La Semana de Román Revueltas Retes

¡Prioridad nacional no. 1: los secuestros!

No hay delito más vil que el secuestro. Y, miren ustedes, los malnacidos que se llevan a una persona y que comienzan a extorsionar descarnadamente a los familiares –explotando sin el menor asomo de humanidad su angustia— no sólo formulan exigencias totalmente incumplibles sino que ni siquiera respetan los acuerdos pactados. Hay gente que paga el rescate y el secuestrado no vuelve; pasa el tiempo y un buen día aparece muerto, asesinado cobardemente por sus apresadores.

Este delito debiera recibir, sin mayores miramientos, las más severas penas de prisión. Pero, a ver, ¿qué hacemos en un país donde siempre te queda, como un residuo venenoso, una perturbadora duda sobre la verdadera culpabilidad de los acusados y donde el círculo cercano a los delincuentes –sus padres, sus cónyuges o sus propios hijos— exhibe, en automático, una incondicional solidaridad con el infractor y se persona en los juzgados para expresar su más absoluto rechazo a que se les aplique la ley?

¿Cómo castigamos –de rehabilitar ni hablamos, por favor, porque esos sujetos están fuera de toda posible reeducación y, encima, no la merecen en lo absoluto, vista la infamia de sus crímenes— si no podemos confiar en nuestros jueces, si no hay una verdadera policía científica en la mayor parte del territorio nacional, si las consabidas “averiguaciones previas” se llevan a cabo sin rigor, si muchas de las pruebas incriminatorias se reducen a una mera confesión del presunto culpable, si muchos miembros de los cuerpos policiacos trabajan codo a codo con los secuestradores, si los procesos no se apegan a los protocolos debidos, etcétera, etcétera, etcétera?

El INEGI acaba de llevar a cabo un estudio que desvela cifras de secuestro verdaderamente aterradoras. La metodología aplicada se ajustó a las realidades de la justicia mexicana y, entre otras cosas, tomó en cuenta que una gran mayoría de los delitos no son denunciados. ¿Quién nos libra de este pavoroso infierno?