¿Cuántos años llevamos de estudios, debates y propuestas sobre una posible reforma energética? Muchos. Y, entonces, ¿por qué pareciera que el Congreso está haciendo las cosas al vapor, de último momento y a contrarreloj? Entrevistado en la radio por Pedro Ferriz de Con, el diputado Luis Cházaro —un hombre que parece muy sensato y que, yo pienso, es parte de ese sector del PRD con el que se puede dialogar razonablemente— decía que no ha habido verdaderas discusiones ni consultas en la Comisión de Energía de la Cámara Baja. Su idea es reformar Pemex desde dentro, acabar con la corrupción reinante y liberar a la empresa de las garras de un Gobierno que la expolia y la utiliza para llenar, sin mayores agobios, las arcas del Estado. Luego, una vez saneada, sería asunto de ver si realmente necesita la aportación de capitales privados, nacionales o extranjeros, para emprender nuevas inversiones, diversificarse y elevar su producción.
No le falta razón al secretario de la antedicha Comisión pero su propuesta exhibe, de manera tan flagrante como desalentadora, las contradicciones a las que se enfrenta cualquier propósito de cambiar las cosas de raíz. Sin embargo, otros perredistas, en lo que se refiere a la recién aprobada reforma fiscal, denuncian que se ha implementado, justamente, para subsanar la previsible disminución en las aportaciones de Pemex al erario en caso de que se “privatice”. Y lo señalan airadamente, enfatizando que el carácter estratégico de la corporación resulta de eso, de su condición de proveedor cautivo de fondos públicos y que este papel, por más que implique una crónica descapitalización y un menoscabo a sus finanzas, sería casi su mismísima razón de ser. Pero ello mismo es la empresa de “todos los mexicanos”, porque aporta cuatro pesos de cada diez que se gasta nuestra Administración.
Bueno, pues entonces ¿en qué quedamos? ¿Debe ser Pemex el sempiterno proveedor de recursos para el Gobierno o una compañía realmente productiva? Ahí está el problema.
