¿Otra “verdad histórica”?

Más leña al fuego! La detención de dos dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación [CNTE] –de la sección 22 del SNTE [Oaxaca]– por la Procuraduría General de la República [PGR], tiene como acusaciones la vejación a maestros de Chiapas, actos de vandalismo, organización mafiosa, robo calificado con violencia, asalto, secuestro, saqueo, ataque a las vías públicas de comunicación, atentado a instalaciones estratégicas, lavado de dinero, homicidio en grado de tentativa, defraudación fiscal, daños al patrimonio público, daño en propiedad ajena, robo calificado con violencia y delincuencia organizada y hasta atraco a las garantías superiores de la infancia y violación de los derechos humanos, etcétera…, más las que se acumulen esta semana. La acusación pesada es la de desviación de recursos y lavado de dinero –delito de operación con recursos de procedencia ilícita– por 24 hasta 132 millones de pesos procedentes de comisiones ilegales que recibió de empresas contratistas que prestaban diversos servicios a los miembros de la agrupación sindical. Solamente falta que los acusen de enriquecimiento inexplicable –“un político pobre es un pobre político”– y por adquirir con dinero “sucio” [ilegal] una “casita blanca” en las Lomas de Chapultepec. Faltan 24 órdenes de aprehensión por consumar contra otros líderes magisteriales.

Al igual que el siniestro exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam con su verdad histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la actual procuradora Arely Gómez González junto con el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, tratan de fabricar su verdad histórica y su fundamento judicial para la aprehensión de Rubén Núñez, líder de la CNTE, y el secretario de organización, Francisco Villalobos. Por supuesto, esta acción punitiva tiene todo el aval de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública [SEP] y Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación [SG]. Desde luego, esta represión carcelaria selectiva también  tiene la aprobación de los verdaderos amos políticos: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], el Consejo Coordinador Empresarial [CCE] y la agrupación Mexicanos Primero, organizaciones detrás de la imposición de la “Reforma Educativa”. Claro que en este caso la efectividad y rapidez de la PGR es manifiesta, a diferencia de lo acontecido en la noche de Iguala.

La imposición de las políticas neoliberales –nos lo hace saber muy bien Perry Anderson con su estupendo ensayo sobre la Historia y Lecciones del Neoliberalismo–  solamente puede establecerse con mano dura, con su dosis autoritaria y represiva, requiriendo necesariamente de entrada desmantelar toda organización sindical para anular el principio de resistencia gremial organizada a tales políticas capitalistas. Entonces, las llamadas reformas estructurales se han venido imponiendo sin mucha dificultad porque el control corporativo estatal sobre el grueso de los trabajadores asalariados mexicanos es muy eficiente. El charrismo sindical priista sigue caminando tan campante como hace más de siete décadas; pero el caso de los trabajadores de la educación es relativamente distinto, pues en este gremio la historia de las luchas magisteriales democráticas ha sido muy constante y dio lugar a la creación de la CNTE en diciembre de 1979, en Chiapas. No ha sucedido lo mismo con los trabajadores electricistas, petroleros, minero-metalúrgicos, telefonistas, burócratas, etcétera, ampliamente domesticados políticamente: “¡un proletariado sin cabeza!” [Revueltas dixit]. Estas acciones represivas nunca se han realizado en contra de los verdaderamente mafiosos sindicalistas, a quienes si puede comprobarse todos los delitos imputados falsamente a los de la CNTE ¿Ha habido alguna tentativa de penalización de la PGR, por ejemplo, en contra del charro sindical petrolero, senador Carlos Romero Deschamps? Tales “líderes” sindicales sí que han venido saqueando la riqueza nacional en complicidad con la alta burocracia del poder político oligárquico. Con las acciones represivas emprendidas por la PGR escuchamos al ladrón gritando: “¡agarren al ladrón!”. La embestida de Peña Nieto y Nuño Mayer es una operación represiva en mayor escala porque pretenden imponer una política de shock que atemorice al magisterio democrático y a la población solidaria cuyo movimiento crece gradualmente en su lucha de resistencia al poder dominante y su “reforma educativa”, que a más de tres años de su aprobación aún no presenta ningún nuevo modelo de enseñanza porque carece de ella. Los de la PGR sostienen cínicamente que la detención arbitraria de la dirigencia de la CNTE “no fue una estrategia política: la PGR no tiene como función hacer política”… solamente fue resultado de una “estrategia legal”: La “verdad histórica” es neutra políticamente…

Ante la represión gubernamental en Tabasco, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca a los maestros de la CNTE y de otras agrupaciones magisteriales, los padres de familia y la población trabajadora continúan mostrando su creciente solidaridad con la lucha legítima magisterial. Esta represión se da tanto en las ciudades como la del sábado pasado en la ciudad de Oaxaca así como en las pequeñas comunidades indígenas como en Tamulte de la Sabana, Tabasco en donde el jueves pasado las policías federal y estatal, así como militares arrojaron indiscriminadamente gases lacrimógenos, balas de goma y macanazos contra la población que apoyaba a los maestros cerrando la carretera que va de Villahermosa a Campeche. Hay tres muertos por la represión gubernamental. La pradera está seca y hay brotes incendiarios para un estallido social ¡Libertad inmediata a los presos políticos del magisterio democrático! ¡Es apremiante el diálogo político! m