La Semana de Román Revueltas Retes

El catastrófico desgobierno de Colima

MÁS ALLÁ DE que resulte consolador constatar que el mandatario de uno de los estados de la Unión Americana pueda ser también un incompetente, el que el desempeño de un individuo particular, elegido libre y voluntariamente por los votantes, termine perjudicando a esos mismos ciudadanos que lo pusieron en el cargo viene siendo asombroso

En los hechos, ha sido un terrible gobernador". Esta lapidaria apreciación no la profirió alguno de los críticos de nuestra clase gobernante sino el mismísimo Paul Krugman, ganador del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, instaurado en 1968 y conocido popularmente como el Premio Nobel de Economía. Y se refería, en un artículo, publicado en el New York Times sobre el inexplicable influjo en el electorado que logran los políticos farsantes (del Partido Republicano) en los Estados Unidos, a la persona de Chris Christie, gobernador de New Jersey y uno de los 17 aspirantes, hasta nuevo aviso, que buscan el nombramiento para ser el candidato presidencial del Grand Old Party.

Más allá de que resulte perversamente consolador constatar que el mandatario de uno de los estados de la Unión Americana —regida desde siempre por una ejemplar democracia (y sí, señoras y señores, nunca ha tenido lugar, en la historia de nuestro vecino país, un golpe de Estado)— pueda ser también un incompetente, el hecho de que el desempeño de un individuo particular, elegido libre y voluntariamente por los votantes, termine perjudicando a esos mismos ciudadanos que lo pusieron en el cargo viene siendo, si lo piensas, totalmente asombroso. Hasta cierto punto, es explicable la existencia de personajes como Nicolás Maduro o de esos populistas suramericanos que tan hábilmente han sacado provechode la debilidad institucional de sus sistemas políticos. Mucho más inentendible, por el contrario, es que el fenómeno pueda ocurriren países, justamente, donde las regulaciones propias a la democracia liberal debieran impedir que los torpes, los incapaces o los deshonestos lleguen al poder.

Pues bien, en estos pagos nos adaptamos de manera constante a la realidad de los incumplimientos y las inobservancias, por no hablar de las ilegalidades e injusticias perpetradas por tantos y tantos de nuestros politicastros. Y, por lo visto, no ha sonado todavía la hora en que los mexicanos, hartos ya de que la plaga de la corrupción se siga propagando al abrigo de la impunidad, salgamos a las calles para exigir, ahora sí, que nos rindan cuentas, que los culpables sean castigados y que, confrontados a unas severísimas penas de prisión, los tramposos se la piensen dos veces antes de intentar siquiera montar una trama de prevaricaciones.

O sea, que México sigue padeciendo resignadamente a aquellos gobernantes que, como auténticos reyezuelos provinciales, lucran en las entidades federativas sin dar resultados ni provechos a sus sufridos súbditos aunque nuestro país, en este sentido, es profundamente disparejo y esto también hay que decirlo. En Aguascalientes, puedo atestiguarlo de primera mano, vivimos en una suerte de oasis: la economía del estado creció 12 puntos porcentuales en 2014, el índice de homicidios dolosos es el más bajo de toda la República y se disfruta de una ejemplar paz social; Querétaro, Nuevo León y Jalisco encabezan la lista de los estados donde habrá mayor inversión privada en los próximos años; Yucatán es, a nivel nacional, la entidad más segura; Guanajuato y el Distrito Federal no han perdido empleos a lo largo de diez trimestres consecutivos. En fin, cifras positivas, en algún rubro o el otro.

Pero, imaginen ustedes un estado donde la deuda pública se ha triplicado y en el cual los salarios de muchos empleados se han dejado de pagar; un lugar donde, en las últimas semanas, más de mil burócratas han sido despedidos y al cual la agencia calificadora Fitch ha rebajado las calificaciones crediticias luego del incumplimiento de sus obligaciones con los bancos; un estado que era un modelo de gobernanza en los tiempos de Fernando Moreno Peña (al salir, la deuda de la entidad era de 300 millones) pero cuyos pasivos, luego de la catastrófica administración del señor Mario Anguiano (a punto de terminar, por fortuna) alcanzarían —según algunas estimaciones, porque no están claras las cifras oficiales— los 5 mil millones de pesos; una comarca cuya capital, antiguo paradigma de la calidad de vida en todo México, se encuentra hoy azotada por la delincuencia (para mayores señas, el anterior gobernador fue pura y simplemente asesinado luego de terminar su mandato); un territorio donde las autoridades sanitarias ocultan la magnitud de una epidemia de Chikungunya (enfermedad que afecta duramente las articulaciones de las personas ) que ya está presente en casi todos los hogares; unaentidad, finalmente, donde parece haber ocurrido un escandaloso desvío de recursos federales.

Estoy hablando de Colima, señoras y señores, y lo hago porque, en este inmenso país, a nadie parece importarle la suerte de un estado pequeño, habitado por poco más de 700 mil habitantes. Ciudadanos que, aparte del mal gobierno, no se merecen, como una injusticia adicional, el olvido.


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