La otra violencia…

Como todos sabemos, incluido el propio gobierno en sus diferentes niveles, una de las decenas de plagas más terribles en nuestro país es la impunidad del poder político; la impunidad del poder y del dinero. La impunidad se puede definir, entonces, como el hecho delictivo o criminal que queda sin ningún castigo. El propio gobierno no se castiga a si mismo porque, entre otras cosas, no se trata de autoflagelarse sino porque no impera el deber de aplicar la justicia, la aplicación de la justicia social en todas sus manifestaciones necesarias. Recientemente se dio a conocer que México ocupa el según lugar con mayor impunidad en el mundo. Según el Índice Global de Impunidad [IGI], elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, México se ubica en el lugar 58 de 59 países, lo cual refleja la ausencia de castigo en el país por la deficiencia en su sistema de seguridad y justicia. De acuerdo con tal informe, “la corrupción, la violencia y la desigualdad, son resultado de la impunidad” [MILENIO digital, 20/04/2015].  Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, dijo que la impunidad en México representa “la ausencia de castigo, de sanción, y es lo que vuelve exponencial el problema de corrupción, de inseguridad y de crimen en el país”. De acuerdo con los hallazgos, los cinco países con los índices más altos de impunidad son: Filipinas, México, Turquía, Colombia y Federación de Rusia. El IGI se realizó con medidas precisas y con datos duros, “no con percepciones, opiniones de expertos o encuestas, y ahora sabemos en dónde estamos parados como país”. En el documento se expone que México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

Quién de los principales funcionarios de la cúpula burocrática podría negar que, en efecto, la profunda corrupción, la violencia extrema y la desigualdad social son resultado inevitable de la impunidad gestada por el propio Estado. El Estado se protege a sí mismo, solapa y protege casi todas las flagrantes transgresiones a las leyes, empezando por las constitucionales. La prepotencia gubernamental con su cuasi absoluta impunidad está íntimamente asociada al cinismo mayúsculo que le es característico. Cierto es que en algunas ocasiones el gobierno busca con algunos “chivos expiatorios” la imagen de la búsqueda de la justicia, pero no deja de ser una mera apariencia; la apariencia de un Estado de Derecho. Es ingenuo pensar que los corruptos van a combatir la corrupción: “el ladrón gritando ¡agarren al ladrón!” La Secretaría de la Función Pública es una farsa absoluta. Detrás de todo ello está la realidad de una profunda descomposición política con un régimen cleptocrático; un régimen oligárquico sustentado en la cacocracia; es decir, un sistema de gobierno en poder de los ladrones (cacós en griego). En México roba todo el mundo desde cualquiera de los tres poderes públicos y en todos sus niveles. Pero también un régimen cacocrático puede significar el poder en manos de los peores gobernantes serviles a una plutocracia, serviles a los grandes y poderosos capitalistas locales y extranjeros.

Una de las formas sociales de la violencia es la explotación del trabajo asalariado por el capital. También la violencia social se manifiesta en la violencia económica: la violencia salarial es una de sus expresiones más visibles a través de los salarios miserables, paupérrimos y precarios. Tal situación ominosa es difícil de explicar sin la corrupción y la impunidad que reproduce ampliamente el poder y el dinero.