Opacidad y autoritarismo universitario

A la memoria de Ramón Gil Olivo

La movilización reciente de la comunidad de la Universidad Veracruzana [UV] y de ciudadanos –encabezada por su rectora Sara Ladrón de Guevara demandando al gobernador Javier Duarte el pago inmediato de una deuda de 2 mil 76 millones de pesos, se otorgue el 5 por ciento del presupuesto total del Gobierno de Veracruz para la Universidad, y la no modificación de la Ley de Pensiones del Estado–, es un ejemplo loable por la defensa de la educación pública superior. El priista Duarte es escándalo nacional por sus múltiples fechorías, desde la corrupción con el desvío de recursos dinerarios, impunidad, inseguridad y, lo peor, seguramente autor intelectual de crímenes, incluidos algunos periodistas. Tal movilización legítima ha contado con la solidaridad de diversas universidades como la UAM–Azcapotzalco, cuyo Consejo Académico se pronunció apoyando a la UV, de sectores estudiantiles y académicos de la UNAM, el IPN, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México [UACM] y de la UdeG a través del Colectivo de Reflexión Universitaria [CRU]. Tal movilización de resistencia representa una continuidad nacional de la lucha democrática de la comunidad del IPN y otras instituciones educativas. Hasta organismos muy oficialistas como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Educativas Superiores [ANUIES] están a favor de la UV.

Esta movilización puede darnos algunas lecciones importantes para las universidades públicas mexicanas como es el ejemplo de su comunidad y las propias autoridades por defender enérgicamente sus recursos económicos, la educación pública superior y las condiciones laborales de sus trabajadores, cosa que no sucede en muchas otras universidades a manos de verdaderos grupos amafiados cuyas camarillas corruptas continúan saqueando el patrimonio para enriquecimiento personal y familiar, como sucede desde hace décadas en la UdeG. Precisamente, el 3 de marzo el CRU realizó un Foro para analizar el grave problema de la opacidad del manejo financiero de esta institución y del autoritarismo con el que se maneja políticamente esta universidad. Los ponentes fueron los destacados periodistas Jonathan Ávila [Reporte Índigo], Juan José Doñán [revista Proceso] y Pedro Mellado [MURAL], y los académicos Juan Ignacio Mancilla y Rodolfo Morán, quienes expusieron magistralmente el problema del manejo discrecional de los cuantiosos recursos financieros, cuya opacidad es sintomática de una profunda corrupción en las altas esferas de este grupo de poder, sumiendo a la institución en una crisis académica y de gobierno por la nula legitimidad de las autoridades universitarias, derivada de una rígida estructura de poder extremadamente verticalista y una absoluta concentración de las decisiones en un anacronismo político como son las formas caciquiles totalmente ajenas a una institución educativa–cultural que se precie de estar acorde con los tiempos modernos y, por ende, a los imperativos de orden democráticos necesarios, sobre todo, dentro de una institución que debe ser modelo político de cultura participativa democrática para la sociedad entera con base a una conciencia crítica [y autocrítica], y a un espíritu humanista de las tareas sustantivas regidas por un ethos universitario, estableciendo claramente la misión universitaria para beneficio de la sociedad entera, especialmente para aquella sociedad más desposeída y precaria. Hay decenas de miles de jóvenes estudiantes rechazados por un proceso perverso de privatización relativa, acompañado del cobro de cuotas ilegales. La opacidad trata de ocultar la corrupción del tamaño de un Centro Cultural y festines oropelescos.

Nuestra institución está en vilo por todas las “irregularidades” o desvaríos megalómanos de un poder que la ha trastocado en una universidad–empresa o empresa–universidad, solapado por los gobiernos local, estatal y federal autoritarios y corruptos, en los cuales se ve nítidamente reflejada la cúpula burocrática. La complicidad, el contubernio tanto de poderes fácticos como formales políticamente, han hecho de esta institución un mal ejemplo de universidad pública a pesar de los grandilocuentes eventos y ferias internacionales contribuyendo en nada a los procesos académicos. A tono con las políticas neoliberales, la UdeG navega a la deriva bajo principios tecnoburocráticos–mercantilistas mezquinos, donde la educación carece, en general, de una perspectiva humanística. La mayoría de las universidades públicas, como la UdeG, no están siendo ejemplo de una capacidad educativa–cultural, por la ausencia de pensamiento crítico y acción consecuente, para proponerse respuestas alternativas a la profunda crisis civilizatoria mundial. El ethos real es el de la simulación académica, la opacidad financiera, el autoritarismo, la impunidad y la corrupción. Las decisiones fundamentales no están en función de las prioridades académicas, científicas y verdaderamente culturales [no lucrativas]. Los privilegios de una elite, con base a sueldos extremadamente ostentosos –donde la mayoría de los profesores de asignatura perciben una miseria, al igual que los trabajadores administrativos y de servicio– dan cuenta fiel de una desigualdad interna reflejo de un país pletórico de contradicciones y conflictos sociales.

La política “cultural” empresarial de alfombra roja se sigue desenrollando sin fin acorde a los caprichos del lucro voraz. No es con auditorías bajo cochupo como se resuelve la rendición de cuentas claras, y el creciente despilfarro es iluminado por los reflectores de la farándula del showbusiness en detrimento de las tareas sustantivas universitarias y de su necesaria infraestructura y equipamiento, y mejoras salariales. En resumen, los criterios del gasto institucional se desvían hacia obras faraónicas que pretenden erigirse en memoria de quien o quienes aparentan una imagen que no corresponde para nada a la de una elite verdaderamente preocupada por una educación universitaria pública ¡Urge la democratización!