¡Por un gobierno obrero, indígena, campesino y popular!

El sábado pasado en el local sindical de empleados del SIAPA se realizó el Primer Encuentro Regional Norte de la Asamblea Nacional Popular [ANP] con la asistencia de 23 organizaciones de siete estados, dos padres del Comité de Familiares de los 43 desaparecidos y dos estudiantes de Ayotzinapa, quienes informaron de la determinación de la PGR y el Gobierno Federal de no permitir más tiempo [después del 30 de abril] a la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes [GIEI], el cual demostró científicamente que en el basurero de Cocula no hubo la incineración de cadáveres de tal número de desaparecidos de estudiantes. La PGR y el Gobierno Federal insisten en su "verdad histórica" para darle carpetazo al asunto, descalificando burdamente, con el apoyo de periodistas corruptazos, la labor de este grupo. El Movimiento de los Padres de Familia y estudiantes de Ayotzinapa exigen se quede en el país hasta saber la verdad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de Septiembre de 2014. Más aún, el gobierno federal propicia una guerra sucia contra la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos [CIDH], denuncia su presidente James Cavallaro, y la ONU pide detener dicha campaña ominosa contra el GIEI, "empeorando el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en el país".

Las intervenciones de las organizaciones sostienen que los graves problemas de los trabajadores y grupos populares son causados por los poderosos corporativos empresariales respaldados por los gobiernos municipales, estatales y federal. Las organizaciones sindicales, cooperativas, colectivos y organizaciones políticas están dando una lucha desigual contra un gran poder coaligado entre patrones y autoridades gubernamentales; sin embargo, la decisión de luchar por sus derechos legítimos es inquebrantable. Si bien es cierto que la ANP tiene como reivindicación central la presentación con vida de los estudiantes normalistas y el castigo a los responsables, el movimiento trasciende con la consigna de no permitir nunca más vuelva a ocurrir ninguna masacre contra ningún sector de la población; además de luchar por La Defensa del Territorio y el Agua –con las nuevas leyes sobre la tenencia de la tierra y con la soberbia y voracidad de negocios, los políticos y empresarios, intentan despojar del agua y territorios a las comunidades originarias, no importándoles destruir su memoria cultural ancestral ni mucho menos desplazarlos de sus comunidades, donde por cientos de años han vivido y cuidado los recursos naturales, así como su proceso de desarrollo cultural, hoy patrimonio de la humanidad; de esta reunión se destacan las luchas de la tribu Yaqui; de Temacapulin y el Cerro de la Reina, en Jalisco–; sostener firmemente La Lucha por los Derechos y al Trabajo Digno: con las reformas estructurales, se atenta contra los derechos inalienables a la educación pública y gratuita y al trabajo digno, a la vez que se promueve la privatización y precarización del empleo en beneficio otra vez de los empresarios y donde la complicidad de las autoridades les trae grandes beneficios económicos; se destacan las luchas de la CNTE que enfrenta la evaluación para el despido amañado; la lucha de los obreros y obreras de las maquiladoras [Lexmark], donde además del outsourcing, la mayoría de las obreras enfrentan hostigamiento laboral y acoso sexual por parte de los mandos medios; en el caso de la salud pública [IMSS], con la privatización vía subrogación de servicios y medicamentos los empresarios hacen su gran negocio; Lucha por la Economía Solidaria: el proceso de instalación de las multinacionales ofertando productos alimenticios procesados paulatinamente destruyendo la economía popular, como también las redes de comercialización populares –"las tienditas de la esquina" o los mercados sobre ruedas o tianguis populares, desplazados por los grandes centros comerciales. Diversas organizaciones están enfrentando a las autoridades gubernamentales y el hostigamiento de pistoleros para que abandones sus mercados ambulantes, donde las clases más desprotegidas surten sus despensas; Lucha por la Justicia y por la Libertad de los Presos Políticos: los tres niveles de gobierno transgreden sus propias normas, tomando como rehenes a muchos representantes de los trabajadores y de los diversos sectores en lucha, encarcelando a los luchadores sociales, como mecanismo para mediatizar la lucha y administrar los conflictos. Se cuentan por cientos los presos por motivos políticos, así como las órdenes de aprehensión y procesos jurídicos contra quienes luchan por sus derechos. La ANP rechaza tajante el dictamen para reglamentar el artículo 29 de la Constitución y permitir que, a solicitud del Presidente, el Congreso de la Unión apruebe la suspensión de garantías o un estado de excepción en el país, lo cual es volver a los tiempos criminales diazordacistas y el delito de "disolución social". La ANP reivindica el artículo 39 constitucional que establece el derecho del pueblo de alterar o modificar la forma de su gobierno, que implica la destitución inmediata de Enrique Peña Nieto.

En la reunión se vislumbró la posibilidad de alianza con otros esfuerzos democráticos nacionales, como la Constituyente Ciudadana Popular, que encabeza el Obispo Raúl Vera. Se acordó instalar un plantón en la Plaza de Armas, del 15 de abril al 1 de mayo, para exigir que el gobierno federal acepte la presencia el GIEI hasta que se esclarezca la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. También se pretende aglutinar en una sola las diferentes marchas para conmemorar el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!