Interludio

¿Van a tener que soltar a Jesús Reyna?

Que los detengan a todos, para empezar: a los sospechosos, a los presuntos implicados, a los posibles encubridores y a los “señalados”. Así acabaremos con la impunidad, un fenómeno que, en este país, alcanza las magnitudes de una plaga bíblica. Pero ¿qué pasa luego? Pues, que doña Justicia —es decir, el aparato del Estado encargado de dar forma a los expedientes, de armar los sumarios de las averiguaciones previas, de agrupar los “elementos probatorios” (perdón por los terminajos, amables lectores, pero no resistí la tentación de solazarme en la jerga jurídica) y de fincar las correspondientes responsabilidades para, finalmente, “obsequiar” una orden de aprehensión tan irrebatiblemente configurada que debiera trasmutarse, previa celebración de un juicio justo y expedito, en una dura sentencia de prisión—, doña Justicia, repito, no es capaz, en estos pagos, de dar debido seguimiento procesal a las acusaciones que pesan sobre los “indiciados” (sigo, perversamente, con los barbarismos) y, por lo tanto, todos aquellos infractores que en algún momento llegan a ser detenidos por las fuerzas policiales —lo cual, en sí mismo, es ya un hecho desaforadamente milagroso— y que, en ocasiones, son sometidos al muy dudoso procedimiento del “arraigo” (domiciliario o nebulosamente carcelario, según toque) terminan por salir libres, tan panchos y tan campantes, y se van a sus casas a vivir alegremente la vida de los justos.

Sabemos de centenares de muy probables transgresores —parientes de politicastros, funcionarios de diverso pelaje, policías, empresarios y jueces— que, a pesar de denuncias y señalamientos, andan por ahí, a su aire. Pero, desafortunadamente, tampoco es mejor la cosa cuando los atrapan. Miren ustedes, para mayores señas, lo del tal Reyna, el de Michoacán, uno de los “arraigados”: todavía no le encuentran las pruebas para llevarlo formalmente ante un juez. ¿No lo van a tener que soltar, o sí?