secretaría de Gobernación, que a un personaje como David Alfaro Siqueiros lo podías enjaular en una cárcel por díscolo (imagine ustedes, para darse una idea de cómo era aquello, que Francisco Toledo estuviera hoy encarcelado) y que, llegado el caso, las supremas autoridades organizaban siniestros montajes para acobardar a cualquier posible opositor (hablando, justamente, de un suceso como el que acaeció en Tlatelolco donde la participación del Estado parece estar lo suficientemente clara para denunciar, ahí sí, su naturaleza autoritaria y represora).

Nada de esto —por no hablar del advenimiento de una clase media que forma parte, por lo menos, de la mitad de la población— sirvió para mitigar la apreciación catastrofista de las cosas y para diferenciar hechos que, en mi opinión, son plenamente diferenciables: no creo que la matanza de perpetrada en la plaza de las Tres Culturas tenga nada que ver con la masacre de Iguala pero, lo repito, el tremendismo no advierte matices en la realidad porque, en esencia, está impulsado por una visión tan maniquea como deliberadamente descalificadora.

El asunto no se reduce a una conversación de café o a la airada respuesta ocasional que pueda recibir la apreciación bienintencionada de que en este país ha habido cambios positivos: el tema es mucho más grave en tanto que refleja la creciente desconfianza de los ciudadanos en un “sistema” que, en los hechos, no parece estar dando resultados y que exhibe sus miserias cotidianamente en la espiral de violencia y muerte que estamos viviendo. La desaparición de una cuarentena de seres humanos, en este sentido, no sería más que una simple comprobación —una más— del hundimiento de la nación. Y así, somos ya totalmente incapaces de reconocer cualquier bondad institucional lo cual, dicho de otra manera, significa que rechazamos de tajo una historia reciente en la cual, en México, se han hecho grandísimos esfuerzos para consolidar el entramado legal y para ofrecer mayores garantías a la población. Lo repito: en mis tiempos las elecciones las montaba a su antojo el propio aparato del Gobierno de turno y los resultados debían corresponder a los intereses de sus valedores. Hoy, ¿no podemos siquiera brindar algo de confianza a esos conciudadanos nuestros que, cada que toca, son elegido aleatoriamente para representarnos en las casillas electorales? ¿Preferimos entonces que sean los pretorianos del señor Bartlett quienes determinen los resultados?

El abominable suceso de Iguala viene a alimentar de la manera más desafortunada ese espíritu colectivo de desconfianza y desencanto. Y sí, en efecto, ¿cómo es posible que ocurra algo así en un país que, por otro lado, promueve un discurso de modernidad y que aspira a consolidar su interlocución con los inversores de las naciones más civilizadas? Porque resulta que la tragedia no es solamente la manifestación directa de la podredumbre de nuestro aparato de justicia — y, desde luego, de una situación de extrema debilidad institucional en muchas zonas del territorio nacional, debida a la complicidad de las autoridades locales con las organizaciones criminales— sino que se derivaría, en la interesada apreciación de los detractores más desleales, de un propósito, de una política oficial represiva en la que el régimen actual, luego entonces, no se diferenciaría de aquellos que perpetraron matanzas de manera deliberada.

La pérdida de confianza en las instituciones no es solamente una muy indeseable consecuencia del creciente imperio de la barbarie: significa también que habremos dejado de lado la esperanza y, paradójicamente, que consagraremos la ilegalidad. Ah, pero no parece tampoco haber alguien capaz de limpiar de verdad la casa...

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