Interludio

El orden público también es parte de la ecuación

Luego de comprobar de manera directísima la realidad de la furia popular, las autoridades, acobardadas ahora más que nunca (y hay que decir que ya habían alcanzado considerables alturas en el tema de la permisividad), se desentienden flagrantemente de su obligación de mantener el orden público. Vemos así que los agitadores, pretextando que ayudan a los padres de los 43 estudiantes asesinados en Guerrero por una banda criminal, detienen camiones y les hurtan las mercancías, se apoderan de los peajes en las carreteras y cobran ellos las cuotas, saquean comercios o incendian oficinas públicas. Y todo esto, ante la complaciente mirada de los cuerpos policíacos, digo, si es que llegan a estar allí. Ni el dinero ni los productos llegan nunca a los supuestos beneficiarios sino que se quedan en las manos de los atracadores. Es prácticamente un negocio, pues. Un robo en despoblado disfrazado de lucha social. Un delito, para llamar las cosas por su nombre.

La cuestión nos resulta verdaderamente inquietante a algunos de nosotros aunque nos queda muy claro que no preocupa demasiado a la gente que gobierna este país. Hace ya buen tiempo que se promueve –por pura comodidad, supongo, y también porque no vivimos en un autentico Estado de derecho— la perversa confusión entre la represión abusiva y el simple ejercicio de la autoridad. Y, además, el interesado victimismo de los provocadores hace que cualquier intervención de las fuerzas de seguridad sea denunciada como el acto, arbitrario y opresor, de un "sistema autoritario". Como si México no hubiera cambiado y viviéramos todavía en los tiempos del antiguo régimen. Como si no tuviéramos, justamente, esa muy dudosa libertad de saquear, incendiar y destrozar sin afrontar castigo alguno. Lo peor, sin embargo, es que cuando por fin responden las autoridades entonces parece que arrestan sin ton ni son a personas que no tienen nada que ver con los desmanes. Tal es el desmadre que estamos viviendo en México...