El asesinato como arte de la política

Hace algunas semanas Enrique Peña Nieto anunció una política de promoción de los llamados pueblos mágicos; pero, México es un “pueblo mágico” grandote –dice mi querido amigo Raúl Salas– porque los ciudadanos desaparecen en instantes. Con este artificio violentísimo nos referimos a la ineptitud del Estado para salvaguardar la vida de los habitantes. Se supone que uno de los deberes gubernamentales, en un Estado de Derecho, es proteger a la población, pero en lugar de ello ha permitido y está permitiendo las condiciones para tal desaparición brutal. Un Estado de Derecho, nos repiten hasta el cansancio, es el garante de la seguridad pública, y tal régimen jurídico–político debe preservar la seguridad de la ciudadanía, pero este concepto es una entelequia porque la prevalencia de las leyes es una ficción política con la corrupción y la impunidad imperante. En México, datos oficiales indican que el número de desaparecidos hasta agosto pasado ascendía a 22,322 personas. Cinco entidades concentran 50 por ciento de desaparecidos: Tamaulipas, con 4,875 casos; Jalisco, con 2,113; Estado de México, con 1,554; Distrito Federal, con 1,450, y Coahuila, con 1,332. Las cifras se manipulan a la baja, pues otras estadísticas señalan 27 mil desaparecidos. Como sea, el hecho es que estamos hablando de una cantidad indicativa de que estamos hundidos en una profunda crisis de inseguridad social derivada de una violencia sin límites a causa de una estrecha relación entre el poder político y los poderosos cárteles mafiosos: narco–violencia. El semanario The Economist  publica un artículo en el que cuestiona el número de desaparecidos en México y la forma en la que el gobierno federal ha establecido la cifra: “¿De dónde salen?, ¿qué método se utilizó para calcularlas?; se cree que los desaparecidos han sido secuestrados por la delincuencia organizada, por la policía, o por una combinación de los dos”.

El asesinato considerado como una de las bellas artes –del periodista, crítico y escritor inglés Thomas de Quincey [1785–1859]– es un libro publicado en 1827 y pone de manifiesto la creciente preocupación literaria y periodística por el crimen en una sociedad burguesa cuya historia futura será un verdadero mar de sangre emanada principalmente por la violencia del capital y su Estado. Dicen algunos, junto con Aristóteles el filósofo, que “la política es el arte de lo posible”; quizá, pero de lo que sí estamos muy seguros es de que el Estado, el poder y el dinero, es un verdadero artífice consumado en el arte del asesinato: crimen de Estado o lesa humanidad se le denomina en términos políticos al “terrorismo de Estado que consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientados a inducir el miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos...” Tlatlaya e Iguala son ejemplo de crimen de Estado, pero mientras en el primero se asesina a mansalva a criminales narcos en el segundo se asesina arteramente a jóvenes estudiantes inocentes. El Estado aparece entonces como un vulgar criminal con su violencia descarnada. Es un hecho que diversas autoridades policiacas y militares fueron alertadas o conocieron de la balacera y la agresión, pero no intervinieron en la masacre de Iguala, lo que da lugar a la idea de que tal matanza y la desaparición son parte de una estrategia de represión muy violenta perpetrada desde las altas esferas del poder político contra los jóvenes.

El 26 de octubre las cúpulas empresariales propusieron un pacto contra la corrupción e inseguridad; desde luego que ellos solamente están preocupados por su propia seguridad y la de las inversiones de capital local y extranjera; la inseguridad ya afecta el crecimiento de la economía. El 3 de noviembre, obediente a tal iniciativa, Peña Nieto propone un pacto nacional contra la violencia; un nuevo acuerdo nacional por la seguridad pública entre gobierno y partidos políticos [PRI, PAN y PRD]. Habló de una convocatoria a los representantes de los poderes, de los partidos políticos y de las organizaciones humanitarias y civiles a un diálogo para realizar “cambios de fondo” a la política de seguridad, un acuerdo que responde al caso de Ayotzinapa. Al igual que como lo hizo el entonces presidente Felipe Calderón en 2011, cuando el país registró un incremento en la violencia, Peña Nieto dijo que daba la “bienvenida” a los partidos políticos y organizaciones civiles a buscar mejores mecanismos de seguridad.

Pero hay un problema manifiesto, un absurdo total: ni el gobierno federal ni los partidos políticos tienen autoridad moral y política para tal convocatoria, pues precisamente son uno de los causantes de la terrible violencia social en complicidad con las mafias narcotraficantes. Peña Nieto mantiene la misma política ineficaz que su antecesor Felipe Calderón, y, por supuesto, no pretenden modificar de fondo el cruento modelo económico, social y político neoliberal –con sus reformas estructurales energéticas, “educativas”, laborales, hacendarias-fiscales, etcétera– que ha llevado al país a una catástrofe en el cual la corrupción y la impunidad campean absolutamente. El neoliberalismo es muy violento. El capitalismo salvaje necesita sacrificios humanos ofrendados al  Moloch del poder y del dinero. Nuestros 43 jóvenes normalistas desaparecidos no son la verdadera preocupación del poder político por encontrarlos sino la movilización de cientos de miles de mexicanos indignados y de ciudadanos del mundo. Ayer 5 de noviembre, una vez más clamamos: ¡Todos somos Ayotzinapa!