Interludio

Jubilosa tolerancia a los delitos menores


No es lo mismo matar a sangre fría a una persona que llevarse un six-pack de una de esas “tiendas de conveniencia” que atiborran hoy día el paisaje de nuestras ciudades (y eso que, en los Estados Unidos, hay individuos que, al reincidir en una infracción tan presuntamente nimia, reciben condenas de cárcel brutalmente severas). Pregúntenle, sin embargo, al patrón de cualquier changarro si le place o le complace que le birlen sus artículos, esa mercancía que los proveedores a lo mejor se la han dejado fiada pero que fatalmente tendrá que apoquinar con el dinero de su bolsillo. Vayan también con el dueño de una línea de buses para que les cuente cómo se siente cuando le incendian y le dejan totalmente inservible un vehículo que a lo mejor no lo ha terminado de pagar y cuyo costo millonario, por si fuera poco, las compañías aseguradoras no se lo habrán de indemnizar porque tienen por ahí alguna disposición, escrita en la letra pequeña del contrato, que las exime de la retribución en caso de “motines, revueltas populares y levantamientos”. Y, para concluir su pequeña encuesta, interroguen ustedes a los proveedores de servicios para comprobar la gran indignación que experimentan cuando ven que sus ventas se desploman estrepitosamente porque hay un bloqueo en una carretera, porque se armaron algaradas en el centro histórico de alguna de nuestras muy turísticas ciudades, porque una turba de revoltosos se adueñó de la acera por donde se accede a su negocio o porque unos manifestantes no encontraron mejor manera de tramitar sus demandas que cerrando un centro comercial.

Toda estas personas —los pequeños comerciantes, los transportistas, los patrones de un restaurante o los vendedores de artesanías en una plaza— ¿no tienen derechos? ¿No importan? ¿No merecen que se salvaguarden sus intereses?

Si la “protesta social” se centra en pisotear a los otros ciudadanos, entonces no le veo ninguna legitimidad. Pero, en fin, háganselo ustedes entender a nuestras “autoridades”.