Pemex pierde unas sumas de dinero que serían totalmente inimaginables en cualquier empresa medianamente eficiente. Es cierto que las grandes corporaciones estatales tienen fines diferentes a los de aquellas compañías dedicadas por completo a generar beneficios: ahí está, para mayores señas, el caso de la empresa nacional de los ferrocarriles, en Japón, que en los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial fungió como una gran empleadora para los miles y miles de combatientes desmovilizados. Al pasar el tiempo, sin embargo, el déficit de la corporación se volvió tan astronómico (superior a la deuda externa de naciones enteras) como inmanejable y el Gobierno nipón intervino para sanear sus finanzas. Aquí, la empresa paraestatal de todos los mexicanos no solamente reparte alegremente puestos de trabajo innecesarios sino que le llena las arcas al Estado mexicano; se ha repetido, hasta la saciedad, que cuatro de cada diez pesos que recibe el erario los pone Pemex.
Justamente, no termino de entender cómo es que un posible socio privado, al celebrar contratos en los que sus ganancias estén mínimamente aseguradas, se va a acomodar a la realidad de un Gobierno confiscatorio. Y tampoco logro ver cómo podrán obtenerse beneficios si el pasivo laboral de la empresa es astronómico, si el sindicato se lleva una suculenta tajada de las ganancias, si muchos contratistas tienen pactos lesivos para la paraestatal y si, en general, la poca transparencia en la celebración de acuerdos favorece a ciertos grupos de poder.
Pero, al mismo tiempo, no entiendo tampoco la postura de quienes, frente a la contundente prueba de las cifras (el Gobierno mexicano malgasta unos 200 mil millones de pesos en subsidios al sector de los combustibles y la electricidad), se oponen a la reforma energética, por más indescifrable y oscura que pueda parecer a los no iniciados. En todo caso, quien avisa de un robo debería de reconocer que éste ya se perpetró.
