Interludio

Para tener seguridad hay que arreglar la justicia


La “guerra” contra el crimen organizado tenía ciertos tintes épicos. No era cualquier cosa, vamos, sino una auténtica cruzada, una empresa digna de ser acometida, aparte de promulgada y proclamada universalmente, por el jefe del Estado mexicano. Y así, Felipe Calderón se lanzó a la lucha y encabezó las acciones, si no directamente en un campo de batalla donde murieron miles de compatriotas, desde su despacho de la casa presidencial. Ahí dio las ordenes, ideó estrategias, nombró responsables, estimó resultados y pudo comprobar, suponemos, que el tema es mucho más complicado de lo que parece, más allá de que él mismo avisara de que la batalla iba a tomar mucho, mucho tiempo.

Pues, justamente, en ésas seguimos aunque la cuestión se haya querido soslayar porque este Gobierno no iba de justiciero —en sus comienzos— sino de promotor de la modernidad. Y, habiendo heredado, muy a su pesar, esta fastidiosa encomienda, resulta entonces que Peña Nieto y los suyos se encuentran de pronto enmarañados en el peor de los mundos: la violencia y la barbarie se acrecientan, se siguen perpetrando los delitos más abominables y no hay manera de que la cuestión desaparezca de la agenda —y, sobre todo, de que no sea retomada por una prensa internacional que está pintando una imagen verdaderamente siniestra del México— para centrar las percepciones globales en logros como las reformas y los cambios; basta con que las autoridades de un municipio cualquiera perpetren la matazón del día para que todo el discurso se derrumbe.

El problema es que la limpieza de la casa no había que comenzarla en campo abierto —con valerosos comandos de la Armada interviniendo en carreteras y fuerzas especiales llevando a cabo espectaculares operativos— sino en la mucho menos gloriosa oscuridad de los juzgados, los tribunales, las audiencias y los Ministerios Públicos. El tema, antes que la seguridad, era la justicia. Y, por ahí es donde sigue estando hoy la cosa. Pues eso.