Interludio

No todos tenemos los mismos derechos

Una de las preguntas que me vienen recurrentemente a la cabeza —y que, justamente por ello, formulo también de manera muy machacona en estas líneas— es qué tanto importan los derechos de algunos mexicanos en oposición a las prerrogativas de otros. Me queda muy claro, en este sentido, que muchos ciudadanos no son tomados en cuenta: los niños, por ejemplo. Es de escándalo el tema. Pero, miren ustedes, los infantes de Oaxaca y de Michoacán se pueden quedar sin escuela y no solamente no pasa nada (a sus desalmados profesores, ése es el adjetivo que merecen, no se les descontará la paga y se ausentarán el tiempo que les venga en gana), sino que a los propios damnificados les impide el Gobierno tomar las medidas para resolver su situación. Es de no creerse. Ahí tienen, para mayores señas, a los padres de los chavales de Oaxaca que han buscado, por sus medios, que los pequeños reciban clases y a los que, en estos momentos, la secretaría estatal de Educación amenaza, así como lo oyen, para que vuelvan a poner a sus hijos en las garras de la infame Sección 22. Si no lo hacen, no serán reconocidos sus estudios. Punto. Y, mientras tanto, a los maestros de la Sección 59 que sí han estado impartiendo clases… ¡les han cortados sus salarios! Esto, en el Suroeste.

En la capital de todos los mexicanos, al Gobierno municipal le importa un pepino que los comerciantes establecidos estén a punto de cerrar sus negocios y que sus trabajadores pierdan sus empleos. O sea, que los derechos de meseros, cocineros, recepcionistas y restauranteros son también menos importantes que los de esos intrusos acampados en la plaza de la República. ¿Por qué las autoridades de una ciudad no amparan a sus pobladores y privilegian las prerrogativas de gente venida de fuera? ¿Por qué permiten cerrar calles, afear plazas (restauradas trabajosamente con el dinero de los contribuyentes) y perjudicar gravemente a terceros? Y luego nos asombramos de que tantos lugares de este país se estén hundiendo.