Contra el feminicidio

En solidaridad con
Rossana Reguillo

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y recordamos que hace 20 años 189 gobiernos firmaron la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, para materializar los derechos de las mujeres. En su capítulo III: “Esferas de especial preocupación” se analiza la violencia contra la mujer, “uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre”; cuya forma más terrible es el aniquilamiento físico de la mujer dentro de un patriarcado del capitalismo salvaje; la violencia machista criminal, donde en México es práctica frecuente e impune. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documenta que han desaparecido en sólo nueve estados del país 9,200 mujeres y niñas. Entre junio de 2011 y junio de 2012 sólo en el Estado de México fueron 955, de las que el 60 por ciento eran menores de 17 años.

La problemática del feminicidio cada día tiene mayor visibilidad. En las últimas semanas hubo dos acontecimientos importantes al respecto. El pasado 19 de marzo en el salón del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco se presentó el libro Estudio del feminicidio en Jalisco, escrito por la Dra. María Guadalupe Ramos Ponce, académica de la Universidad de Guadalajara y destacada defensora por los derechos humanos de las mujeres. Con este libro, el problema de violencia en contra las mujeres adquiere relevancia en su análisis crítico. Ahora se cuenta con datos estadísticos y mapas que dimensionan el feminicidio por regiones y municipios de 1997 a 2007.  En su investigación, Ramos Ponce asienta que son mil 194 mujeres asesinadas en Jalisco desde 1997 a diciembre de 2014.  Afirmó la profesora en la presentación que durante este año se han dado a conocer 30 casos de mujeres asesinadas y solo existen dos sentencias dictadas por este delito desde 2012. Una de cada cuatro víctimas de feminicidio muere golpeada.

Le corresponde ahora a las autoridades necesariamente dar respuesta clara y contundente a quienes desde hace tiempo reclaman la activación de la alerta de violencia a mujeres en el Estado. De acuerdo al comunicado 059/2015 emitido el pasado 25 de marzo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Primera Sala resolvió, a propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el amparo en revisión 554/2013, referente a la muerte violenta de una mujer de 29 años y la investigación realizada en torno a la misma. En su sentencia, la Sala destacó las obligaciones de los órganos investigadores, de estudiar –con perspectiva de género femenino y sin discriminación– toda muerte violenta de una mujer para determinar si se trata o no de un feminicidio. La Sala destacó –siguiendo estándares internacionales, nacionales e incluso locales, y con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación– que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben determinar si hubo o no razones de género femenino en la causa de la muerte y poder confirmar o descartar el motivo de la misma –y, en su caso, poder determinar si se trató o no de un feminicidio–; es decir, se enfatizó que, en dichos supuestos, las autoridades investigadoras deben explorar todas las líneas de indagación posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido.

Se agregó que en los casos de muertes de mujeres se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Asimismo, la Sala determinó que se deben investigar, de oficio, las posibles connotaciones discriminatorias en un acto de violencia perpetrado contra una mujer. Ninguno de los estándares establecidos en los párrafos anteriores se respetó en el citado caso en conocimiento de la Sala, sino por el contrario, se determinó que en la investigación existieron irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones de justicia, las cuales han impedido que se conozca la verdad de los hechos. Sobre el particular, también se agregó que la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias por crimen de género femenino reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia. En virtud de lo anterior, la Primera Sala otorgó el amparo a la quejosa –madre de la mujer muerta en circunstancias violentas– para que el ministerio público complete la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial; para que lleve a cabo todas las diligencias necesarias para investigar el caso con perspectiva de género, y remover todos los obstáculos de la anterior averiguación previa. También se determinó que se deben investigar las irregularidades en la investigación del caso que se hayan cometido por los funcionarios públicos y sancionar a los responsables de las mismas: la “justicia” patriarcal debe combatirse.

Sin duda, son acontecimientos históricos los que vivimos en torno al feminicidio. Esta primera resolución jurídica progresiva en nuestro país y la publicación del Estudio de Feminicidio en Jalisco contribuyen para que en Jalisco se trabaje por una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, por un sistema de procuración y administración de justicia que elimine estereotipos de género y por un Estado democrático que vele por la investigación, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente del feminicidio.