La Tremenda Corte desarmó, de un plumazo, la muy interesada y muy oportunista y muy astuta estrategia de los partidos políticos de subirse a la montura de la “consulta popular” y cosechar así los jugosos dividendos de representar directamente a la plebe en asuntos que, por si fuera poco, tienen rimbombantes repercusiones en el espíritu cívico de los ciudadanos.
O sea, que ya no se le va a consultar al pueblo soberano si se puede perpetrar el delito mayor de “traición a la patria” al permitirle a aviesos inversores del exterior que aporten dinero para explotar nuestro petróleo de nosotros, ni tampoco si los diputados plurinominales deben de ser exterminados administrativamente o si el salario mínimo debe de ser menos mínimo. No, ninguno de los tres temas podrá ser sentenciado por el populacho sino que son cosa juzgada, dictaminada, pronunciada y arbitrada a perpetuidad o, por lo menos, hasta que los señores representantes de los votantes que votaron por ellos decidan meter reversa, en el primero y segundo de los casos, o, de plano, en el tema promovido por los magnánimos diputados del Partido Acción Nacional, elevar por decreto las retribuciones de los mexicanos para que se equiparen, de la noche a la mañana, con los salarios de la República Federal de Alemania.
O sea, que los señores politicastros se han quedado, de pronto, con las manos vacías y sin compromisos en la agenda populista. Ah, pero, por fortuna, ahí está el tema de la seguridad pública que —con esto de Ayotzinapa y lo de las fosas llenas de cadáveres y todo lo demás— se volvió algo tan importantísimo y perentorio que merece, faltaría más, un “pacto entre los partidos políticos”. Muy bien, pero ¿qué van a pactar? Pues, se van a poner de acuerdo sobre la necesidad de asegurar a los mexicanos una vida sin peligros ni amenazas. Es una gran noticia, señoras y señores, porque, vistas las cosas, todavía no se habían dado cuenta de que era una obligación ineludible del Estado.
