“¡Liberen a Mireles!”

Es la demanda muy legítima en algunas ciudades del país, en Michoacán, especialmente en la región de Tierra Caliente, por su detención ilegal como líder de grupos de autodefensa. El Dr. Mireles es el preso número 5557 del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 ubicado en Hermosillo, Sonora, luego de que el juez federal Armando Wong le dictó auto de formal prisión 137/2014, junto a sus tres escoltas Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas, por los presuntos delitos de “portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de mariguana y cocaína”.

El Dr. Mireles es un preso político –más de 350– como muchos luchadores sociales en este país. Un preso político del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Uno más en la larguísima lista desde hace muchas décadas encarcelados por el Estado mexicano. Hace muchos años lo hubieran enviado a las Islas Marías –Los muros de agua (1940), novela del gran José Revueltas, quien estuvo allí varias veces desde muy joven– o, en la tristemente célebre penal de Lecumberri (el Palacio Negro), en la Ciudad de México, donde también estuvieron Revueltas y decenas de estudiantes del movimiento estudiantil del 68. Si nos vamos a finales del siglo antepasado y principios del pasado lo hubieran recluido seguramente en San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz o en Valle Nacional, en Oaxaca.  La historia de las penitenciarías de quienes estuvieron o están en ellas no por delinquir sino por sus ideas y acciones políticas es una historia que está por escribirse. Hay decenas de prisiones, por ejemplo, la también tristemente célebre cárcel de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, eufemísticamente denominado Cefereso, en la cual estuvo injustamente Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos Unidos por la Defensa de las Tierras (FPDT). La historia de la arquitectura penitenciaria moderna es la historia de la arquitectura política coercitiva, la de los espacios de represión del poder dominante sobre las clases dominadas (dangerous classes). Dicho así, el Estado es en realidad el instrumento esencial de represión burguesa sobre las clases trabajadoras, sobre la oposición democrática revolucionaria; una visión objetiva opuesta totalmente a la visión ligth (neo) weberiana de los académicos de torre de marfil. El capital es muy violento en sí mismo y el Estado es su mejor expresión del monopolio de violencia política organizada contra el proletariado, su clase antagónica.

Ignacio Del Valle fue acusado hasta de homicidio, acusación falsa que después en el proceso amañado fue retirada, para purgar una condena de ¡más de cien años! Como si realmente hubiese cometido algún crimen o varios homicidios, cuando su único “delito”, para el gobierno del Estado de México presidido por Peña Nieto y para el gobierno federal de Vicente Fox, era y es defender contra el saqueo las tierras comunales de San Salvador Atenco. Su encarcelamiento fue una clara venganza criminal de Fox contra Del Valle por oponerse a la construcción del aeropuerto alterno de la Ciudad de México. Del Valle fue un preso político más en la ominosa lista de la política represora del Estado mexicano. Igualmente es un preso político José Manuel Mireles Valverde, pues hasta el momento no se le ha podido demostrar ningún acto propiamente delictivo, sino el que perpetra el propio gobierno federal ¿Es crimen estar armado para defensa propia, la de su familia o colectiva? Por ley no está prohibido. La acusación, entre otras falsas, es la de portar armas de alto poder que solamente el ejército puede utilizar, cosa que le tienen que comprobar fehacientemente. Ironías de la injusticia, a Mireles lo recluyen en el penal de Hermosillo, pero no están presos los principales criminales de las muertes de decenas de infantes (49 niños y 76 heridos) por el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 en esa ciudad. Eso sí, tan campantes los criminales altos funcionarios del IMSS como decenas de capos, empezando por el llamado La Tuta, en el mismo Michoacán. Delincuentes de “cuello blanco” hay cientos o miles en este país donde la impunidad quienes detentan el poder y el dinero es una constante política; donde la autoprotección entre los verdaderos criminales demuestra la ausencia de un Estado de Derecho pleno.

La definición de preso político es cualquier persona a la que se encarcela o es detenida bajo arresto porque sus ideas o sus acciones prácticas son un desafío para el sistema político establecido, o amenaza contra el statu quo. Mireles es un preso político al desafiar las reglas turbias del comisionado de Peña Nieto en Michoacán, Alfredo Castillo (de siniestra trayectoria), y como opositor al contubernio entre el Estado y las mafias; Mireles acusa de dinero proporcionado por La Tuta al comisionado Castillo. Es una detención ilegal sin orden de aprehensión y sin tratarse de un caso de flagrancia o de urgencia, lo cual contraviene el artículo 16 constitucional, por un gobierno ilegítimo con un aparente proceso legal contra quienes enfrentan la ineptitud gubernamental de proporcionar seguridad a la población. El abogado Salvador Molina hace una defensa con base en un análisis del académico Jaime Cárdenas, donde argumenta la “inimputabilidad” contra los procesados debido a que pertenecían a un conocido “movimiento social” como el de autodefensas de Michoacán ¡Liberen a Mireles ya!